La Fiscalía General de la República concluyó que el exmagistrado Celso Gamboa y el empresario Juan Carlos Bolaños cometieron una serie de presuntos delitos como protagonistas de la trama de influencias alrededor del cemento chino que detonó en 2017.
Gamboa, destituido en abril de 2018 por la Asamblea Legislativa, y Bolaños, quien cumple prisión preventiva desde que cayó detenido en noviembre de 2017, fueron acusados por la Unidad Especializada de la Fiscalía por implicaciones del viaje que ambos realizaron juntos a Panamá en octubre de 2016.
A Gamboa se le atribuye haber cometido los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio, pues además habría dado una ayuda indebida a Bolaños en una diligencia judicial y habría mentido ante la comisión de diputados que investigaron el caso el “cemento chino”.
A Bolaños la Fiscalía le achaca el delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio, mientras que al gerente de su empresa Sinocem, Rojas Segura, le atribuyen haber incurrido en penalidad del corruptor en calidad cómplice, detalla un comunicado del Ministerio Público emitido en la tarde de este 25 de junio de 2020.
La acusación consta en la causa penal 17-000015-0033-PE y fue comunicada este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR), que figura como parte afectada en el proceso, en representación del Estado. Esta deberá decidir si se constituye en querellante y si solicitará un monto económico por daños y perjuicios. Después la Fiscalía enviará el expediente al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, para que se programe una audiencia preliminar para un eventual juicio, explica el comunicado.
Los investigadores determinaron que Gamboa recibió presuntamente una dádiva: los tiquetes aéreos y el hospedaje pagados por las empresas de Bolaños. “Como resultado del beneficio otorgado”, el magistrado de la Sala III votó por la desestimación de causas penales contra el empresario y tres políticos vinculados a él: los entonces diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, y el actual alcalde de Matina, Wálter Céspedes. Estos cuatro estaban acusados por tráfico de influencias, pero el caso no pasó a más por la decisión del alto tribunal, de la cual Gamboa debió abstenerse y no lo hizo.
Gamboa mantenía una relación cercana con el empresario cuestionado por utilizar créditos por más de $45 millones de la banca pública en un supuesto negocio de importación de cemento desde China, con el aparente objetivo de romper el duopolio que funcionaba en el país. Esas coincidencias las denunció UNIVERSIDAD el 11 de septiembre de 2017, cuando ya había estallado el escándalo sobre acercamientos de Bolaños con diputados, jerarcas bancarios y miembros del gobierno de Luis Guillermo Solís.
Esa relación cercana se evidenció en el viaje que hicieron a Panamá, el cual admitió Gamboa pero con el pretexto de que fue solo coincidencia y que él había ido a comprar ropa para su bebé recién nacido.
El nexo, sin embargo, se manifestó también en la tarde del 18 de abril del 2017, cuando aparentemente el exmagistrado y el empresario se encontraron en las afueras del edificio de Tribunales del Primer Circuito Judicial de San José y Gamboa, en su condición de juez de la Sala III, digirió a Bolaños “hasta el área exclusiva para personal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde, en el escritorio de la Coordinación Judicial, se sospecha que Bolaños solicitó que se emitiera un documento en el que constaba que no existía ninguna causa abierta en su contra, gestión que fue realizada”, indica el comunicado de la Fiscalía.
El 24 de octubre del 2017, Gamboa compareció ante los diputados y negó cualquier vínculo con Bolaños, pero faltó a la verdad estando bajo fe de juramento, indica la acusación. Esto, porque mintió sobre la forma de compra del boleto y el hospedaje en Panamá, así como la frecuencia de sus contactos con Bolaños, según la Fiscalía.
Bolaños Rojas, por su parte, también habría faltado a la verdad en diciembre de 2017 ante un órgano director encargado por la Corte Plena para investigar las acusaciones contra el magistrado Gamboa. Al parecer el empresario mintió sobre el tiempo que tenía de conocer al magistrado y la frecuencia de su relación mutua, así como con el objetivo del viaje a Panamá y detalles sobre el pago de los tiquetes y el hotel.
Bolaños, quien cumple prisión preventiva en su casa en Atenas, y su gerente Rojas también están acusados por delitos contra la hacienda pública y de falsedad ideológica en un caso específico vinculado al Banco Popular, que le prestó $13,5 millones con el objetivo falso de importar cemento, según concluyó la Fiscalía en febrero.
Ese dinero “no se utilizó para importar ni comercializar cemento, incumpliendo el contrato, plan de inversión, disposiciones crediticias del BP y el interés de la hacienda pública (…). Los fondos fueron transferidos a cuentas del grupo económico del acusado Bolaños Rojas, en las que el dinero se fusionó con otras cuentas y se diluyó en distintos egresos”, señaló la Fiscalía en ese momento.
