La jueza, María Victoria Salas Ruiz, tenía 33 años cuando el Consejo Médico Forense del Poder Judicial dictaminó que debía jubilarse, pese a que ella dijo que podía seguir trabajando; mientras que el magistrado de la Sala Tercera, Jesús Ramírez Quirós, de 77 años, se mantiene en su puesto, pese a que tuvo un padecimiento cerebrovascular. ¿Cómo se puede explicar este contraste de decisiones?
Por un lado, Ramírez, con el apoyo de la Corte Plena, se mantiene en su puesto, aunque diversos gremios judiciales lo cuestionan por su recientes actuaciones, incluida su participación en la audiencia del sonado caso de la Upad y sus problemas de salud, que incluso lo obligaron a apartarse de dicho proceso.
Por otro lado, Salas Ruiz critica su jubilación prematura, producto de un dictamen médico que lo recomendó, luego de que en 2016 solicitó el traslado de su plaza en propiedad como jueza supernumeraria de la zona Atlántica hacia San José, por padecer una enfermedad autoinmune.
“Yo tengo síndrome de Sjögren primario, una enfermedad autoinmune que ataca la producción de lágrimas y saliva. En Guápiles no se puede trabajar sin aire acondicionado o ventiladores, entonces intenté volver a San José porque las lágrimas artificiales rápidamente se evaporan y mis ojos ya no aguantaban más”, contó.
Cuando inició el proceso, la jueza se encontraba incapacitada por el padecimiento, pero en agosto de 2016 un médico dictaminó que su condición de salud era óptima para realizar trabajo desde la casa o en una oficina con ventilación natural. Así, en junio de ese año pudo reubicarse en la Sala Constitucional, como letrada en la Oficina de Seguimiento de Sentencias, con una plaza prestada por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
En ese momento empezó un camino que Salas ha calificado de irregular, ya que su situación laboral no se definía y, ante el traslado de edificio de la Sala Constitucional, la incertidumbre sobre si podría quedarse en su puesto crecía.
Las gestiones de la funcionaria, lejos de ayudar con su caso, desembocaron, primero, en un intento de cambiarla de un puesto a otro que no respetaba su condición médica y, posteriormente, en la exigencia de su jubilación permanente, pese a que Salas tenía entonces 33 años y se sentía capacitada para seguir ejerciendo su profesión.
“En abril me comunican que el Consejo Médico Forense me va a valorar para determinar si soy idónea para mi puesto, sin aclarar si era para el de jueza en Guápiles, el de letrada o cuál era el que se estudiaba. La valoración no duró ni 15 minutos y el dictamen jubilatorio lo emitieron en siete minutos. Salí a las 10:04 a.m. de la cita y a las 10:11a.m. ya estaba listo”, afirmó.
El dictamen solicitaba la jubilación permanente de Salas, con el argumento de que tenía “67% de pérdida de capacidad orgánica” y que estaba incapacitada para ejercer cualquier puesto en el Poder Judicial, por lo que se hizo efectiva a partir de junio del 2016.
Salas interpuso una denuncia para que pudiera ser reinstalada y, según cuenta, descubrió que el dictamen le atribuía una enfermedad que no padecía.
“Me habían puesto que yo era portadora de una fibrosis pulmonar intersticial, lo que implica que los pulmones no cumplen su función y la persona depende de un tanque de oxígeno, lo cual en mi caso es completamente falso. No tenía ni tengo ese padecimiento y nunca me lo comunicaron”, dijo la jueza.
Mediante dictámenes de médicos externos y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la funcionaria demostró que no padece de la enfermedad que consta en su dictamen. Con estas pruebas, Salas logró ser reinstalada en su puesto provisionalmente, hasta el 26 de junio del 2019, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó colocarla de forma definitiva.
Todo este caso, que Salas considera “sin precedentes”, la llevó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y, posteriormente, ante la Fiscalía de anticorrupción y probidad contra 14 funcionarios del Poder Judicial.
Entre los delitos señalados en el documento están los de falsedad ideológica, corrupción, favorecimiento personal, favorecimiento real, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, prevaricato, peculado, malversación y alteración de documento público.
La lucha de Salas ahora es por lograr que su situación sea elevada a instancias judiciales, en momentos donde asegura que la causa está cerca de prescribir y no ha logrado tener el apoyo de las autoridades.
“Estamos ya a tres años de que denuncié y esta es la hora en que la Fiscalía de San Joaquín de Flores no ha hecho la apertura a juicio, no ha señalado la audiencia preliminar y uno de los médicos forenses ya se jubiló. Yo había iniciado una causa disciplinaria y se encuentra suspendida hasta que no se resuelva la penal”, aseguró.
Incluso, la funcionaria achacó responsabilidades por el estado de su caso a la Fiscala General, Emilia Navas, y al Director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza.
“Ninguno dictó medidas cautelares como sí lo han hecho en otros casos, que es lo que me llama la atención. Como son del Ministerio Público y son hechos graves yo no sé si es para mantener un perfil bajo. Casos como el de Óscar Arias, ella (Navas) lo reabrió inmediatamente y lo tenía en audiencia preliminar. El caso de Berenice Smith se abrió mucho después del mío y ya está en fase de juicio, entonces ella muestra interés en unos casos y en otros no”, expuso.
UNIVERSIDAD consultó al Ministerio Público, mediante un correo electrónico, la situación del caso de Salas y su posición ante las denuncias de la jueza; sin embargo, al cierre de edición no había sido posible contar con una respuesta.
Entre los denunciados por la funcionaria se encuentra Jesús Ramírez Quirós, un magistrado que ha enfrentado críticas recientes, pero, a diferencia de Salas, su jubilación no se ha considerado como una opción.
Los cuestionamientos a Ramírez
Jesús Ramírez Quirós cumplirá este año 35 años de ser magistrado. Fue en 1985 cuando la Asamblea Legislativa lo designó en el puesto del Poder Judicial y, desde entonces, ha sido reelecto.
En el 2018, durante el caso del “cementazo”, fue sancionado por dos meses, como miembro de la Sala Penal que desestimó una causa contra los diputados Otto Guevara y Víctor Moralez Zapata, en el marco de la investigación.
En aquel entonces, los también magistrados Carlos Chinchilla, Doris Arias y Celso Gamboa fueron sustituidos, pero Ramírez se mantuvo con su puesto.
Un año antes, en marzo de 2017, la Asamblea Legislativa acordó reelegir por un periodo de ocho años más al cuestionado funcionario del Poder Judicial, y este año, después de 15 meses de hacerlo de forma interina, fue nombrado como presidente de la Sala Tercera.
Las críticas de grupos gremiales no se hicieron esperar. Incluso, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) le pidió abstenerse de asumir el cargo.
“Esta Asociación insta al magistrado Jesús Ramírez para que dadas las implicaciones de este nombramiento, reconsidere y no asuma la Presidencia de la Sala, por estar pendiente una investigación penal en la que figura como denunciado”, dijeron en un comunicado.
Las peticiones no cambiaron la posición del magistrado, quien asumió la presidencia. Tampoco cambiaron los cuestionamientos, ya que Ramírez empezó a acumular nuevos fallos, esta vez en el ejercicio de sus funciones.
Según dio a conocer el medio Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, el 4 de julio del 2019 la Sala Tercera realizaba una audiencia para decidir si rebajaba la pena a una mujer que delinquió por estar en condición de vulnerabilidad, mientras que el magistrado Ramírez cabeceaba y se dormía a ratos.
El hecho no trascendió, ya que no se trataba de una audiencia de tan alto perfil como la que se dio en junio de este año con el caso de la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde figura el presidente, Carlos Alvarado, como parte de los investigados.
Por primera vez, Ramírez fue separado del proceso y, posteriormente, renunció a ejercer la presidencia de la Sala Penal, aunque continuó como magistrado miembro.
Ante lo sucedido, los gremios y asociaciones del Poder Judicial reiteraron ante la Corte Plena la necesidad de revisar las actuaciones del funcionario y evaluar si debería mantenerse en su cargo.
“Enviamos una nota en julio haciendo referencia a que Ramírez no poseía la concentración y la lucidez requerida para el ejercicio de cualquier función de judicatura, por lo que pedimos que se ordenara la valoración respectiva para corroborar o descartar la idoneidad para el ejercicio del cargo del magistrado”, explicó el secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindijud), Jorge Luis Morales García.
La Acojud pidió investigaciones y acciones disciplinarias contra Ramírez, las cuales fueron aprobadas por la Corte Suprema de Justicia, con nueve votos a favor y siete en contra en junio pasado.
La situación tomó un giro a favor de Ramírez, cuando sus demás compañeros decidieron desestimar cualquier acción en su contra
“Por mayoría de 16 votos, se acordó: Que no existe mérito para iniciar procedimiento disciplinario contra el magistrado Jesús Ramírez Quirós, en consecuencia: desestimar y archivar las denuncias planteadas a esta Corte Plena. Se recibió un voto por iniciar procedimiento disciplinario”, anunció el Poder Judicial en la resolución del caso.
El magistrado Román Solís, encargado de presentar el informe sobre la actuación de Ramírez, indicó que lo sucedido en la audiencia de UPAD fue una “afectación de salud”. Aunque no se dieron más detalles, según la resolución dada por la Corte Plena a Sindijud, el problema fue una post isquemia cerebral transitoria, una enfermedad que afecta una arteria del cerebro.
“Esto nos indica que tenemos un magistrado seriamente afectado de salud y que eso debe atenderse. Es una responsabilidad de la Corte, como jerarcas institucionales, verlo, tanto por su labor judicial como por la seguridad de la persona, que podría ser objeto de un episodio más severo”, dijo Jorge Morales del sindicato de jueces.
Esta organización laboral planteó un recurso de revocatoria ante la decisión de los magistrados con el argumento de que su petición en ningún momento fue resuelta, ya que se agruparon las solicitudes como temas disciplinarios, pasando por alto la necesidad de una valoración médica para Ramírez.
“En vista de lo dicho, solicitamos se proceda a resolver efectivamente nuestra petición, reconsiderando lo resuelto y ordenando la valoración médica respectiva en atención a la idoneidad del Magistrado Quirós Ramírez para el ejercicio de las funciones de su cargo y la determinación del riesgo existente de ocurrencia de un episodio cerebrovascular futuro”, expresó Sindijud en una carta enviada a Corte Plena.
Este semanario consultó a la oficina de prensa del Poder Judicial por la situación de Ramírez, los criterios que dados por los magistrados para desestimar un análisis médico y cuándo podría resolverse la revocatoria del Sindijud; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta.
¿Qué es el síndrome de Sjögren y la post isquemia cerebral transitoria?
Consultado por UNIVERSIDAD, el doctor Maikel Vargas Sanabria, médico especialista en anatomía patológica y legal, y director de Anatomía de la UCR, explicó las dos afectaciones que sufren los funcionarios del Poder Judicial.
En el caso del síndrome de Sjögren, enfermedad de la jueza Salas, Vargas detalló que es una enfermedad autoinmune.
“El mismo organismo, por medio de sus linfocitos, ataca a las glándulas exocrinas, por ejemplo las salivales y lagrimales. Cuando los síntomas empiezan a manifestarse es porque ya está más avanzado, por lo que el tratamiento es sintomático”, dijo.
Este síndrome “puede ser la manifestación de otra enfermedad reumatológica más seria y puede afectar pulmones, riñones e hígado”.
En cuanto a la post isquemia cerebral transitoria, sufrida por el magistrado Ramírez, el especialista indicó que se trata de una afectación momentánea en una arteria del cerebro.
“La persona manifiesta síntomas neurológicos por pocas horas, porque posiblemente se formó un pequeño coágulo en una arteria del cerebro que tapó la circulación en la zona que se encarga de esa movilidad”, dijo.
Para el doctor Vargas, el problema de estos episodios es que pueden ser una señal de alerta para afectaciones mayores en el futuro.
“Hay un paso donde si esta isquemia persiste por muchas horas se convierte en una enfermedad cerebrovascular y ahí sí quedan secuelas. Cuando ocurre este tipo de eventos es un verdadero signo de alarma, ya sea para que se cambien hábitos o para analizar por qué se dio”, finalizó.
