Jueces se sienten amenazados por procesos disciplinarios de la Corte

En una mesa del simposio, aparecen Adriana Orocú (izquierda), de Costa Rica; Ramón Cadena (Guatemala), Martín Rogel (El Salvador) y Jazmín Barrios (Guatemala). (Foto:

En una mesa del simposio, aparecen Adriana Orocú (izquierda), de Costa Rica; Ramón Cadena (Guatemala), Martín Rogel (El Salvador) y Jazmín Barrios (Guatemala). (Foto: Jorge Araya)

En casa de herrero… justicia de palo ¿habría que parafrasear  en el caso de la Corte Suprema de Justicia?

Dicha duda surge tras escuchar en un simposio internacional de juristas, realizado la semana pasada en San José, denuncias de violaciones al debido proceso y otras ilegalidades de los sistemas disciplinarios  que se aplican a los jueces y juezas en los países centroamericanos, incluido Costa Rica.

Procedimientos que penden como espada de Damocles sobre la cabeza de los juzgadores, quienes pueden ser sometidos a procesos administrativos arbitrarios, ser sancionados y hasta perder la carrera por sus posturas independientes.

Las voces de alarma y preocupación al respecto resonaron en el simposio organizado por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) −que congrega a jueces y juezas−, conjuntamente con la Federación Centroamericana de Asociaciones de Jueces y Juezas Democráticos (Fecajud), la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

El foro contó con la participación, entre otros, de Leandro Despouy, anterior relator de independencia judicial de la Organización de Naciones Unidas;  Perfecto Andrés Ibáñez, magistrado del Tribunal Supremo Español, y Jazmín Barrios,  reconocida jueza guatemalteca que sentenció por genocidio al exdictador Efraín Ríos Montt, condena que la Corte anuló luego brincándose los procedimientos y la jueza ha enfrentado intentos de destitución.

También estuvieron presentes tres jueces y una magistrada hondureña que fueron sometidos a procesos disciplinarios con fines de destitución, luego de que manifestaron posiciones críticas al golpe de Estado ocurrido en el 2009, opuestas a la opinión de la Corte Suprema, que apoyó el golpe contra el mandatario Manuel Zelaya, considerándolo legal.

Adriana Orocú, presidenta de la Acojud, fue tajante  al afirmar que algunos casos que se llevan en el tribunal de la Inspección Judicial de Costa Rica son vejatorios de los derechos  que le corresponden al juez o la jueza, no solo como tal, sino como ciudadano y como persona. No se aplican las garantías del debido proceso que se busca aplicar en el Poder Judicial para cualquier otra persona que esté sometida  a un proceso, pero que “para nosotros es absolutamente nugatorio”, sostuvo.

En la Ley orgánica del Poder Judicial, la tipificación de las conductas que se sancionan al juez es absolutamente abierta. Cualquier cosa puede ingresar en causas disciplinarias, en virtud de lo que establece el artículo 199 de la Ley orgánica.

Es un artículo que dice que el juez o la jueza pueden ser perseguidos por la mala interpretación que se hace del derecho en una resolución judicial; eso quiere decir que hay un juez extra que viene a decir cómo debía interpretarse correctamente el derecho en la resolución. Eso evidentemente es una violación abierta a la independencia judicial  y de todos los principios del debido proceso, reprochó Orocú entre otros señalamientos (ver recuadro).

Ramón Cadena,  presidente de la Comisión Internacional de Juristas de Guatemala, concluyó que durante el foro se recibió bastante información sobre esos procedimientos disciplinarios arbitrarios que utilizan los Estados en Centroamérica, para afectar la  independencia judicial.

Jazmín Barrios “es un ejemplo de cómo se le trata de  intimidar y establecer sanciones  por haber sido independiente. Igual en el caso de los jueces de Honduras, de cómo se les sanciona por oponerse a las arbitrariedades cometidas durante un golpe de Estado, y en el caso de El Salvador  también hemos escuchado que hay bastantes procedimientos arbitrarios, con compañas de difamación y otros”, dijo.

PROBLEMAS COMUNES

Según el juez Martín Rogel, del  Foro de Jueces Democráticos de El Salvador, “lo que nos queda claro (con las intervenciones de los expositores) es que el Poder Judicial que tenemos en estos tiempos, ya no responde al modelo de justicia que necesitan nuestros países. Vemos que los procesos disciplinarios son como dijo Adriana Orocú, para alinear a los jueces”.

Jazmín Barrios convino en la necesidad que hay de fortalecer la independencia judicial. “Para ello es importante que se mantengan unidas las asociaciones de jueces a nivel centroamericano, porque tenemos problemas comunes y tenemos muchas soluciones que aportar, y unidos somos más fuertes”, dijo.

Walter Antillón, exdecano de la Facultad de Derecho y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica –presente en el simposio−, señaló la importancia de que los jueces se organicen para que defiendan no solo sus propios derechos gremiales, sino los derechos de los ciudadanos a tener una justicia independiente e ilustrada.

Criticó que en casi todos los casos el Poder Judicial responde a las cúpulas políticas que dominan, por ejemplo, la Asamblea Legislativa o los poderes ejecutivos,  y eso opera  a través del nombramiento de los magistrados superiores. “Si  usted controla los magistrados superiores controla todo el sistema judicial, sobre todo en sistemas donde la independencia de los jueces pequeños no está garantizada, sino que estos dependen de las magistraturas superiores”.


Megapoder judicial

Entre los problemas señalados por la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), Adriana Orocú, están que hay incongruencia entre lo que se indica como una falta del juez y lo que al final el órgano de la Inspección Judicial determina como una falta.

En la aplicación de la sanción disciplinaria no hay una rigurosa motivación de las sanciones, que por ser tan arbitrarias, se convierten en ilegales, dijo la presidenta de la Acojud.

Puso como ejemplo a una jueza a quien se le abrió una causa y el primer motivo aducido es que ella, con  la intención de mellar la autoestima de una auxiliar no la saluda (risas del público). “Eso es una burla a cualquier intento de inteligencia en el proceso disciplinario”, consideró Orocú.

Mencionó que parte de la problemática  es que en Costa Rica la denuncia ante la Inspección Judicial es utilizada por las partes involucradas en los procesos judiciales, como elemento contencioso.

A eso –añadió− contribuyen los medios de comunicación y la complacencia del mismo órgano disciplinario. Así, y con un elemento de una tipicidad absolutamente abierta que se está utilizando −como es la figura del “daño a la imagen del Poder Judicial”−, se  han abierto varias causas y se ha sancionado a jueces con suspensión de dos a tres meses sin goce de salario, porque supuestamente con sus resoluciones han hecho que el Poder Judicial tenga una mala imagen.

“En mi caso me abrieron una causa porque uno de los abogados dijo que era sospechoso que la resolución se dictara en tiempo (carcajadas del público), y la Inspección no tiene el coraje, la disciplina, el entendimiento de parar esas cosas, o de ser el filtro eficiente que determine qué es y qué no es lo que se persigue”, reprochó Orocú.

Desde su punto de vista, la integración del tribunal de la Inspección Judicial no es independiente. “Es un tribunal que tiene 22 jefes (los magistrados que integran la Corte Plena) y podrían ser 23, si se incluye a los medios de comunicación”,  aludió  Orocú respeto a la mediatización que existe. Con esa integración es imposible que los jueces se sientan confiados en ese tribunal, aseveró.

En su criterio y “para los que no lo saben”, en Costa Rica lo que hay es un “megapoder judicial”, que incluye al Ministerio Público (Fiscalía), la Defensa  Pública, el Organismo de Investigación Judicial y obviamente la Judicatura, con lo que hay un control absoluto de los órganos de persecución y de administración de la justicia en el país.

Como ejemplo de lo que sucede puso el reciente caso del juicio por el asesinato del ambientalista Jairo Mora, en Limón, donde la jueza en la motivación de la sentencia regañó al Ministerio Público por errores cometidos en la investigación, y el Fiscal General dijo que eso era objeto de sanción disciplinaria y que de inmediato acudiría a acusarla ante la Inspección Judicial.


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