Investigan empresas de vicepresidente de La Nación por posible defraudación fiscal

Fiscalía allanó además Catsa. Se investiga  la manipulación del valor de sus activos  industriales.

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos realizó un allanamiento en el Bufete Lex Counsel  en Escazú, que representa legalmente a las em- presas Orax S.A y Torre Verde del Alba S.A,  controladas por el vicepresidente de La Nación, Fernán  Vargas Rohrmoser.

Según informó el Ministerio Público, el delito que se  investiga es el de defraudación fiscal tributaria, por lo que  las autoridades buscaban prueba documental del caso.

La fiscalía detalló que con estas empresas se habría  ideado un plan para evadir el pago del impuesto sobre  las remesas al exterior, en el que Torre Verde del Alba  traspasó el 100% de sus acciones a una empresa domiciliada en Panamá, y un mes después, Orax S.A. hizo  el mismo movimiento a esa sociedad en el extranjero.

“Esa tercera compañía, según se investiga, habría  transferido de manera inmediata las acciones a la em- presa Torre del Alba, como un aporte extraordinario  de capital.

Posteriormente, Torre Verde del Alba S.A.  habría devuelto en efectivo el pago del aporte del capital  a la empresa extranjera”, explicó la Fiscalía.  Según la denuncia, mediante estos movimientos el  dinero salió del país como un “aporte de capital”, evitando  así el pago del 15% del impuesto a las remesas.

El diario La Nación publicó en su sitio web que las  empresas de Vargas habrían evadido con este mecanismo  unos 4.200 millones de colones entre 2010 y 2014.

UNIVERSIDAD contactó al abogado de Fernán Vargas  Rohrmoser y de las empresas en investigación, Carlos  Tiffer; confirmó que Fernán Vargas está al frente de las  compañías en investigación y aseguró que se trata de un  diferendo con la administración tributaria con respecto  a unos fondos que fueron transferidos y aclaró que Grupo  Nación como empresa no está involucrado en el asunto.

Tiffer aseguró que no es representante de la empresa  panameña y aseguró que al ser un proceso en investi- gación no podía comentar si Vargas era el beneficiario  final de los fondos que se movieron en este caso.

Añadió que las empresas se dedican a “actividades  económicas y financieras totalmente lícitas”, relacionadas con las actividades comerciales de Vargas.

PAPELES DE PANAMÁ

Una de las empresas que está bajo la investigación  del Ministerio Público, Orax S.A., figura también en  los registros filtrados por el Consorcio Internacional  de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, se documentan las gestiones de Corporación Aldesa  para crear un fondo con domicilio panameño para, desde  allá, invertir en un proyecto inmobiliario en el Golfo  de Papagayo.

Aldesa pidió a Mossack Fonseca buscar un meca- nismo legal para emitir bonos de deuda en privado, sin  dejar registro de esos inversionistas de Costa Rica en  el registro público panameño.

Entre esos inversionistas se documenta a Orax S.A. como adherente  al fideicomiso, se indica que su re- presentante es Fernán Vargas Rohrmoser y se detalla que el monto de la  inversión fue de $100.000.  Javier Chaves Bolaños de Corporación Aldesa aseguró a UNIVERSIDAD que se trató de una operación  completamente legal que no repre- sentó ningún beneficio fiscal.

CATSA  De manera simultánea el Ministerio Público investiga una denuncia  presentada por la Administración  Tributaria por el delito de defraudación fiscal tributaria en contra de  la Central Azucarera de Tempisque  S.A. (Catsa), ubicada en Nacascolo,  Liberia, Guanacaste.

El caso corresponde a una denun- cia presentada por la Administración  Tributaria, en la que se señaló que  la compañía efectuó una maniobra  que conllevó a la manipulación del  valor de sus activos industriales,  asignándole un valor superior por  medio de un avalúo, para inmediatamente cederlos a las empresas vinculadas: Cogeneración del Tempisque  S.A. (Cotsa), Refinadora de Azúcar  Tempisque S.A. (Ratsa) y Serviazúcar, para firmar de forma inmediata  contratos de arrendamiento sobre  esos activos.

Según la investigación, ello le  permitió a Catsa deducirse un gasto  por alquiler en lugar de un gasto por  depreciación, como lo venía haciendo  anteriormente, con lo cual logró disminuir la base imponible y por ende  cancelar menos dinero por concepto  de impuesto sobre las utilidades; en  virtud de que la depreciación de algunos de estos activos industriales,  en libros ya se encontraban en cero,  y por ende no podía hacer uso de  este beneficio.

Posteriormente, de acuerdo con  la denuncia, Catsa absorbe a sus  vinculadas, con lo cual los activos  industriales vuelven a su dominio,  pero con un valor mucho mayor debido al avalúo realizado y nuevamente  empieza a depreciarlos, ahora  ese nuevo valor.