Jerarquía de la DIS lucha por librarla de intereses políticos y definir una política de inteligencia estatal

La última vez que vine aquí a las oficinas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), aunque llegué a un trámite personal

La última vez que vine aquí a las oficinas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), aunque llegué a un trámite personal y no como periodista, me atendieron en la calle. Sí, en la calle. Salió un oficial y me recibió la documentación en la acera.

Tuve que volver días después. Me atendieron de nuevo en la calle. Algo temían. De eso hace ya unos años, cinco o seis.

Ahora fue diferente. Hace unos días participé, en mi calidad de ciudadano, en una reunión amplia convocada por la Fundación Friedrich Ebert, para discutir el papel de la DIS en un debate nacional sobre las políticas por seguir en el país en esa área.

La institución está bajo la mira de quienes la acusan de haber servido a intereses políticos de ocasión y violado la privacidad de los ciudadanos. Hay quienes quieren cerrarla.

En esa reunión el director de la DIS, Mariano Figueres, me invitó a desayunar y conversar. Fui. Me recibieron Figueres y el subdirector, Jorge Torres. Hablamos casi dos horas. Una transcripción editada de esa conversación se publica en estas páginas.

Visité el edificio, conocí a funcionarios. En una oficina, un cuadro del pintor colombiano Fernando Botero acompaña a la funcionaria más antigua de la institución. Lo decomisaron aquí a un narcotraficante colombiano.

La conversación buscaba aclarar la forma en que la DIS entiende y ejerce hoy sus funciones. Me parece que no hay nada más político que la definición de las amenazas que enfrenta el país. Es inevitable que eso esté siempre estrechamente vinculado a los intereses y la visión política del gobierno. Figueres y Torres matizaron esa apreciación. Defendieron una profesionalización que permita librar la institución de los intereses políticos más inmediatos, que le permita avanzar en la definición de una política de inteligencia de Estado. Parte de este esfuerzo es la propuesta de un proyecto de ley de reforma de la DIS.

De todo esto conversamos, con gallo pinto, huevo y café. La idea es que la ciudadanía pueda comenzar a asomarse a la ventana de la DIS y a participar en una discusión fundamental, sobre las políticas de seguridad del Estado.

La DIS se convertiría en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), de aprobarse un proyecto que está en la Asamblea Legislativa.
La DIS se convertiría en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), de aprobarse un proyecto que está en la Asamblea Legislativa.

Mariano Figueres: La DIS ya no vigila a los opositores políticos

El jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres Olsen, al ser entrevistado por UNIVERSIDAD negó de manera rotunda que esa entidad mantenga una vigilancia política sobre algunas personas, como se le ha acusado en el pasado.

Figueres atendió a este Semanario el pasado 25 de junio, en compañía del subdirector, Jorge Torres, en la sede situada frente al costado este del Gimnasio Nacional.

¿La DIS sigue vigilando a los opositores políticos?

−¡No!

¿En qué trabaja la dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) hoy, cuáles son las amenazas que enfrenta el país? Naturalmente no me refiero a temas como el “narcotráfico” o el “crimen organizado”, que evidentemente son una amenaza. Lo que quisiera saber es, en estos casos, ¿dónde está más precisamente la amenaza, hacia dónde la DIS orienta su atención?

− La DIS hoy está en plena restructuración y fortalecimiento, acorde con el proyecto de ley para la creación de la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN), que vendría a substituir la DIS (Ley 19346).

Tenemos dos grandes áreas de producción: una es la gestión de amenazas. En eso las dos amenazas más grandes para el Estado costarricense son las redes de narcotráfico y de blanqueo de capitales, y las redes de corrupción.

Estamos metidos en una guerra que no es nuestra. No producimos la droga, ni disfrutamos del dinero de la droga para mantenernos como país en el negocio del blanqueo. Pero aun así somos una ruta, somos un puente y eso nos genera un alto costo social. Si Colombia los aprieta con el Plan Colombia y México también, ellos vienen hacia acá.

Nos toca enfrentarlos desde el punto de vista de inteligencia, estudiando las relaciones internacionales y entregando oportunamente la mejor información posible, para que las instituciones policiales y los tribunales hagan lo que les corresponde.

Lo que les duele más es la plata, y para agarrar la estructura que se desenvuelve en nuestras fronteras, nos tenemos que concentrar en eso.

Los datos que tenemos es que esas redes blanquean capitales por más de $4.000 millones al año. Según me dicen los entendidos, esto equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que tiene enormes efectos sobre la economía, además de enormes costos sobre la situación social del país. La gran mayoría de mujeres detenidas en la cárcel de El Buen Pastor están ahí por narcotráfico. Esto genera familias divididas, chicos solos, huérfanos por un periodo.

En materia de redes de corrupción, como ya lo señalé, lo medible equivale al 7% del PIB. Es el doble del crecimiento promedio de Costa Rica en los últimos 15 o 20 años, un lastre que no deja que el país se desarrolle, que se impregna como una red en todas las instituciones. No hay posibilidad de que las redes del crimen organizado operen y sobrevivan sin la protección del Estado, y lo logran mediante la corrupción.

La otra gran área de producción de la DIS se concentra en la gestión de derechos y necesidades ciudadanas. ¿Qué hacemos ahí? Hay dos ejes de trabajo:

Las inteligencias temidas, las de la época de la Guerra Fría, las inteligencias que existieron con regímenes militares o dictatoriales, se especializaban en detectar potenciales situaciones de revueltas, para poder reprimirlas lo más eficientemente posible, para identificar a los líderes y controlarlos. La inteligencia de hoy lo que detecta no son intenciones de revuelta, sino necesidades ciudadanas, derechos ciudadanos, porque es deber del gobierno servir a su ciudadanía.

En el área de necesidades ciudadanas es muy importante el análisis estratégico y prospectivo, para trasladar la información a las instancias de decisión y de acción política. Por eso, la inteligencia debe estar pegada al más alto nivel político, porque trata de aportar elementos para la definición de políticas públicas. Se detecta esas necesidades y se traslada a las instituciones correspondientes para que las atiendan, ya sean problemas de agua, ambientales o de otro tipo.

¿Por qué necesitamos la DIS? Ustedes hablan de “inteligencia estratégica”, en contraposición a “inteligencia policial”. ¿Qué implica eso en el trabajo diario de la DIS?

− El país que más necesita inteligencia estratégica es un país sin ejército. La inteligencia estratégica y prospectiva nos corresponde a nosotros; la policial corresponde a Seguridad Pública. La inteligencia es nuestra primera línea de defensa, es la que genera la información necesaria para tener músculo en nuestra política pública y de relaciones exteriores.

¿Incluye eso el acompañamiento de desarrollo político en zonas fronterizas? ¿A la DIS le interesa, por ejemplo, las consecuencias que la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua puede tener para el país?

−¡Sí, claro, analizamos eso!

Jorge Torres: Hay estructuras mexicanas que se infiltran en el país, controlan municipalidades, la policía municipal. Antes estas redes estaban conformadas por cinco colombianos y un tico; hoy son cinco mexicanos, un colombiano y un tico. Los mexicanos han ganado territorio y operan con más violencia.

Figueres: Hay zonas de este país donde la gente agradece cuando un político, o un empresario regala viajes o pupitres para la escuela, pero la gente no se pone a pensar de dónde viene eso.

Torres: Hay otro fenómeno que la gente no visibiliza, el microtráfico, que es como una gran empresa. Un búnker que vende coca, piedra o marihuana, puede producir ¢8 millones al mes. Si esa persona tiene 20 lugares como ese, puede hacer una fortuna. Empiezan a controlar territorio y a defenderlo con violencia. La gente no lo percibe. Ese es el tema de la gran industria del microtráfico. De algún modo, la sociedad lo permite. Es como en las elecciones: la gente ya no quiere ir a votar. El narcotráfico se aprovecha, compra votos y se infiltra en los gobiernos locales.

¿Cuáles son los organismos de inteligencia internacionales con los que la DIS trabaja más de cerca?

−La relación aquí es intensa: México, España, la Dipol de Colombia (ellos cerraron la Das y estuvimos alejados de la inteligencia militar hasta corroborar que no andaban en las mismas cosas que la DAS), Cuba, Estados Unidos, Panamá, todo Centroamérica (con Nicaragua intercambiamos algunas cosas), Israel, Francia, Alemania, Canadá. Tenemos relación con 28 servicios extranjeros.

En el pasado había apoyo financiero de otros servicios. Hoy lo que pedimos es capacitación en áreas en que cada uno es más fuerte. Ya no hay apoyo financiero. Antes se mandaba a una persona a capacitar. Eso se sigue haciendo, pero es más eficiente que nos manden instructores.

Torres: Nuestro personal –cerca de 70 funcionarios en la sede central y más o menos 170 en todo el país– tiene poca capacitación, estamos empezando a abrir un espacio para eso.

Entre quienes piden el cierre de la DIS están los que argumentan violación de la privacidad y la honra de las personas. Pero, parece evidente que no puede haber seguridad para las personas sin un cierto grado de seguridad colectiva. ¿Qué proponen ustedes para conciliar ambas cosas?

−Lo importante en este tema es que sepamos encontrar el balance entre los derechos ciudadanos− incluido el respeto a su derecho a la privacidad− y las necesidades ciudadanas expresadas como seguridad colectiva. Hay que tener mucho cuidado para lograr ese balance y mantenerlo.

Lo que hemos hecho es que en la mesa del Instituto Contra las Drogas (ICD), donde nos sentamos OIJ, Fiscalía, Ministerio de Seguridad y Ministerio de la Presidencia, buscamos una mejor coordinación. Estamos implementando la formación de un solo centro de intervención judicial, donde todas las instituciones tenemos que acudir cuando solicitamos intervención a la privacidad de una persona. Tiene que hacerse bajo orden de un juez, una decisión que se tomaría fuera de nuestras instituciones.

¿La DIS sigue vigilando a los opositores políticos?

¡No! En estos 14 meses no hemos infiltrado a ningún grupo político, ni ciudadano y no tenemos porqué hacerlo, porque no hacen nada ilegal. En estos 14 meses no ha habido seguimiento a políticos, a periodistas. ¡Nada de eso!

Si un presidente de la República estuvo estrechamente vinculado a un presidente colombiano que, como sabemos bien, hizo del paramilitarismo una de las bases de su gobierno (y, mediante el paramilitarismo, probablemente también el narcotráfico), el radar de la DIS no va a estar sobre las actividades de quienes se relacionan con ese presidente. Se va a concentrar sobre los que se oponen al TLC. ¿Cómo evitar esto?

−La mejor supervisión es la supervisión ciudadana. En la medida en que se logre ir desarrollando una cultura de inteligencia, el servicio va a ser menos manipulable por los vaivenes de la política.

Lo importante, para evitar que la política influya en la definición de las amenazas, es que haya una institución con suficiente capacidad, de tal manera que sea una inteligencia no de gobierno sino de Estado.

Torres: Los servicios modernos han venido haciendo un cambio en esto. Las agendas nacen del servicio. A lo que aspiramos es a que la presidencia cuente con un servicio de inteligencia muy sólido, que no le permita manipular esto.

¿Qué proponen para evitar que se caiga en esos extremos, en la definición de las amenazas que enfrenta el país, que no se considere “amenaza” la simple discrepancia política? ¿Dónde instalamos los controles? ¿En la Asamblea Legislativa, en la Defensoría de los Habitantes?

Volvemos a lo mismo: a lo que está contemplado en el proyecto de la ley que está en la Asamblea Legislativa y que transforma la DIS en la DIEN. Estamos pidiendo controles, que las leyes de la administración pública nos cubran, que haya más supervisión desde el Poder Ejecutivo. Antes se decía que había, pero, en la práctica no se daba.

Incluimos supervisión del Poder Judicial y Legislativo en una Comisión de Fiscalización. En el primer borrador incluimos la Defensoría de los Habitantes en esa comisión, pero en la Asamblea la sacaron. Nos dijeron que la comisión tenía que funcionar bajo secreto de Estado, por los temas delicados que se van a ver ahí.

Pero, además, solicitamos supervisión operacional del Poder Judicial. Pedimos un fiscal para la DIS, que esté constantemente supervisando nuestras acciones.


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