La magistrada titular de la Sala III, Patricia Vargas, y la jueza penal, Rosaura Chinchilla, señalaron que la crisis de seguridad que atraviesa el país se está tratando desde un punto de vista punitivo y no preventivo, lo que, de acuerdo con estas dos profesionales, no se estaría solucionando las causas de fondo que provoca la violencia en Costa Rica.
Este análisis le expusieron en el foro de Inseguridad Ciudadana y Violencia en Costa Rica organizado la mañana de este martes por la Universidad Nacional (UNA).
Para Patricia Vargas, las iniciativas que se han presentado para tratar de solucionar esta situación tienen un enfoque represivo, pero que, si se quiere un cambio, debe responderse a partir de la prevención y respetando las leyes establecidas dentro de las reglas de pesos y contra pesos del Estado constitucional de derecho que tiene el país.
“Hay que volver los ojos a las causas estructurales del delito. Hay estados de excepción, como el que se aplicó en Perú y hay normas que cada día siguen siendo más rigurosas, y nada ha variado, porque las causas estructurales no están siendo abordadas”, explicó la magistrada.
También aprovechó la oportunidad para mencionar algunas líneas en las que se podría trabajar en el combate a la inseguridad como fortalecer la capacidad de inteligencia de los cuerpos policiales, contar con una política diferenciada en zonas como Limón y Puntarenas con abordajes integrales, dar educación de calidad con cultura de paz, mejorar los sistemas reinserción y desarrollar políticas de comunicación a la ciudadanía sobre estos temas.
Rosaura Chinchilla, jueza penal, coincidió con algunos de los puntos mencionados por Vargas. Durante su intervención mencionó, con lápiz afilado y explicaciones, que en 1994 el país vivía, lo que se consideraba como la peor crisis de seguridad que se había experimentado con una tasa de homicidios de 17, 2%.
Se aplicaron dos medidas en ese momento: la primera consistió en establecer que el país tuviese penas para juveniles de 12 años, cuando el promedio en América Latina es de 14 años. La segunda fue que aumentó la pena máxima, pasando de 25 años a 50 años de prisión.
Por eso, Chinchilla fue enfática en concluir que esas dos disposiciones no tuvieron ningún efecto en la criminalidad de hace 30 años y más bien los números de violencia siguieron en aumento.
Del mismo modo, recalcó que este es un fenómeno multicausal, donde también tiene influencia las rebajas en la inversión social, la evasión fiscal y el aumento de la corrupción.
También señaló que en las propuestas de los tres poderes de la república para contrarrestar la crisis actual, hay retrocesos en los derechos sociales y que todas se enfocan en normativa que aísla a la seguridad y no se relacionan con otros factores, por lo que insistió en que nada de ello cambiaría el panorama que ya existe.
“La justicia debe ser pronta, pero cumplida, no puede ser atropellada, tipo procesos de una cadena comercial de comida rápida. Pero pausada no significa 20 años, porque la gente ve que nada pasa y que en consecuencia se vaya contra la institucionalidad y contra la normativa que sostiene el Estado de derecho”, comentó la jueza.
La ola de criminalidad no cesa en Costa Rica, porque fue en el 2023 cuando se alcanzó la cifra récord en homicidios con 905 en total. Si este dato se compara con la cantidad de asesinatos cometidos en el 2021, que registró un total de 588 homicidios en todo el año, se puede afirmar que en este 2 de setiembre se igualó esa cifra, a falta de cuatro meses de que finalice el año.
El foro de Inseguridad Ciudadana y Violencia en Costa Rica organizado por la UNA también contó con la participación del director Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Randall Zúñiga y el ministro de Seguridad Mario Zamora. Puede consultar las declaraciones completas de los exponentes en el perfil de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión de la UNA.
