José María Villalta propone que la Defensoría de los Habitantes pueda acudir a la Corte IDH

El frenteamplista presentó un proyecto que permitiría que la entidad solicite opiniones consultivas, procedimientos que sirven como fundamento jurídico internacional en materia de derechos humanos.

El diputado del Frente Amplio (FA), José María Villalta, presentó este jueves un proyecto de ley para permitir que la Defensoría de los Habitantes acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por opiniones consultivas, con el objetivo de “fortalecer” sus operaciones “como órgano promotor y vigilante” en esa materia.

Específicamente, la iniciativa —que se tramitará bajo el expediente 20.817— busca adicionar un párrafo al artículo 1 de la ley fundadora de la Defensoría (Ley 7.319), atribuyéndole la facultad de realizar consultas “sobre la conformidad de la legislación costarricense con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)”.

Según Villalta, “posibilitar que la Defensoría solicite opiniones consultivas a la Corte IDH encumbraría su estatus”, permitiéndole realizar una función que “estaría en consonancia con los más recientes avances en torno a la internalización y constitucionalización de los derechos humanos en el mundo”.

Las opiniones consultivas son un mecanismo de derecho internacional que sirven para constatar si la legislación de un país se ajusta con los parámetros de tribunales internacionales adscritos, como es el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para Costa Rica.

No obstante, el proyecto no permitirá la extensión de estas consultas sin controles del Ejecutivo, que “podrá oponerse a la solicitud de la Defensoría por motivos de legalidad debidamente fundamentados”.

Las opiniones consultivas estuvieron en el ojo público de la población nacional en los últimos meses, especialmente por la recordada instrucción que giró la Corte en la que pidió reconocer el matrimonio igualitario y las identidades de género. Aquella decisión que causó una enorme polémica y fue acusada por diputados conservadores como una intromisión de la Corte internacional en el marco jurídico del país.

En aquel entonces, el exmagistrado de la Sala Tercera, José Miguel Arroyo, recordó a UNIVERSIDAD que las opiniones sirven como fundamento jurídico para cualquier ciudadano que estime lesionados sus derechos, punto de peso para acudir a instancias como la Sala Constitucional, que evalúa las consultas como si fueran sentencias desde 1995.

“(Las opiniones consultivas) tienen la misma fuerza jurídica en la medida en que la opinión consultiva ha sido generada por personas que están viendo lesionados sus derechos. Esto compromete al país a dar alguna respuesta”, dijo el exmagistrado en aquel entonces.

Actualmente, la Defensoría de los Habitantes continúa sin saber quién será su nuevo jerarca, un procedimiento que los congresistas de la nómina legislativa saliente no pudieron concluir y que el nuevo cuadro diputadil no podrá reactivar hasta que no se conforme la Comisión de Nombramientos en los próximos días.


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