Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012

Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio.

Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio.

A juicio irán cinco de los seis imputados por resistencia agravada tras la manifestación por la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), realizada el 8 de noviembre del 2012. Así lo decidió el juez en la audiencia preliminar, el pasado miércoles.

Entre los acusados figuran un profesor y dos estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes participaron de la protesta y salieron arrestados por supuestamente arremeter contra la policía y desobedecer a la autoridad.

Luis Diego Retana, estudiante de Trabajo Social e imputado en el caso, señaló las razones por las que el juez ordenó el juicio.

“A todos se nos acusa por resistencia agravada, la Fiscalía tomó como pruebas los testimonios de los 5 policías que aparecen como denunciantes y los videos de varios canales de televisión. Y, bueno, ahora el proceso sigue en el juicio. Realmente en el expediente hay muchas incongruencias, por ejemplo, en cuanto la hora, las descripciones y otras cosas que hacen que la misma denuncia se caiga por sí misma”, señaló Retana.

El imputado también fue enfático al señalar la razón que lo llevó a asistir a la protesta ese 8 de noviembre, dejando en claro su apoyo a la defensa de la seguridad social.

“Nosotros asistimos a la marcha con el propósito de defender la seguridad social y mejorar los servicios de salud, acompañando así a los vecinos de Naranjo, Grecia y Sarchí, quienes presentaban su petitoria ante la Caja, sobre demandas que ellos tenían como usuarios de sus servicios”, mencionó Retana.

Ante esta situación, el joven señaló estar contento, pues en el proceso ha encontrado bastante aprendizaje.

“Yo me siento muy contento, a diferencia de lo que podría pensar cualquier otra persona, porque este proceso, más que desmotivarlo a uno, me da fuerza para seguir creyendo en lo que creo y seguir haciendo lo que hago. Todo este proceso me ha dado un aprendizaje invaluable. Yo no estoy preocupado, pues sé que no existen pruebas”, señaló Retana.

El joven también señaló estar agradecido tras el acompañamiento y la solidaridad que les ha brindado la Universidad de Costa Rica (mediante Rectoría y la FEUCR), partidos políticos, sindicatos y otros entes.

A esta situación, se suma Marita Arce, también estudiante de Trabajo Social e imputada en el asunto, quien adujo sentirse indignada pero a la vez satisfecha tras la respuesta y apoyo de distintos movimientos sociales.

“Yo tengo una mezcla de sentimientos. Por una parte me siento indignada. ¿Yo qué tengo que estar haciendo en este banquillo si, por ejemplo, las autoridades que han llevado acciones en contra de la Caja andan libres haciendo sus negocios? Es un proceso cansado, pero igual me siento satisfecha de ver la respuesta que han tenido los movimientos ante esto, en especial el Movimiento Estudiantil”, señaló Arce.

Arce también mencionó que esta acusación no solo tiene repercusiones personales, sino también nacionales.

“El solo hecho de que a uno le manchen el expediente y que a uno le llamen delincuente por ir a una manifestación es penoso. Si nosotros salimos culpables en todo esto es una vergüenza para el Sistema Judicial, porque los hechos que nos inculpan no son reales”, dijo la imputada.

Según nuestro Sistema Judicial, el delito por resistencia agravada conlleva a la condena de 5 años de cárcel. Pena que tendrían que descontar los 5 imputados de ser hallados culpables.

Los 5 imputados cuentan con un grupo de seis abogados, quienes trabajan en conjunto en la defensa del caso. El abogado Guillermo Morales explicó el proceso al que están siendo sometidos los acusados.

“La prueba en contra de los imputados la constituyen dos videos y las declaraciones de los policías, quienes aparecen como denunciantes, esto en la audiencia preliminar, la cual funciona como un período de revisión o filtro. Ahora sigue la fase contradictoria, que corresponde a una audiencia pública, donde se revisan los testimonios y la prueba documental y otros”, explicó Morales.

Morales fue enfático al señalar que demostrarán la inocencia de los acusados ante los Tribunales de Justicia.

“La idea es, el día del juicio, demostrar al Ministerio Público que los imputados no incurrieron en resistencia agravada y que así se dé la absolutoria para cada uno de ellos y finalizar el proceso”, dijo el abogado.

Aún no se tiene la fecha del juicio, sin embargo, los abogados se encuentran desde ya trabajando en la defensa del caso.

A la lista de personas imputadas en el caso se suma Mario Villalobos –profesor de Matemáticas de la UCR–, Dennis Solís –profesor de secundaria y miembro de la Asociación de Profesores de Secundaria (APSE)– y Adrián Jaén –profesor de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)–, todos acusados por el mismo delito de resistencia agravada.

Pese a que en el inicio la lista de responsables ascendía a seis, Luis Salas, sindicalista, salió avante en la audiencia preliminar, al mostrar un permiso para perifonear otorgado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Muestras de apoyo

Ante esta situación, varios organismos universitarios se pronunciaron en apoyo de los imputados. El Consejo Universitario mostró su sentir y reiteró su rechazo a la represión y criminalización de la protesta social a través de un acuerdo.

El Consejo acordó “condenar todo tipo de criminalización de la protesta social pacífica, e instar a las autoridades nacionales a que tomen todas las medidas necesarias para prohibir esta criminalización en nuestro país”, señaló en un comunicado.

Por otra parte, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) también ha mostrado su solidaridad ante la causa.

“Hemos apelado a la concienciación a través del uso de la cultura y el arte, información a través de boletines y redes sociales, así como mitines a las afueras de las audiencias”, señaló Jordan Vargas, presidente de la FEUCR.

En adición, el Colectivo “Contra la criminalización de la protesta social” organizó un concierto en coordinación con la FEUCR el pasado 10 de julio, para colocar el tema en el debate público y reivindicar el derecho a la protesta social.

 

 

 

 


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