Fiscalía allanó además Catsa. Se investiga la manipulación del valor de sus activos industriales.
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos realizó un allanamiento en el Bufete Lex Counsel en Escazú, que representa legalmente a las em- presas Orax S.A y Torre Verde del Alba S.A, controladas por el vicepresidente de La Nación, Fernán Vargas Rohrmoser.
Según informó el Ministerio Público, el delito que se investiga es el de defraudación fiscal tributaria, por lo que las autoridades buscaban prueba documental del caso.
La fiscalía detalló que con estas empresas se habría ideado un plan para evadir el pago del impuesto sobre las remesas al exterior, en el que Torre Verde del Alba traspasó el 100% de sus acciones a una empresa domiciliada en Panamá, y un mes después, Orax S.A. hizo el mismo movimiento a esa sociedad en el extranjero.
“Esa tercera compañía, según se investiga, habría transferido de manera inmediata las acciones a la em- presa Torre del Alba, como un aporte extraordinario de capital.
Posteriormente, Torre Verde del Alba S.A. habría devuelto en efectivo el pago del aporte del capital a la empresa extranjera”, explicó la Fiscalía. Según la denuncia, mediante estos movimientos el dinero salió del país como un “aporte de capital”, evitando así el pago del 15% del impuesto a las remesas.
El diario La Nación publicó en su sitio web que las empresas de Vargas habrían evadido con este mecanismo unos 4.200 millones de colones entre 2010 y 2014.
UNIVERSIDAD contactó al abogado de Fernán Vargas Rohrmoser y de las empresas en investigación, Carlos Tiffer; confirmó que Fernán Vargas está al frente de las compañías en investigación y aseguró que se trata de un diferendo con la administración tributaria con respecto a unos fondos que fueron transferidos y aclaró que Grupo Nación como empresa no está involucrado en el asunto.
Tiffer aseguró que no es representante de la empresa panameña y aseguró que al ser un proceso en investi- gación no podía comentar si Vargas era el beneficiario final de los fondos que se movieron en este caso.
Añadió que las empresas se dedican a “actividades económicas y financieras totalmente lícitas”, relacionadas con las actividades comerciales de Vargas.
PAPELES DE PANAMÁ
Una de las empresas que está bajo la investigación del Ministerio Público, Orax S.A., figura también en los registros filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En los archivos del bufete panameño Mossack Fonseca, se documentan las gestiones de Corporación Aldesa para crear un fondo con domicilio panameño para, desde allá, invertir en un proyecto inmobiliario en el Golfo de Papagayo.
Aldesa pidió a Mossack Fonseca buscar un meca- nismo legal para emitir bonos de deuda en privado, sin dejar registro de esos inversionistas de Costa Rica en el registro público panameño.
Entre esos inversionistas se documenta a Orax S.A. como adherente al fideicomiso, se indica que su re- presentante es Fernán Vargas Rohrmoser y se detalla que el monto de la inversión fue de $100.000. Javier Chaves Bolaños de Corporación Aldesa aseguró a UNIVERSIDAD que se trató de una operación completamente legal que no repre- sentó ningún beneficio fiscal.
CATSA De manera simultánea el Ministerio Público investiga una denuncia presentada por la Administración Tributaria por el delito de defraudación fiscal tributaria en contra de la Central Azucarera de Tempisque S.A. (Catsa), ubicada en Nacascolo, Liberia, Guanacaste.
El caso corresponde a una denun- cia presentada por la Administración Tributaria, en la que se señaló que la compañía efectuó una maniobra que conllevó a la manipulación del valor de sus activos industriales, asignándole un valor superior por medio de un avalúo, para inmediatamente cederlos a las empresas vinculadas: Cogeneración del Tempisque S.A. (Cotsa), Refinadora de Azúcar Tempisque S.A. (Ratsa) y Serviazúcar, para firmar de forma inmediata contratos de arrendamiento sobre esos activos.
Según la investigación, ello le permitió a Catsa deducirse un gasto por alquiler en lugar de un gasto por depreciación, como lo venía haciendo anteriormente, con lo cual logró disminuir la base imponible y por ende cancelar menos dinero por concepto de impuesto sobre las utilidades; en virtud de que la depreciación de algunos de estos activos industriales, en libros ya se encontraban en cero, y por ende no podía hacer uso de este beneficio.
Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, Catsa absorbe a sus vinculadas, con lo cual los activos industriales vuelven a su dominio, pero con un valor mucho mayor debido al avalúo realizado y nuevamente empieza a depreciarlos, ahora ese nuevo valor.
