En mayo del año pasado varias jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa viajaron a Washington, por invitación de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, para sostener reuniones “de alto nivel” que incluyeron el tema de la implementación de la tecnología de quinta generación (5G) en el país.
El oficialista Daniel Vargas, junto a Daniela Rojas (PUSC), Óscar Izquierdo (PLN), Fabricio Alvarado (NR) y Eliécer Feinzaig (PLP) viajaron del 13 al 17 de mayo a la capital estadounidense. Así consta en los registros oficiales de la Asamblea Legislativa, donde, además, se consigna que tanto los viáticos como los pasajes aéreos fueron costeados por la Embajada.
Prácticamente todas esas personas consignaron, con algunos matices, la frase “participar en reuniones para compartir una visión más integral de la cooperación estadounidense con Costa Rica” como motivo del viaje.
Sin embargo, el Informe de Misión, facilitado por el líder liberacionista, Óscar Izquierdo, detalla que tuvo “el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas de seguridad ciudadana, narcotráfico, ciberseguridad y migración”.
“Ciberseguridad” es la palabra clave cuando se trata del negocio de implementación de la 5G en el país. Como se sabe, el Decreto “Reglamento sobre medidas de Ciberseguridad aplicables a los servicios de Telecomunicaciones basados en la tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores”, de Rodrigo Chaves, prohibió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) echar mano de infraestructura para servicios de la tecnología 5G de empresas que provengan de países que no han ratificado el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, como China, lo cual deja por fuera a Huawei.
El informe de Izquierdo apunta que se reunió con “representantes de la Oficina de Ciberespacio y Política Digital del Departamento de Estado de Comercio, para abordar temas de ciberseguridad y el apoyo de los Estados Unidos a Costa Rica en estas áreas, además se discutió sobre las implicaciones de las políticas de telecomunicaciones para la seguridad nacional, así como la cooperación del Gobierno de Costa Rica y los sectores de telecomunicaciones”.
Añade que “analizamos el ecosistema informativo, telecomunicaciones 5G, control de data, conectividad, seguridad de datos, los derechos humanos digitales, el ciberespacio y la ciberseguridad, haciendo énfasis en el uso responsable de que esta tecnología se ajuste a la normativa”.
Izquierdo dijo que la comitiva legislativa también sostuvo reunión en la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC), donde “discutimos sobre las mejores prácticas regulatorias en materia de telecomunicaciones y el rol legislativo para orientar y apoyar de mejor manera a los reguladores de las telecomunicaciones para garantizar una infraestructura segura en esta materia. Por otro lado, tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión con la Agencia de Seguridad cibernética y la infraestructura, donde conversamos sobre las mejores prácticas de resiliencia en la infraestructura de ciberseguridad y telecomunicaciones”.
En respuesta por escrito a preguntas de UNIVERSIDAD, el legislador liberacionista aseguró que “se habló de redes 5G estrictamente en el contexto de ciberseguridad para garantizar la protección de los datos de las personas” y que “en absoluto” se trató el tema del posicionamiento de Huawei en Costa Rica, pues “no era el objetivo de la visita, sino más bien asuntos de seguridad ciudadana, ciberseguridad y migración”.
Este Semanario envió consultas coordinadas con sus asesorías a las cinco diputaciones que fueron al periplo washingtoniano, pero, notablemente, solo Izquierdo dio la cara.
Del mismo modo, se consultó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) por los viajes al exterior que ha realizado la ministra Paula Bogantes, pero al cierre de edición aún no se contó con la respuesta.
Problema gringo
Durante la primera administración Trump, el Departamento de Estado puso en marcha el programa denominado La Red Limpia, con el objetivo de “salvaguardar los activos de la Nación, incluyendo la privacidad de la ciudadanía y la información más sensible de las empresas de intrusiones agresivas por parte de actores malignos, como el Partido Comunista de China”. Específicamente, califica a Huawei como “un brazo del Estado de vigilancia de la República Popular de China”.
Ya bajo la administración Biden, en noviembre de 2022, la FCC prohibió la venta de tecnología de Huawei y otras empresas chinas. En setiembre de 2023 el Departamento de Estado publicó un informe titulado “Cómo la República Popular de China busca reconfigurar el entorno global de información” y se aseguró que “con asistencia de Bejing, gobiernos extranjeros han utilizado sistemas de Huawei valorados en cientos de millones de dólares para apoyar el trabajo policial e inclusive interceptar las comunicaciones electrónicas y los datos de ubicación celular de personas miembro de la oposición política doméstica”.
El Informe de Izquierdo también menciona “reuniones de alto nivel” con legisladores, entre ellos el representante del estado de Colorado, Michael Bennett, quien en 2020 formó parte de quienes impulsaron la que llegó a ser la Ley de 5G Segura y más allá (Secure 5G and Beyond Act of 2020) que, según la información oficial del Congreso, exige al presidente de ese país la implementación de la “Estrategia Nacional para asegurar las comunicaciones inalámbricas de 5G y generaciones futuras”, que entre sus objetivos enumera “proteger la competitividad de empresas estadounidenses, la privacidad de los consumidores estadounidenses y la integridad de las instancias que establecen estándares”.
La bronca de Obando
En todo ese contexto cobran relevancia las palabras de la diputada Johanna Obando en la Comisión de Asuntos Internacionales, el pasado 15 de enero.
Dijo que el decreto de Chaves fue “hecho a la medida, no se sostiene técnicamente porque lo que quiere es excluir, sí, efectivamente, a una gran potencia en esta guerra que no es geopolítica, sino geotecnológica, China y Estados Unidos”, y recordó que Chaves, en 2023, le dijo a “su homólogo en Estados Unidos” que “no se preocupara, que se iba a realizar un decreto para detener el avance de China en la guerra tecnológica” y “efectivamente cumplieron a través de un decreto amañado para excluir al país asiático”.
También se dirigió a la ministra Bogantes: “usted tiene en sus manos la potestad de que 5G avance sin ningún problema en Costa Rica, derogue el decreto para que todos participen, porque abiertamente es violatorio de los mercados internacionales”.
Entre otras, muchas cosas que dijo Obando ese día, aseguró que “esto no se trata sobre protección de datos, que también es totalmente discutible” sino que, insistió, “se trata de un juego geopolítico del que Costa Rica ha querido formar parte y se trata de un negocio que tiene nombres y apellidos, y ese nombre y apellidos está en el Poder Ejecutivo y está en Casa Presidencial”.
Consultado al respecto Luis Fernando Mendoza, presidente de esa Comisión, revisó los informes de misión y, muy diplomáticamente, anotó que “efectivamente el tema de 5G fue uno de los puntos tratados en el marco de la mesa de ciberseguridad, lo cual evidencia el interés de esa nación de abordar esa temática con diputados del parlamento costarricense”.
