La jefa de Restauración Nacional, la diputada Xiomara Rodríguez, denunció en una comunicación con medios que el proyecto que grava con un aporte “solidario y temporal” las utilidades de 13 empresas públicas (proyecto de ley 22.384) fue presentado a la Asamblea Legislativa sin consulta a las instituciones enumeradas para el plan de gravamen.
“Nos preocupa los serios cuestionamientos que ya empiezan a surgir: este proyecto no fue consultado antes de negociar con el FMI (Fondo Monetario Internacional), podría traer implicaciones para los clientes y, al final, los ingresos serían menores de los proyectados”, dice Rodríguez en un comunicado de prensa.
Un criterio adjunto del Banco de Costa Rica, firmado por su gerente Douglas Soto, dice que “me enteré de esta iniciativa en los medios de comunicación colectiva, como la mayoría de los costarricenses”.
La fracción de Restauración Nacional envió, junto con el del BCR, los criterios del Instituto Nacional de Seguros (INS); el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER); Correos de Costa Rica; Banco de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). De este grupo de cinco instituciones, únicamente Incop respondió favorablemente a contribuir con un 30% porque reporta superávit de su operación económica.
“Debemos indicar que previo a la negociación con el FMI, no se nos comentó esa posibilidad. Posteriormente, sí hemos tenido varias reuniones para tratar el tema”, respondió Incop sobre si el proyecto 22.384 fue “directamente o por delegación, por el señor presidente de la República, Carlos Alvarado; o el Ministro de Hacienda, Elián Villegas, previo a la presentación”.
UNIVERSIDAD publicó el pasado 27 de enero que tres instituciones del paquete de Gobierno fueron perdidosas en el 2019: se tratan de Acueductos y Alcantarillados, Incofer y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Gobierno quiere gravar “utilidades” de instituciones que incluye a tres de ellas con pérdidas
Al 2019, AyA, Incofer y Japdeva mantenían costos de operación que superan los ingresos que obtienen de los servicios públicos que brindan
En el criterio que recibió la diputada Xiomara Rodríguez el Incofer dice que, “del año 2019 al 2020 la institución disminuyó su pérdida en ₡2.600 millones, como parte de un gran esfuerzo institucional de modernización del sistema ferroviario”. Esto significa que, ahora, el Incofer reporta pérdidas de -¢4560 millones.
En el caso del INS, la institución dice que ya aporta un 25% al Estado de su renta por lo que “única y exclusivamente, tiene la posibilidad de soportar de forma provisional un nuevo aporte de hasta un máximo del 5% de las utilidades netas, es decir, en el proyecto debe quedar de forma explícita y contundente que el aporte solidario, para el caso del Instituto Nacional de Seguros, consistirá en un máximo de un 5% de la utilidad disponible anual a favor del Estado”.
El BCR, por su parte, dice que el banco tendría “una posición de desventaja con la competencia, dado que esta obligación limita nuestra oferta en crédito para las actividades productivas”.
Correos de Costa Rica afirmó a la diputada Rodríguez que “Indudablemente la aplicación de este aporte reduciría la posibilidad de inversión y de competir en un mercado altamente competitivo, ante grandes empresas privadas cuyos procesos están a la vanguardia en sus procesos, sistemas e inversiones en mejora continua”.
“El panorama que nos ofrecen las empresas consultadas es poco positivo para el proyecto y me temo que estamos nuevamente ante una situación similar a la que se ha vivido con otros proyectos del Ejecutivo, mal elaborados y con poca claridad de los recursos que se puedan generar. Otro aspecto que me llama la atención es que se hayan convocado a mesas de diálogo y no hayan sido capaces de socializar esta iniciativa a lo interno de las empresas”, dice Rodríguez en el comunicado de prensa de la institución.
