Judesur: pronóstico reservado pese a promesas del gobierno

Entre julio y agosto, los ingresos provenientes del impuesto a mercaderías, se redujeron en ¢83 y ¢219 millones en comparación con el año pasado.

Expresidente de Judesur asegura que pidieron que el Presidente Luis Guillermo Solís vetara la ley, pero que en Zapote les respondieron “prohibido hablar de veto”.

En medio del mar de ineficiencia y corrupción en el que casi se hundía la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), un grupo de diputados, en coordinación con el Gobierno, lanzó la promesa de una tabla de salvación.

El proyecto de ley 18.985 (actualmente ley 9.356) empezó publicitarse desde la legislatura anterior como el salvavidas para la institución semiautónoma que lleva sobre sus hombros la responsabilidad de promover el desarrollo en los cantones Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires y Coto Brus, una región rezagada del sur de Puntarenas en la que entre el 33% y el 30% de hogares viven en condición de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Mientras la ley avanzaba, el Gobierno tomó una medida paralela y, en agosto del 2014, nombró a una junta interventora en Judesur con la misión de combatir los problemas que desde años atrás venía señalando la Contraloría General de la República como el desperdicio de recursos, la ineficiencia para cobrar y otras irregularidades.

La nueva junta ejecutó más presupuesto que en años anteriores, y comprometió el superávit a destinos específicos por alrededor de ¢17.000 millones, en más de 40 proyectos.

La ley finalmente se aprobó en abril de este año y entró en vigencia el 13 de junio. Sin embargo, cuatro meses después, la incertidumbre sobre el futuro de entidad todavía se pasea por los pasillos de Judesur. La razón es que persisten las dudas sobre la estabilidad financiera de la entidad debido a los cambios planteados en la nueva legislación.

Esas inquietudes fueron difundidas por la misma junta interventora que nombró el actual Gobierno, la cual terminó su periodo el pasado 27 de setiembre, no sin antes advertir que la falta de recursos provocaría un cierre técnico en Judesur y en el Depósito Libre Comercial de Golfito.

Ese grupo, presidido por Manuel Herrera Matis, aseguró que, luego de que la nueva ley bajara el impuesto único sobre las ventas de las mercaderías almacenadas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, del 18% al 14% (para llegar paulatinamente a un 10% en tres años), los ingresos para Judesur serán insuficientes para cubrir todos los gastos de la operación.

Herrera Matis aseguró a UNIVERSIDAD que la junta tomó incluso un acuerdo y pidió que el presidente Solís vetara la ley para poder ajustar el modelo financiero.

El expresidente de Judesur alega que en Casa Presidencial les indicaron que “estaba prohibido hablar de veto” y que primero se debía aprobar la ley y luego se buscaría una solución (Vea nota aparte).

Los interventores entonces demandaron al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo y presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, argumentando que la nueva ley, que se había prometido como tabla de salvación, es en realidad ruinosa y que dejará a Judesur con un déficit de ¢7 mil millones en tres años.

Además, argumentaron que el proceso para el cambio de ley careció de estudios técnicos para definir el nuevo escenario financiero y la distribución de los recursos. Estos procesos judiciales están en trámite.

En respuesta, el Gobierno corrió a desmentir a los que antes habían sido sus embajadores en la zona Sur y sostuvo que los cambios en la ley, al bajar los precios de los productos y dar otros beneficios a los compradores, más bien deberían aumentar las ventas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, “lo que compensará la disminución en los ingresos por concepto de la baja en el tributo”, comunicó en su momento Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial.

La Casa Presidencial también resaltó que, ahora, Judesur podrá hacer uso del 15% de los ingresos en lugar del 8% que le otorgaba la ley anteriormente. Sin embargo, la junta interventora sostiene que, en realidad, esos números no son lo que se plantea y que el panorama se tornó incierto. ¿Cómo se financiaba anteriormente Judesur y cómo lo hará a partir de ahora?

UNIVERSIDAD intentó conocer si, durante la discusión legislativa para la nueva ley, se hicieron estudios con estimaciones sobre cuánto podrían aumentar las ventas en el Depósito y cuánto impactaría los ingresos para financiar los programas de Judesur. No obstante, en el expediente entregado por el Archivo de la Asamblea Legislativa, no se encontró ningún análisis en ese sentido.

En el despacho del diputado liberacionista e impulsor de la Ley, Olivier Jiménez, remitieron a la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (Acodelgo), pero su representante ante la Junta Directiva, Susan Naranjo, no envió los documentos.

Tanto el director jurídico de Casa Presidencial como el diputado socialcristiano Gerardo Vargas (también impulsor de la legislación) afirmaron que Hacienda presentó unos análisis; no obstante, al cierre de la edición, esta entidad tampoco entregó los documentos.

Entre tanto, en los registros del Depósito Libre Comercial de Golfito, remitidos por el actual director ejecutivo de Judesur, Roy Alvarado, se observa que, entre junio y agosto de este año, las tarjetas de compra utilizadas no han aumentado significativamente en comparación con los mismos años anteriores. En agosto, por ejemplo, se usaron 9.788 tarjetas, alrededor de 400 más que el mismo mes del año pasado.

Mientras, en julio y agosto, los ingresos para Judesur por el impuesto de la mercadería, se redujeron en comparación con el año pasado. En agosto, hubo una reducción de ¢83 millones. En julio, fue de ¢219 millones.

Con este panorama, la Contraloría General de la República archivó el presupuesto que se había presentado para el año entrante.

Ingresos y gastos

Repasemos algunos números.

Según el presupuesto de Judesur para el 2016, la entidad tendría ingresos por ¢6.190 millones. De los cuales, ¢3.800 millones correspondían a ingresos por el tributo en la mercadería que se vende en el Depósito y, el resto, provendrían de venta de bienes y servicios, alquileres, entre otros.

La ley anterior permitía que un 8% de los ingresos tributarios se utilizara para el programa de Administración, es decir, para gastos de operación y funcionamiento de la Junta. Otro 10% se destinaba al programa de Becas y el porcentaje restante se repartía entre los cantones, bajo el programa de Desarrollo.

Con base en esa normativa, durante años, Judesur gestionó los ingresos de forma tal que, del porcentaje que se destinaba a Becas y Desarrollo, se tomaba una parte para los gastos administrativos de cada uno de estos. Así, el 8% que estipulaba la ley, se empleaba para los gastos de la administración central, en pago de salarios, servicios públicos, materiales y suministros y contratos de vigilancia y limpieza.

Al final, lo que se invertía realmente en la administración de todos los programas era alrededor de un 37% del ingreso tributario, afirma Manuel Herrera, presidente de la junta interventora, quien agrega que dicha distribución era avalada por la Contraloría General de la República.

Además, asegura que con los ingresos no tributarios se cubrían los gastos del Depósito, así como la auditoría y las dietas de la Junta Directiva, debido a que la normativa no definía su fin.

En cambio, en la nueva ley, se determina que los recursos para la administración de Judesur serán el 15% de todos los ingresos, tanto de los tributarios como los que nacen de las concesiones, alquileres y otros. Es en este punto en el que Herrera sostiene que los recursos serán insuficientes.

“Ahora que se bajan los ingresos de un 18% a un 14% y que la ley le permite usar un 15%, el gasto es el mismo, entonces se sube la relación a un 42%”, afirma Herrera.

En la demanda planteada ante el Contencioso, se indica que, solo en el segundo semestre de este año, la institución tendrá un déficit de ¢1.000 millones en el área administrativa.

¿Tabla salvadora?

¿Entonces, por qué el Gobierno se mantiene firme en que esta nueva normativa sí dará resultados pese a los cuestionamientos por parte de la junta interventora?

Las razones que aduce son que la baja en el impuesto reducirá los precios de los productos y que, aunado a otros cambios como aumentar el límite de compra por tarjeta a $3.000 y permitir que los menores de edad saquen su tarjeta, así como haber destinado un 10% de los ingresos a la publicidad y el mercadeo, incrementarán las ventas en el Depósito Libre Comercial de Golfito, aunque no se detalle cuál sería la proyección.

“Las medidas pretenden volverlo más atractivo, si es más atractivo, debería tener mayores ventas, si tiene mayor volumen de ventas, este debería compensar la disminución en la contribución especial; ese es el razonamiento que hace (el Ministerio de) Hacienda”, dijo Carvajal en entrevista con UNIVERSIDAD.

Además, afirmó que, de esta manera, Judesur deberá tener “una gestión mucho más eficiente de sus recursos, que los gastos administrativos deben ser los mínimos para que sus recursos puedan ser usados en lo más importante, que son los proyectos que debe desarrollar”.

Carvajal también argumentó que, durante las conversaciones sobre el proyecto de ley, la junta interventora nunca advirtió de un posible desequilibrio económico.

Lo mismo sostiene el legislador Vargas: “Ellos no dicen ni advierten en ningún lado, no dicen en ninguna parte que se iba a causar un desequilibrio financiero si se aprobaba la ley (…) Hace unos meses, la junta interventora se da cuenta de que con la nueva ley sí o sí tenían sus días contados y entonces lo primero que hacen es presentar una demanda por más de ¢7 mil millones por la emisión de esa ley, porque dicen que causa un desequilibrio financiero”, reprochó.

Herrera contradice esas manifestaciones y asegura que, al inicio de su gestión, se les convocó a una reunión en la Comisión Legislativa de Puntarenas, que analizaba el proyecto de ley, pero que luego no les volvieron a llamar. Posteriormente, cuando el plan fue aprobado en primer debate, en el expediente consta que se consultó a la Junta y que esta respondió que se debía elevar el porcentaje para administración a un 20%. Él afirma que no recibieron respuesta.

Una vez que el proyecto fue avalado en segundo debate, la junta interventora acordó pedir al presidente Luis Guillermo Solís que vetara la ley. Herrera asegura que recibieron presiones del Gobierno para que “no hablaran de veto”.

No obstante, Casa Presidencial remitió un oficio que el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, envió al presidente el 28 de abril indicando que sí se consultó a la junta interventora y que los porcentajes estipulados más bien daban más recursos.

Herrera aduce que, con el nuevo escenario, la junta interventora decidió acudir a las instancias judiciales.

Entre los alegatos que exponen, está un estudio elaborado por Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (Cicap) de la Universidad de Costa Rica (UCR) para la reconstrucción de 11 de los 14 locales quemados en el Depósito (la ley aprobada establece que se use el superávit del Depósito para repararlos).

Dicho análisis señala que “bajo las condiciones de la nueva ley, la operación de Judesur no sería rentable” y que el proyecto de construcción es inviable por el largo plazo en que se podría recuperar la inversión.

¿Hacia dónde ver?

El actual director ejecutivo de Judesur, Roy Alvarado, reconoce que hay una contracción en las compras en el Depósito y que, además, debido a la reducción en los ingresos y a que solo se cuenta con el 15% para todos los gastos administrativos, se ven obligados a tomar medidas como recortar en servicios públicos y giras.

Él asegura que, hasta ahora, no se ha tenido problemas para pagos de salarios. Además, apuesta a que, con mayor publicidad sobre los nuevos beneficios de comprar en Golfito, sí aumentarán las ventas.

“Si nosotros establecemos un buen plan de gestión, de mercadeo y empezamos a informar todo esto, si mejoramos el servicio al cliente, con ayuda de Dios y de toda la gente involucrada en este tema, porque tenemos que integrarnos, eso no es solamente Judesur, es un tema casi que país”, expresó.

Además, instó a que haya más control en las ventas en la zona fronteriza con Panamá, cuyos bajos precios se convierten en una fuerte competencia para el Depósito.

Por su parte, Edwin Duartes, presidente de la actual Junta Directiva, comentó que están analizando la situación en que reciben la institución para decidir el camino para seguir.

Manuel Herrera, expresidente de Junta Interventora de Judesur

“Pedimos que el presidente vetara la ley y no lo hizo”

El Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís decidió hace dos años que era el momento de intervenir Judesur. El grupo que colocó al frente de la institución es el mismo que ahora tiene demandas presentadas debido a la ley que reformó el modo de trabajo de Judesur y que fue impulsada por el mismo Gobierno. El presidente de esa Junta Interventora (que ya fue destituida), Manuel Herrera, asegura que solo están cumpliendo con la misión que se les encargó: salvar a Judesur.

¿Por qué la Junta Interventora planteó que se daría un cierre técnico de Judesur y en el Depósito?

-Antes se le permitía a Judesur usar el 8% del ingreso tributario para gastos administrativos, pero a los programas de Becas y Desarrollo se les permitía tomar de sus propios recursos para sus gastos administrativos y de operación.

El depósito libre subvencionaba todos los gastos de la auditoría y todos los de la junta directiva con recursos no tributarios, que son los alquileres y los ingresos por parqueos.

Pero ahora que esta nueva ley dice que todos los ingresos van juntos y que de ahí Judesur tiene que tomar solo un 15%, ya no da la cobija.

Hubo una confusión, cierre técnico no significa que uno va a ir con un candado a cerrar los locales comerciales, verdad, eso es ilegal, pero la administración de Judesur tendrá que ver cómo hace para pagarles a los empleados, cómo hace para pagar los contratos que tiene firmados, como la vigilancia, el aseo, incluso Judesur le paga a Aduanas el salario de 16 empleados porque ya se superó el 15% que la ley le permite a Judesur para gastos administrativos.

Si usted suma lo que cogía Becas de su programa y lo que cogía Desarrollo de su programa y lo que el Depósito le pagaba a la auditoría, Judesur andaba como en un 37% de todos los ingresos.

¿Qué se cubría con el 8%?

-En el primer rubro están las remuneraciones. El segundo rubro son los servicios: agua, luz, teléfono, alquileres. Y el tercero, materiales y suministros, que son combustibles que tiene que gastar Judesur, todos los contratos que hay ahí, desde la limpieza, la vigilancia, porque son contratos privados.

Por ejemplo, este año no pudimos (la Junta Interventora) enviar el presupuesto a la Contraloría, porque no daban los números. De ingresos eran como 13.000 millones y de gastos como 15.000 millones. Entonces, no se daba el equilibrio financiero.

¿A cuántas personas les paga Judesur?

-A 46 empleados y a 16 funcionarios de Aduanas.

¿Por qué la junta interventora demandó al Estado en lugar de advertir estas cosas?

-Nosotros tuvimos un primer acercamiento con la comisión de Puntarenas, de la Asamblea Legislativa, para ver por dónde iba la nueva ley. Cuando la estudiamos con gente del despacho de don Olivier Jiménez hicimos algunas observaciones. Sin embargo, a partir de esa reunión, nunca nos volvieron a invitar y comenzaron a reunirse en San José con gente de Casa Presidencial.

Nos dimos cuenta de que la ley iba para plenario, entonces pedimos un ejemplar para leerla; cuando nos lo mandaron, que costó conseguirlo, tomamos acuerdos de junta, haciéndole ver a Casa Presidencial que esa ley tenía problemas financieros.

Cuando se aprobó en primer debate, la Asamblea Legislativa nos mandó la consulta y le hicimos ver que había problemas con la ley. Sin embargo, la respuesta fue silencio.

La pasaron a segundo debate, la aprobaron y la pasaron a Casa Presidencial. Nosotros tomamos un acuerdo de junta que dice: ‘Se solicita al Presidente de la República no firmar la ley, vetarla’. Y en Casa Presidencial, en el Ministerio de la Presidencia, nos dijeron: ‘prohibido hablar de veto. Que se publique la ley y después vemos a ver qué hacemos’.

Entonces nosotros, responsablemente, una vez que la ley se publica, mandamos un acuerdo diciendo que íbamos a tomar las acciones judiciales pertinentes para salvar a la institución; no nos contestaron nada tampoco.

Le pedimos al asesor legal de nosotros que viéramos cómo salvábamos  la institución de esta nueva ley que ya habíamos visto que era ruinosa. Y entonces presentamos las acciones judiciales.

Se ha criticado la ineficiencia de Judesur para ejecutar su presupuesto. ¿De cuánto era el superávit que estaba disponible y que la nueva ley destina a la construcción de los locales quemados, entre otros?

-El superávit específico de Desarrollo y Becas y que solo puede ser usado para eso, se comprometió en un presupuesto extraordinario en 41 convenios con organizaciones. Son ¢17.500 millones listos para desembolsar. Lo que queda de superávit libre andaba como en ¢300 millones.