El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, afirmó la tarde de este miércoles que buscará reformar los mecanismos actuales para definir la legalidad de una huelga, de modo que el trámite sea más expedito que con las condiciones vigentes.
Según el liberacionista, los métodos del Código Procesal Laboral han demostrado ser poco eficientes, pues los plazos establecidos provocan que “no tenga sentido que una huelga se declare ilegal o ilegal, porque los conflictos concluyen a la pura fuerza, por medidas de hecho o que atentan contra la ciudadanía”.
Entre las falencias del proceso, Benavides apuntó a la obligación de notificar a los organismos sindicales, difíciles de rastrear y que “muchas veces se esconden”; así como los plazos posteriores para que las partes realicen sus descargos y para que los jueces emitan sus resoluciones.
“(Las partes) tienen tres días hábiles para contestar, sin incluir los fines de semana; después de esos tres días hábiles corren otros tres para que el juez resuelva, pero si hay prueba que tiene que ser evacuada, puede tardar aún más. Después existe un recurso de apelación que va a un tribunal, proceso que puede tardar hasta cinco días hábiles y que, para ese entonces, ya no tiene sentido”, señalo.
Al respecto, el liberacionista indicó que presentará un proyecto de ley próximamente para corregir esas supuestas falencias, pues —desde su punto de vista— los trámites actuales funcionan en perjuicio de patronos y trabajadores, que no tienen certeza jurídica de sus acciones.
Sobre la reforma, dijo que esperaría que exista un “buen número” de diputados que le apoyarían, pues “es un estado y una situación incómoda que no le sirve a nadie, pues agrede la seguridad jurídica, la tranquilidad y los derechos de los ciudadanos”.
Las declaraciones de Benavides llegan en medio de la huelga que sostienen las representaciones sindicales desde el lunes de la semana pasada contra el proyecto de reforma fiscal, un lapso de 10 días en el que varias instituciones ya han solicitado una declaratoria de la ilegalidad de la huelga pero aún no obtienen respuesta.
Sobre este contexto, el liberacionista dijo que “el diálogo es la vía para poder salir de este impasse” en este momento, pues “la reforma al Código Procesal Laboral, en materia del tiempo que estableció para que los jueces logren dar una respuesta para saber si una huelga es legal o ilegal, es realmente un desastre”.
Así mismo, reiteró el ofrecimiento de su fracción para que “la Asamblea Legislativa colabore, dentro del procedimiento que el 208 Bis (trámite abreviado del plan fiscal) permite” de modo que se desarrolle “un diálogo sincero, complejo y tal vez prolongado”.
Como referencia sobre anteriores declaratorias de legalidad de las huelgas, se puede recordar el proceso que resolvió la ilegalidad de la huelga del Poder Judicial que ocurrió entre el 19 y le 31 de julio de 2017, proceso que se concretó hasta un mes después de presentada la denuncia.
Entre los requisitos para que una huelga sea legal, el Código Procesal establece la obligación de que se hayan agotado las vías de conciliación entre representantes y patronos; así como que se traten de procesos pacíficos y que hayan sido acordados por un número representativo de los trabajadores.
