Los jefes de fracción acordaron los procedimientos para tramitar y votar tres temas que han calentado la agenda legislativa durante las últimas semanas: la agenda de seguridad, los informes de la comisión legislativa para investigar el financiamiento de partidos políticos y la reforma al reglamento legislativo para prevenir la violencia contra las mujeres.
Durante la sesión de este jueves, las autoridades de las bancadas definieron un calendario para estos temas: definieron que el martes 20 de febrero se dedicará la sesión del Plenario para tramitar seis o siete proyectos de la agenda de seguridad; acordaron que el tema del reglamento legislativo para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres se discutirá esta tarde, y en caso de que se prolongue, se dedicará toda la sesión del miércoles 21 de febrero hasta su votación final, y que el lunes 26 de febrero se dedicará toda la sesión para un debate reglado, que finalizará con la votación de los informes de la comisión que indagó el financiamiento electoral durante la pasada campaña.
El presidente legislativo Rodrigo Arias sometió primeramente la definición de una fecha para votar los informes de la comisión de financiamiento electoral, ya que por reglamento, debía fijarse su discusión al menos ocho días hábiles después de que ingresaran a la corriente legislativa, lo que ocurrió ayer.
Se presentaron dos informes afirmativos el pasado 29 de enero, uno de mayoría, suscrito por el Partido Liberación Nacional (PLN), el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Liberal Progresista (PLP), en el que se concluyó que el presidente Rodrigo Chaves fue el «autor intelectual» de un financiamiento ilegal durante la pasada campaña electoral, y otro del Partido Progreso Social Democrático (PSD), que fustigó al PLN y se concentró en pedir cambios en la normativa de las comisiones de investigación.
Los diputados avalaron la fecha y suspender ese día el control político para garantizar la participación de las bancadas en el debate reglado, ya que es el último día que puede verse el tema, según el reglamento legislativo.
También se acogió una recomendación del presidente legislativo Rodrigo Arias para destinar una sesión a la discusión de seis o siete de los proyectos de la agenda de seguridad, recomendados por la mesa técnica con representantes de los presidentes de los Supremos Poderes. Arias solicitó «dedicar una sesión exclusiva» para dar una señal de que el tema se estaba analizando con seriedad.
Para ese día, los diputados analizarán los proyectos 22.834 de reformas a la ley 8754 contra la delincuencia organizada, el 23.690 para modernizar las intervenciones de comunicaciones, el 23.973 para hacer más eficiente el uso de los recursos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los cuerpos de Seguridad, el 23.086 para fortalecer los Tribunales de Flagrancia, el 23.642 para prevenir la violencia en menores de edad, y el 23.557, la ley para sancionar los préstamos gota a gota.
Ante consultas de Pilar Cisneros, del PSD, Arias indicó que el proyecto 23.800 podría incluirse, pero únicamente si para esa fecha se le realizan ajustes que se deben tramitar en la comisión de Seguridad, por aspectos detectados por el Departamento de Servicios Parlamentarios.
Y también se logró un acuerdo sobre la discusión que calentó el Plenario durante la última semana, la discusión sobre la reforma al reglamento legislativo para prevenir y sancionar la violencia política contra la mujer, que es una obligación definida por ley desde hace meses, pero para la cual la Asamblea Legislativa no ha logrado generar la respuesta. Durante los últimos días, un informe de la comisión de la mujer, respaldado por la fracción del FA y la diputada Luz Mary Alpízar del FA chocó con varias reformas impulsadas por un bloque liderado por la diputada Carolina Delgado, del PLN, lo que impidió una aprobación que originalmente se proyectaba sin mayores sobresaltos. Básicamente, la posición del FA y Alpízar es que las reformas planteadas por Delgado mutilarán la reforma, al limitarlas únicamente a las diputaciones, mientras Delgado ha sostenido que el reglamento debe concentrarse en el ámbito de las diputaciones, porque para otros ámbitos existe legislación.
A pesar de peticiones de Sofía Guillén del FA y de Alpízar para destinar espacios de tiempo para el tema durante dos semanas hasta su votación, los jefes acogieron una propuesta de Óscar Izquierdo, del PLN, para destinar 30 minutos efectivos de discusión este jueves, para dedicar, en caso necesario, toda la sesión del miércoles 21 de febrero para su votación definitiva.
