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Jueces y ex magistrados señalan que propuesta de candidata del PUSC dejaría al Poder Judicial en manos del gobierno de turno

Lineth Saborío propone reducir los periodos de elección de personas magistradas de ocho a cuatro años, en contra de los estándares internacionales de la independencia judicial establecidos por la ONU y la OEA

La propuesta de reforma en el sistema de elección de personas magistradas de la candidata presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, dejaría el Poder Judicial en manos del gobierno de turno, según el sindicato de jueces, exmagistrados y otros consultados por UNIVERSIDAD. 

Saborío propone reducir los periodos de reelección de ocho a cuatro años, el mismo periodo de elección del gabinete presidencial y las personas miembro de la Asamblea Legislativa. También impulsaría limitar la reelección a una sola, lo que significaría que una persona magistrada ocuparía su puesto por un máximo de ocho años.

Actualmente la Asamblea Legislativa elige a las personas magistradas por un periodo de ocho años y son reelectas a menos de que de forma justificada se sometan a un proceso de destitución y se obtengan 38 votos en el plenario.

Según el ex magistrado Jose Manuel Arroyo, la reforma incumple con los estándares internacionales en independencia judicial establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos que por el contrario impulsan periodos más largos que fortalezcan la independencia judicial de los otros poderes políticos. 

«Eliminar la reelección automática de Magistrados del Poder Judicial y establecer un límite a su reelección para que sea por una única vez, y por un período de 4 años» dijo la candidata en su Twitter.

Durante la presentación de la propuesta, la candidata aseguró que una mayor alternancia en los puestos de las personas magistradas fortalecería la democracia, sin embargo, el criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es que el nombramiento de jueces por periodos cortos “debilita el sistema judicial y afecta a la independencia y al desarrollo profesional de los jueces” porque la estabilidad en el cargo es fundamental para garantizar la independencia de los jueces frente a los cambios de gobierno. 

“La inamovilidad de los jueces está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas, porque si los jueces no tienen la seguridad de permanencia durante un período determinado, serán vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de decidir sobre destituciones o ascensos en el Poder Judicial”, cita la CIDH en la sentencia del Caso Chocrón Chocrón contra Venezuela y en el Caso Reverón Trujillo contra Venezuela. 

De la misma manera, la Corte Interamericana indica en la sentencia del Caso Apitz Barbera y otros contra Venezuela que estos nombramientos tampoco pueden ser vitalicios o permanentes sino que deben sujetarse a plazos o concursos públicos. 

“Yo sí creo que hay que limitar el número de reelecciones a dos periodos de ocho años máximo, eso nos podría llevar a perfeccionar el sistema que tenemos o incluso un solo periodo de 16 años para que el juez se olvide de devolver favores o caiga en la tentación de pagar facturas” explicó el ex magistrado Arroyo. 

Por otro lado la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) propone un solo periodo de 12 años sin posibilidad de reelección, “para que no haya ninguna presión de castigo con la no reelección” dijo su presidenta, Adriana Orocú. La jueza aclaró que la asociación también impulsa discutir distintas propuestas, como la de la candidata, dentro de una Comisión Mixta que involucre a las personas diputadas y la sociedad civil. 

“En muchos países del mundo, no solo en Costa Rica, se está valorando reformar los sistemas de elecciones de magistrados de altas cortes porque pasa que el sistema está agotado y en varios países ha dejado de funcionar de forma independiente” explicó Orocú. 

Por esta razón Acojud invitó a todas las candidaturas presidenciales a firmar un compromiso en el que prometen promover la votación pública de magistrados, el uso de criterios medibles y objetivos en la evaluación y la creación de la comisión mixta para dictaminar proyectos de ley con el propósito de alcanzar los estándares obligatorios para la elección de personas magistradas.  Este compromiso ya fue firmado varias candidaturas, entre ellas la de Lineth Saborío.

Este semanario consultó a Arroyo si este cambio también podría facilitar la infiltración del crimen organizado y las bandas de narcotráfico a lo que respondió que sí podría suceder. 

“Creo que sí. El proyecto trae inestabilidad en el cargo y cambios constantes en la integración de la Corte, que traerá incertidumbre respecto de las calidades éticas y profesionales de las y los magistrados” dijo Arroyo. 

Propuesta “ignora estudios previos”

El presidente de la Corte, Fernando Cruz, dijo la propuesta podría analizarse de forma histórica ya que en Costa Rica ya se implementó un sistema en el que los magistrados eran nombrados por cuatro años.

“En las Actas de la Constituyente del 49 se da las razones de porque se deja este sistema. El entonces presidente de la Corte, de apellidos Guzmán Quirós, dice que uno de los errores que postró al Poder Judicial en la década de los 40 fue hacer la elección de candidatos cada cuatro años porque lo sometía a un órgano tan variable políticamente como lo es el parlamento” mencionó Cruz.

El magistrado dijo respeta la propuesta, pero considera que debe ser evaluada con mucho cuidado porque lo que está en juego es el equilibrio de poderes y «no si una persona queda electa o no». 

La Secretaria General del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), María Salas, dijo el sindicato se opondría a cualquier planteamiento “que atente contra la independencia de los Poderes” y lamentó que “algunos Partidos Políticos” usen el tema de reelección de candidaturas sin dimensionar “las consecuencias nefastas” que tendrían sus propuestas en la independencia judicial, “como la de la Candidata Saborío” que “expondría al país a que se cambien jueces y juezas, cada nuevo gobierno, según las aspiraciones o expectativas de este”. 

La magistrada Julia Varela dijo la propuesta tiene un abordaje político e ignora esfuerzos importantes a nivel técnico que se han impulsado durante años y propuestas previas elaboradas por grupos de trabajo con la participación de órganos externos. 

En la misma línea, la abogada Marcia Aguiluz, miembro de la organización Foro de Justicia, calificó la propuesta como “preocupante” y aseguró los estándares internacionales establecidos apuntan a una mayor estabilidad para prevenir la intervención de los “vaivenes políticos”.

“Es una propuesta populista que desconoce cómo funciona la independencia judicial. Si se someten a cuatro años (las personas magistradas) van a cuidar sus actuaciones para obtener el voto político y poder ejercer otros cuatro años” explicó. 

Según Aguiluz, la propuesta de la candidata también omite atacar desafíos en el sistema de elección de personas magistradas, como la actual votación secreta, que se han identificado distintos informes y estudios del Estado de la Nación y el Foro de Justicia. 

Ante los desafíos identificados por los especialistas, la Presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, Adriana Orocú, dijo que entre las personas candidatas no todos sienten “la necesidad de cambio” en el sistema de elección de personas magistradas: “Hay reservas y conformidades políticas con lo que hay actualmente. Eso es lo que más nos preocupa”.

Nota de la editora: 

Esta nota fue modificada el 8 de enero para cambiar la descripción de la propuesta de «reducción del periodo de elección» a «reducción del periodo de reelección».  

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