El Instituto Nacional de Urbanismo (INVU) afirmó que el Plan Regulador Costero de Talamanca-Distrito Cahuita “debe ser ajustado” según la resolución de la Sala Constitucional, que ordenó al Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C) del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) actualizar la delimitación del Patrimonio Natural del Estado (PNE).
Así, lo aseguró la Defensoría de los Habitantes en un comunicado difundido este jueves.
La Sala Constitucional ordenó a la Municipalidad de Talamanca y al INVU ajustar la zonificación del Plan Regulador a esta nueva delimitación del PNE. Según la Defensoría, la Municipalidad y el INVU están esperando que el ACLA-C “desarrolle lo que le corresponde, para poder establecer un plan de trabajo y un cronograma de actividades que nos permitan ajustar la propuesta”.
La Defensoría de los Habitantes comunicó lo anterior, en seguimiento a la investigación que realiza sobre el proceso del Plan Regulador, impulsado por la administración Chaves Robles, y aprobado en setiembre de 2023 por el Concejo Municipal de Talamanca.
Lo que ordenó la Sala Constitucional
Como ha reportado UNIVERSIDAD, en el Plan Regulador Costero no se marcan ni delimitan los humedales incluidos en el informe “Caracterización y delimitación de humedales en la zona marítimo terrestre del litoral del cantón de Talamanca”, de 2021. Este informe registraba poco más de 165 hectáreas de humedales en la franja entre Manzanillo y Cahuita, que no están siendo incluidas como áreas de protección en el Plan Regulador, sino que se permite el desarrollo turístico en los puntos donde se ubican.
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En el Plan Regulador Costero, impulsado por el presidente y el ministro de Ambiente, no se incluyen todos los humedales como áreas de protección, sino que se permite el desarrollo turístico en los puntos donde se ubican.
Esta denuncia llegó hasta la Sala Constitucional, este año, por un recurso de amparo interpuesto por el vecino de Limón, Marco Levy, que fue resuelto el 16 de febrero pasado. La Sala IV ordenó a Maylin Mora Arias, directora a. i. del ACLA-C complementar la certificación de PNE en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) del cantón de Talamanca con el informe de humedales de 2021. Asimismo, ordenó al INVU y al Alcalde Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, incorporar la actualización en el Plan Regulador.
Sin embargo, esta resolución no se cumplió, por lo que Levy interpuso otro recurso de amparo. El 26 de abril, la Sala IV ordenó nuevamente a Mora acatar la orden. Finalmente, el 17 de mayo el Sinac envió un informe a la Sala IV, en el que solo delimitó 73 hectáreas de humedales, reduciendo el área en un 45% en comparación con las de 2021. El 19 de julio pasado, la fracción de Frente Amplio interpuso una gestión de desobediencia e incumplimiento de lo ordenado por la Sala IV en febrero de este año.
No se ha cumplido resolución de 2019
La Defensoría de los Habitantes también alertó que “llama la atención que las distintas instituciones consultadas por la Defensoría sobre el trámite actual del Plan Regulador, externaron criterios que no se corresponden entre sí”.
Asimismo, la Defensoría reiteró que “las instituciones involucradas en la elaboración del Plan Regulador Costero Talamanca – Distrito Cahuita, elaboraron un plan regulador a partir de la ley 9223, que la Sala Constitucional declaró inconstitucional en el año 2019, y que a la fecha, continúa sin cumplir con dicha resolución”.
A principios de setiembre, la Sala Constitucional ordenó al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, y al director a.i. del Sinac David Chavarría Morales, que de inmediato acaten la resolución de la Sala IV de 2019, con respecto a las áreas boscosas de las hectáreas que fueron excluidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca- Manzanillo mediante la cuestionada ley 9223, aprobada en 2014.
La Sala IV reconoció en esta resolución que la sentencia de la Sala de 2019 no ha sido cumplida, a pesar de que en reiteradas ocasiones las autoridades del Minae y del ACLA-C han insistido en que ya fue cumplida.
El 10 de marzo de 2014 se aprobó la Ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, o Ley “Céspedes”, que redujo la superficie del Refugio en 406.32 hectáreas. La ley excluyó de sus límites una franja costera que se extiende aproximadamente entre la desembocadura del río Cocles y la desembocadura del río Rojo o Willy Creek.
La Defensoría recalcó que “en virtud del incumplimiento en que han incurrido otras instituciones respecto de la delimitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, y del consiguiente desacato de las sentencias 12745-2019, 3959-2024, 4692-2024, 10951-2024 y 26300-2024 emitidas por la Sala Constitucional”, alertó al Concejo Municipal de Talamanca “suspender cualquier acto de aprobación” del Plan Regulador “hasta tanto no se haya cumplido con la debida delimitación de ese Refugio natural”.
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La Sala Constitucional constató el incumplimiento de la sentencia de 2019, contradiciendo lo que ha asegurado el ministro en numerosas ocasiones.
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El diputado Ariel Robles informó que sumarán esto a una investigación sobre el plan regulador y las personas que lo impulsaron y que tenían intereses directos en la zona marítimo terrestre.
