El viceministro de Seguridad, Eduardo Solano, aseguró que la Policía no solicitó a un grupo de personas recuperadoras en el territorio bribri de Cabagra que depusieran ese proceso de recuperación de tierras.
“Esta recuperación se da hace varios días y desde el momento uno en que se da la alerta, hemos tenido presencia policial permanente”, informó Solano.
Se trata de un proceso de recuperación en la localidad de Alto Las Brisas, que inició el pasado 10 de marzo y que desde entonces el Consejo de mayores y mayoras Iriria Jtechö Wakpa denunció al menos dos oportunidades en que turbas de al menos 60 personas llegaron a hostigar a las personas recuperadoras.
La información de ese Consejo también apuntó que policías de la Fuerza Pública, tras reunirse con varias de esas personas no indígenas, solicitaron al grupo de personas recuperadoras que “abandonaran y se retiraran de la recuperación para no generar conflictos”, según publicó UNIVERSIDAD el día de ayer.
Al respecto, Solano buscó salir al paso de la publicación y aseveró que “lo que ellos plantean, lo negamos rotundamente” y apuntó que los oficiales de Fuerza Pública “normalmente, es parte de su labor, tienen comunicación con todas las personas de la zona, incluso con los finqueros porque tratamos de ser mediadores en el conflicto y buscar una resolución alterna para evitar hacer uso de la fuerza en caso de que se de algún enfrentamiento o desorden entre partes”.
Este miércoles cerca del medio día en su cuenta de Twitter, el funcionario compartió esa publicación y expresó que “hemos pedido una rectificación al Semanario por esta noticia. Estos hechos no corresponden a la verdad y los negamos rotundamente. Lamentamos que no hayan querido obtener nuestra versión ni nuestro criterio”.
Con preocupación se le buscó cuando, poco antes de cumplirse dos horas de su publicación, aún no se había recibido ninguna solicitud de “rectificación”.
En lo que sí coincidió el Viceministro con el Consejo de mayores y mayoras Iriria Jtechö Wakpa, es en que se han presentado “dos momentos en que se ha dado concentración de personas no indígenas en la zona” y al respecto informó que “incluso llevamos ya una persona detenida que estaba en esas circunstancias y siempre se logró garantizar el orden público y la estabilidad de la zona sin llegar a ningún tipo de agresión entre personas”.
Aclaró entonces que “efectivamente se habla entre las partes y las personas que estaban ahí reunidas fueron abordadas por la policía, para también ver sus intenciones y sus objetivos y en el dado caso disuadir que estén en la zona, que se desconcentren, que se devuelvan para sus respectivos hogares”.
Así, Solano aseveró que “jamás la policía tiene indicaciones de decirle a los recuperadores que mermen sus recuperaciones o emitir criterios u opiniones políticas en torno a las situaciones que se presentan”. Añadió que “lo único que recibí, fue un mensaje de Whastapp con la foto de una de las cartas, pero es lo único que se ha venido presentando como comunicación de las personas recuperadoras conmigo”.
UNIVERSIDAD recibió copia de esa carta, en la que se le mencionó al funcionario en idénticos términos que los oficiales tras reunirse con las personas no indígenas habían hecho la mencionada solicitud al grupo de recuperación.
En todo caso, Solano aseguró que cada situación de este tipo “siempre es una atención prioritaria, porque hemos visto la conflictividad que se da en territorios indígenas y nuestra prioridad siempre es preservar la seguridad y la integridad de todas las personas. Siempre atendemos, si bien es una recuperación que no ha tenido la conflictividad y enfrentamientos de otra, queremos tener presencia para disuadir y evitar que eso se llegue a dar”.
Consecuencias de la impunidad
En junio del año pasado, ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Solano expresó un nivel de frustración con el Poder Judicial, en el sentido de que en tribunales personas no indígenas han logrado detener desalojos administrativos ordenados para sacar a personas no indígenas de los territorios.
En esta oportunidad se retomó el tema con el funcionario y expresó que “mantengo la posición expresada en ese momento, el Poder Judicial no ha estado a la altura de las circunstancia, si usted pregunta en Fiscalía cuántos expedientes de agresiones o amenazas han llegado a una simple acusación, estoy seguro que la cifra debe rondar el cero”.
Tras subrayar que “la protección individual de las personas es una responsabilidad de la Oficina de Atención a la Víctima, del Ministerio Público” y manifestar que “entiendo la lógica cuando todo el mundo señala el Ministerio de Seguridad Pública”, se quejó de que “los procedimientos agrarios son totalmente lentos, no avanzan, nosotros tenemos los desalojos administrativos en firme, listos, y son suspendidos por procedimientos que duran años en resolverse”.
Al respecto, detalló que ya son varios los casos de procedimientos agrarios en los que se impone la medida cautelar de suspender el desalojo administrativo, “pero nunca hay resolución en primera instancia y eso afecta el saneamiento que se quiere realizar desde el Poder Ejecutivo”.
Ante la pregunta de si la impunidad en el caso de Sergio Rojas -con todo y filtración del expediente- incide en un mayor nivel de tensión en las recuperaciones, Solano replicó que “sí, definitivamente, porque existe una frustración de parte de las personas indígenas sobre este expediente, sobre todo porque ha estado cerca de su archivo y es un tema que agrava el abandono del Estado que ellos perciben”.
