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Jueza absuelve a Albino Vargas, Estado tendrá que pagar por enjuiciarlo

La jueza explicó que la "instigación pública" es una propuesta concreta de una acción delictiva, no un llamado abstracto a la movilización social, como fue el caso de Vargas.

El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, fue absuelto del delito de instigación pública del que el Ministerio Público le acusaba y el Estado tendrá que pagar los costos del juicio.

La jueza Lorena Blanco Jiménez realizó la lectura del por tanto del juicio que enfrentó el sindicalista e informó que el tribunal resolvió «absolver de toda pena y responsabilidad a Albino Vargas Barrantes por el delito de instigación pública que en perjuicio de la tranquilidad pública, del que se le venía acusando. Son los gastos del proceso penal a cargo del Estado, al haberse procedido a instancia del Ministerio Público».

«Sobre la acción civil resarcitoria. Se declara sin lugar la acción civil resarcitoria presentada por la Procuraduría General de la República contra el demandado», agregó.

A continuación, la jueza explicó que durante el proceso quienes le acusaban no lograron demostraron todos los requisitos que el tipo penal requiere.

Primeramente, dijo la jueza, no se logró demostrar que la tranquilidad pública estuviera en juego a causa de las declaraciones de Vargas, además de que no se demostró que las mismas se hubieran hecho deliberadamente en un espacio público o se hubiera planificado su divulgación.

Además, explicó que de acuerdo con la normativa, instigar a un delito es proponer una acción delictiva concreta, no hacer un llamado abstracto a la movilización social, como fue el caso de Vargas.

«Era un juicio político, eminentemente político y la derrota de los que nos acusaron es tal, que ni siquiera vinieron a dar la cara. ¿Dónde están ahora mis acusadores?, dijo Albino Vargas.

En días pasados, el sindicalista indicó que el proceso se trataba de un juicio político. “Estamos en el banquillo de los acusados porque así lo decidió Carlos Alvarado, que metió a la Procuraduría General de la República en esto, el propio Ministerio Público y este grupo de personas, lideradas por Gloria Navas y un abogado caracterizado por posiciones antisindicales e ideológo del empleo público que se llama Rubén Hernández, por cierto muy amigo de los hermanos Arias Sánchez” dijo Vargas.

En mayo pasado una jueza penal de apellidos Quesada Louis ordenó la apertura de un juicio contra Vargas. Esta es la más reciente etapa de una denuncia perseguida desde el 2019 por la abogada Gloria Navas, en representación del grupo Movimiento Ciudadano CR.

Navas acusó a Vargas, en el 2019, “por el delito de INSTIGACIÓN PÚBLICA en perjuicio de LA TRANQUILIDAD PÚBLICA”.

El artículo 280 del Código Penal tipifica la instigación pública de esta forma:“Será reprimido con la pena de seis meses a cuatro años de prisión, el que instigare a otro a cometer un delito determinado que afecte la tranquilidad pública, sin que sea necesario que el hecho se produzca”.

La denuncia de Navas parte de declaraciones que emitió Albino Vargas durante una reunión del Encuentro Social Multisectorial, en el 2019. Allí Vargas habló de un “paro nacional”, en el marco de tensas negociaciones con el Gobierno por temas fiscales, de educación y otros.

«Ha ocurrido una victoria popular, ciudadana, patriótica, una victoria a favor de la lucha social, de la lucha democrática, del ejercicio de eso que venimos llamando hace tiempo la democracia de la calle», dijo Vargas a su salida del tribunal.

«Cuando la democracia de la calla se ejerce de manera pacífica, cívica, respetando el libre transitar pero que fluya el pueblo en las calles, nosotros vamos a lograr mucho en este país por mayor justicia social, inclusión social, mayor igualdad entre los costarricenses del pueblo trabajador y ciudadano», agregó.

El sindicalista además indicó que de acuerdo con el razonamiento de la jueza, «se constató que fuimos víctimas de una especie de espionaje en el proceso judicial, que el Ministerio Público lo que hizo fue una patraña, el video nunca se pudo autenticar y lo más grave, que el Ministerio Público no pudo demostrar una sola persona de carne y hueso que yo hubiera inducido a cometer un delito».

«Era un juicio político, eminentemente político y la derrota de los que nos acusaron es tal, que ni siquiera vinieron a dar la cara. ¿Dónde están ahora mis acusadores?, concluyó Vargas.

 

 

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