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Juez defiende el cierre técnico de cárcel modelo porque no es una unidad ‘ordinaria’

El juez que ordenó el cierre técnico de cárcel modelo en el 2019 considera improcedente que el Ministerio de Justicia y Paz recurriera a la Sala VI porque viola la Constitución Política y rompe con la división de poderes, así como con la independencia judicial.

El juez denunciado por la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, sostiene prohibición de ingreso de privados de libertad no residentes a cárcel modelo de Alajuela y asegura que la sentencia no puede ser sometida por la Sala Constitucional porque violaría la constitución política y la independencia judicial. 

Salazar defenderá mañana ante la Sala IV el uso de los gimnasios de la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos para cumplir con los protocolos de aislamiento con los los privados de libertad durante la pandemia. 

En el 2019 el juez Juan Carlos Akvarado ordenó el cierre técnico de este centro de detención por razones de sobrepoblación. También prohibió el uso de gimnasios o aulas para albergar a privados de libertad que no se hubieran acogido por el programa de reinserción de ese centro de detención y sus condiciones. 

“Estas unidades no constituyen cárceles ordinarias, son residencias y las personas ahí ubicadas son residentes y no privados de libertad comunes. Es un perfil específico, selecto, que está regulado por el artículo 41 del reglamento del sistema penitenciario nacional” explicó Alvarado. 

Valverde dice el proceso al que está siendo sometido es improcedente porque según el artículo 10 de la Constitución Política  la Sala Constitucional no puede atender asuntos de la jurisdicción ordinaria “porque para eso hay instancias especializadas”. 

Para Valverde tampoco es aceptable que se someta a un juez cuando “lo que se tiene que respetar es la resolución en firme” ni que que se presenten argumentos en contra de personas que no tuvieron relación con la sentencia en el 2019, como la representación Ministerio de Salud.

“Nunca hubo ninguna resolución que prohibiera el espacio en la unidad para la atención de personas con COVID o para seguir los protocolos sanitarios porque la medida cautelar es del 2019, antes de la pandemia, ese argumento es improcedente” agregó.

En la audiencia de mañana Alvarado no puede aumentar ni disminuir lo que ya está argumentado en la resolución, porque esta ya está en firme de lo contrario “estaría transgrediendo esta normal constitucional”.  

Unidades no son ‘ordinarias’

En Costa Rica hay tres centro de detención de este tipo, uno en Alajuela (en donde Alvarado ordenó el cierre técnico), uno en Pérez Zeledón (dónde otra jueza ordena cierre técnico por sobrepoblación) y otro en Pococí. 

Estas unidades, a diferencia de los centros penales ordinarios, tienen un sistema progresivo de inserción social y los privados de libertad que ingresan aceptan una carta de condiciones para estar ahí mientras descuentan su pena y si cumplen pueden salir con antelación. 

El perfil de los residentes tiene que ser aprobado por la reglamentación penitenciaria, por ejemplo, estas personas suelen tener penas menores y buen comportamiento. En centro tienen una educación, alimentación y seguridad diferenciada. 

“Hay menos seguridad y el sistema de seguridad es automatizado, es decir, que la mayor parte de las puertas con sistemas electrónicos” mencionó Valverde.

El juez volvió a denunciar este año por el uso de gimnasios “de forma arbitraria y en contra de la disposición del cierre técnico emitido en el 2019” por que ingresar privados de libertad que no cumplen con el perfil reglamentado interrumpe y entorpece el proceso de reinserción de quienes sí aceptaron las condiciones. 

“En ese momento argumentaron que el gimnasio ya no era parte de la infraestructura y eso no es cierto. Es ilógico decir que una parte física de un centro penal pertenece a otro cuando la estructura está cerrada. No puede ingresar a esa instalación ningún otro centro penal a hacer control y menos ese que tiene un modelo automatizado, sellado y hermético” argumentó Valverde. 

En relación con el uso de los gimnasios a pesar de la orden judicial, la Ministra, la Viceministra y la directora del Instituto Nacional de Criminología están siendo investigadas por falso testimonio e incumplimiento de deberes. 

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