El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, acusó a sus compañeros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de “debilitar” un proyecto de ley suyo que pretendía mejorar los controles sobre las universidades privadas a través del Consejo Nacional de Enseñanza Superior (Conesup).
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 18.011 desde inicios de 2011, recibió distintas mociones este martes, las cuales habrían desmantelado la iniciativa, según el frenteamplista.
La molestia de Villalta se basó precisamente en la eliminación de tres indicaciones, dos que facultaban al Conesup para improbar o modificar tarifas y solicitar justificaciones técnicas de las mismas; así como otra que obligaba a los centros educativos a becar al menos un 25% de su estudiantado, tomando en cuenta su historial académico y sus condiciones socioeconómicas.
Las dos mociones más fuertes fueron dejadas por el exdiputado Otto Guevara, la primera para eliminar la posibilidad de que Conesup rechazara las tarifas universitarias y la segunda para traerse abajo la totalidad del artículo 2, donde se le permitía a ese Consejo solicitar justificaciones, realizar investigaciones y recibir reclamos antes de aprobar las tarifas, con una metodología similar a la que ya utiliza la Aresep con otros servicios.
Sobre la obligación que pretendía pedir a los centros educativos becar al menos a un 25% de sus alumnos, la moción para desechar la iniciativa fue planteada por el actual congresista Carlos Ricardo Benavides, de Liberación Nacional, un documento que entregó apenas a finales de junio pasado.
Las tres mociones fueron votadas por los diputados de la Comisión con la única oposición de Catalina Montero del Partido Acción Ciudadana (PAC); mientras que el diputado Villalta ni siquiera pudo opinar pues se encontraba en las discusiones del plan fiscal, como parte de la comisión dictaminadora de ese proyecto.
El ahora exdiputado Guevara Guth labora hoy como director del Instituto de Políticas Públicas y de la Libertad de la Ulacit.
Ante estas mociones, el frenteamplista ya señaló que presentará mociones de revisión; sin embargo, la decisión final recaerá sobre la misma mayoría de diputados que ya avaló las decisiones.
Aparte de Montero y Villalta, el grupo está integrado por dos diputados de Liberación Nacional (María José Corrales y Daniel Ulate), dos de Restauración Nacional (Floria Segreda y Harllan Hoepelman) y una de la Unidad Social Cristiana (Shirley Díaz), quienes dieron su venia para los cambios y alcanzaron la mayoría necesaria.
Sobre sus decisiones, la verdiblanca María José Corrales argumentó que las becas podían “ser utilizadas como medida para trasladar los costos y justificar aumentos en el precio de matrículas a estudiantes que no son becados”, al tiempo que señaló su voluntad de apoyar “un proyecto nuevo que técnicamente justifique el apoyo que puedan recibir los estudiantes de más escasos recursos” pues “la Universidad de Costa Rica y la Defensoría de los Habitantes han señalado la posible inconstitucionalidad” por esa medida.
Así mismo, apuntó que la idea de aplicar los artículos 31 y 32 de la Ley de la Aresep a las universidades privadas se les evaluaría como un servicio público, lo cual sería incorrecto por tratarse de empresas comerciales.
De cualquier manera, el aurinegro instó a la comisión y las fracciones legislativas a “retroceder con estas acciones que borran por completo la intención original de esta iniciativa de ley” y alertó a los y las estudiantes afectadas por cobros abusivos “para que se manifiesten”.
El texto completo: expediente 18.011
* Esta nota se actualizó con la posición de la diputada María José Corrales del PLN.
