El fiscal general, Jorge Chavarría Guzmán, se acogerá por segunda vez a su jubilación a partir del 15 de diciembre, confirmó el Poder Judicial.
Chavarría decidió retirarse del puesto en el momento en que está suspendido y afronta causas disciplinarias y penales por haber solicitado desestimar, con prueba falseada, una investigación que se realizaba contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por un supuesto tráfico de influencias para beneficiar al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
El fiscal general solicitó el trámite desde el 8 de noviembre de 2017. El monto de jubilación está en estudio, detalló la institución.
Chavarría trabaja en el Poder Judicial desde 1979, ocupó diversos cargos en el Ministerio Público y se jubiló en el 2006; no obstante, regresó para ocupar el cargo de fiscal general en el 2010. En aquella ocasión, el monto que se le aprobó de jubilación era de ¢1,6 millones mensuales.
Actualmente, se le cuestiona porque, bajo su dirección, la Fiscalía General pidió desestimar la causa contra los legisladores en el llamado caso «cementazo» a pesar de una prueba que revelaba cientos de contactos telefónicos de los legisladores con Bolaños.
En la solicitud de cerrar esa investigación, la Fiscalía General argumentó que la prueba recabada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no mostraba llamadas entre los diputados y el importador de cemento.
Sobre eso, el fiscal general alegó luego que nunca conoció dicha prueba y descargó la responsabilidad en su subalterno, Ricky González. No obstante, González sostuvo ante los diputados de la comisión legislativa que investiga el caso que el informe del OIJ se le remitió primero a Chavarría.
Recientemente, la fiscala general interina, Emilia Navas, ordenó reabrir expedientes que habían sido cerrados durante la gestión de su colega.
Navas también pidió investigar a Chavarría por haber tramitado desestimaciones en causas contra el magistrado Celso Gamboa, a pesar de que públicamente ha dicho que lo ve «como un hijo».
