Irreconciliables visiones económicas chocan en propuestas para mitigar y superar COVID-19

Líderes empresariales, economistas ligados a partidos políticos, académicos, organizaciones sociales, centros de investigación y sindicatos acumulan propuestas sobre quiénes deben aportar y quiénes deben recibir durante la pandemia y su recesión.

Codiciadas son las sillas de consejeros, asesores y voceros que darán sus ideas para la pauta económica que seguirá el Gobierno hasta superar el COVID-19.

Desde marzo, el Consejo Económico recibe, por vías formales e informales, visiones de sectores empresariales que parece esgrimir ideas irreconciliables con las peticiones de los sectores “sociales”, entre ellos, académicos e investigadores.


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La ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Pilar Garrido, explicó a UNIVERSIDAD que el Consejo Económico está conformado por “los Ministerios de Hacienda, Agricultura y Ganadería, Economía, Industria y Comercio, de coordinación con el sector privado, Comercio Exterior (Comex) y de Planificación y Política Económica, por el Instituto Costarricense de Turismo y el por Banco Central de Costa Rica”. No obstante, negó información más detallada sobre el trabajo con otros actores.

Según comunicados de prensa de Presidencia, existen mesas con jerarcas de más de 10 cámaras empresariales por medio de Comex y, también, con un recién conformado Consejo Presidencial de Economía Social Solidaria (CPESS). El fin de semana, sindicatos y organizaciones del Encuentro Multisectorial reclamaron respaldo a empresarios y retiraron su vocería de las conversaciones.

La Unión Costarricense de Cámaras (UCCAEP) pidió recortar gasto público. Sin embargo, su presidente, declinó ampliar sobre esto.

“Le agradezco, pero estamos intensamente trabajando en este momento para ayudar al país”, dijo Álvaro Sáenz a este Semanario.

La semana pasada, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) propuso, junto con un inciso sobre reforma al empleo público, la aplicación de “testing” inmunológico masivo. Se buscó a su presidenta, Gisela Sánchez, para ampliar sobre el tema y no respondió llamadas telefónicas.

El economista Luis Paulino Vargas, presidente del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) explicó que los puntos de divergencia tienen que ver con empleo público y la privatización de instituciones.

“Un sector como el empresarial que pretende ser el que lidera Costa Rica, el sector al que todo el mundo tiene que consultarle para cualquier cosa, de alguna manera subvierte y destruye su liderazgo cuando asume una posición tan estrechamente gremialista”, ofreció Vargas como crítica.

El economista lidera una carta de peticiones con la firma de 25 profesionales en economía, dentro de los que se encuentan el diputado oficialista Welmer Ramos, la feminista y académica Ana Rosa Ruiz, el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, Mario Devandas.

Vargas expuso que su propuesta se trata de cuidar a la economía de grandes “heridas” como el desfinanciamiento de la CCSS y, también, mantener vivas a las empresas por medio de medidas que mantengan vivo el tejido productivo.


¿Qué propuestas existen fuera de las empresariales?

Sectores académicos, economistas independientes y sindicatos han presentados sus propuestas individuales sobre cómo debería el Gobierno priorizar sus acciones. Estos son sus grandes puntos en común.

Cuido para los vulnerables

La inversión en salud fue la cumbre de las primeras recomendaciones en respuesta ante el COVID-19. A finales de marzo, el Centro Internacional de Política Económica

para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), urgía que el Ministerio de Salud y la CCSS tuvieran suficientes recursos para gastos sanitarios de la pandemia “por el periodo que sea necesario”.

Antes de aprobar la Ley de Flexibilización Laboral, Cinpe solicitó un “fondo” para que micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sostuvieran el pago de su planilla, sin despidos.

El Observatorio Económico y Social (FES-OES), también de la UNA, solicitó dinero para salud y “transferencias no condicionadas” que lleguen a personas con trabajos informales, a desempleados y hogares que tengan problemas para lograr su subsistencia.

En abril, organizaciones sociales y sindicales que conforman el Encuentro Social Multisectorial pidieron la ampliación del programa Proteger, tanto en la cantidad de bonos disponibles como en el monto ofrecido –por ahora Gobierno ofrece mensualidades de ¢62.5000 o ¢125.000–, pues aseguraron que sus beneficiarios deberían recibir ¢250.000 mensuales “dado el costo de vida”.


Aliviar peso de deudas y gasto

Con créditos que ahogan hasta 64% del dinero de hogares costarricenses y frenan la producción de agricultores sobreendeudados, las propuestas el Encuentro Social Multisectorial pidieron “la definición de la tasa de usura” y, hasta ahora, el proyecto de ley que lo haría pasó su primer debate con un límite del 39% que beneficiaría, sobre todo, a tarjetahabientes.

El documento de la OES también solicitó el proyecto de usura e incluyó una carta dirigida al presidente de la República, firmada por 25 profesionales en Economía, quienes respaldan una moratoria crediticia de al menos seis meses, para familias y Pymes.

Esta carta propone “la reducción de los costos y comisiones de los datáfonos, el alivio o la posposición de los pagos de servicios públicos, y la disponibilidad de crédito en condiciones favorables”.

En línea con créditos favorables, la Cámara Nacional de Economía Social y Solidaria (Canaess) busca que las cooperativas sean acreedoras de Mipymes y organizaciones de economía social (proyecto de Ley 20.256) que, ahora, no pueden hacerlo porque solo benefician asociados con cédula física.

“Este proyecto terminaría dando una apertura para garantizar igualdad de condiciones de la banca privada y pública con las cooperativas de ahorro y crédito, con tasas muchísimo menores”, explicó la directora ejecutiva de Canaess, Montserrat Ruiz.

Pese a que se está gestando en la Asamblea Legislativa, las propuestas mencionadas no contemplan medidas para pagos de alquileres.


Tributos a quienes pueden pagarlos

Profesionales del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica pidieron un “fondo solidario” desde los 100 empresarios más ricos del país.

La definición de qué es “solidario” se complicó desde que el Ministro de Hacienda propuso un impuesto a salarios superiores al ¢1 millón y, luego, desdijo su propuesta.

No obstante, el Encuentro Social Multisectorial esbozó tres líneas fiscales. Primero, una Tasa Tobin a transacciones financieras que sean superiores a los $30.000. Segundo, un impuesto a las zonas francas, pues están exoneradas desde hace 30 años. Tercero, un gravamen con una renta “mundial” a las ganancias de personas y empresas generadas en el exterior y con una renta “global”, diferenciada, de los ingresos que tienen las personas y las empresas por su actividad en el país (el documento asegura que es un “pendiente que se tiene en el Congreso, de las recomendaciones que la Comisión especial legislativa de los Panama Papers dictó”).

El economista Francisco Esquivel agregó que debe modificarse temporalmente el impuesto de renta para salarios y pensiones superiores a los ¢4,3 millones (y así evitar crear un nuevo impuesto).

Caso contrario, 25 economistas pidieron al presidente que “personas, familias y sectores sociales en condiciones relativamente favorables deben aportar a fin de fortalecer y ampliar el Plan Proteger de su Gobierno”. Esta petición, por lo tanto, incluye los grandes salarios públicos y privados en la base contributiva.


Gasto público para crear trabajo

Los 25 economistas urgen que la recuperación de la economía necesita gasto público; para financiarlo, sugieren “financiamiento externo en condiciones blandas y de largo plazo”.

De acuerdo con esta misma carta dirigida a Carlos Alvarado, el Gobierno deberá diseñar un “programa de inversión pública muy ambicioso” que tenga una primera fase para generar rápidamente empleo.

En su propuesta de finales de marzo, el Cinpe incluía “una política agro-productiva y de seguridad alimentaria de carácter nacional” para beneficio de las personas trabajadoras rurales, lo cual fortalecería la existencia del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

Este mismo centro prevé que “el endeudamiento del Gobierno Central muy probablemente tendrá que aumentar a más del 60% del PIB” y pide la desaplicación de la regla fiscal durante dos años, para permitir el crecimiento del sector público.

De esta misma forma, la OES alertó al Gobierno que este “no es tiempo de austeridad en el gasto público” e invitó a mantener proyectos de construcción de infraestructura (o sea, proyectos que le dan empleo a trabajadores afectados social y económicamente por el COVID-19).

El economista Francisco Esquivel, por su parte, propuso que el crecimiento sea controlado por medio de  “la presupuestación por resultados (conocida como “performance budgeting” en los países de la OCDE)”.


Emisión de billetes desde BCCR

El uso de las Reservas Monetarias Internacionales es otro punto tenso en la conversación económica de la pandemia. Voceros de la propuesta demandan usar un porcentaje de los $8.000 millones que resguarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este argumento fue, originalmente, esgrimido por el expresidente José María Figueres Olsen en un video de Facebook y, también, por el exgerente del Banco Nacional, William Hayden.

Los investigadores del Cinpe respaldaron las afirmaciones de Hayden con el objetivo de que “una parte menor” se convierta en emisiones y se inyecte al “mercado local”; especificación que se incluye porque ya el BCCR anunció una emisión de ¢250.000 millones para compras de bonos de Gobierno en tenencia de operadoras de pensiones (entidades que necesitan los billetes para poder entregar Fondos de Capitalización Laboral a personas que están sin empleo).

Sobre el riesgo de la inflación, la carta de los 25 economistas ante el presidente se resiste en comparar este momento histórico con la recesión del gobierno de Rodrigo Carazo porque “en la actual realidad sociopolítica de Costa Rica no hay posibilidad alguna de que se dé lugar a una espiral precios-salarios”. Se espera que se genere una reactivación del empleo y, por esa razón, esos economistas también respaldan que el BCCR inyecte liquidez al país.


Reinventar la normalidad

La resolución de los problemas económicos de la pandemia dependen de varias etapas, coinciden las propuestas. A largo plazo, los 25 economistas le piden a Carlos Alvarado que exista una “refundación de la economía costarricense sobre bases profundamente renovadas”.

Entre esas bases, argumentan una economía “de alta productividad, respetuosa con la naturaleza, que genere muchos empleos y que distribuya el ingreso y la riqueza de forma muy equitativa”.

Una de las preocupaciones compartidas es mantener el sistema de salud pública robusto, pese a los embates que ha tenido en sus ingresos por contribuciones.

“El Estado deberá compensar los ingresos no percibidos a causa de un incremento en la informalidad o la merma en las contribuciones a la seguridad social por causa del mayor desempleo”, asegura Canaess en una lista de peticiones.

OES señala que se deberá crear empleo desde la economía social, desde el emprendimiento respaldado por instituciones, para que disminuya la informalidad; asimismo, que exista una economía circular y colaborativa, que no esté monopolizada por empresas que crecen con el lucro. En esta línea, OES sugiere regular plataformas como Uber y Airbnb porque hay que “formalizar a las personas ‘colaboradoras’ que en realidad trabajan para estas empresas” y necesitan cumplimiento de sus derechos laborales.

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