Una investigación legislativa dio por probable la existencia de un fraude con piña convencional exportada como orgánica con concurso de funcionarios públicos y agencias certificadoras privadas, y recomendó al plenario enviar el informe al Ministerio Público (MP) para que se investiguen presuntos delitos.
Al finalizar su periodo, la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la anterior Asamblea Legislativa investigó denuncias acerca de la supuesta colocación en el mercado internacional de piña convencional como si fuera orgánica y aprobó el informe 20.702.
El informe documenta anomalías acaecidas en los procesos de transición a producción orgánica y operación de las empresas del grupo Valle Verde Corp S.A., denunciadas por miembros de la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro). Asimismo, enumera situaciones de falso testimonio y otros posibles delitos de parte de comparecientes ante la comisión, los cuales deberían ser investigados por el MP, a juicio de los diputados.
El traslado al MP de un caso investigado en una comisión legislativa debe ser aprobado por el plenario de los diputados.
El informe involucró a Luis Felipe Arauz, ministro saliente de Agricultura y Ganadera (MAG); la viceministra Ivannia Quesada y a funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y de ARAO, oficina responsable del registro y control de la agricultura orgánica. En este documento, se pide que se investigue un posible incumplimiento de deberes, entre otros posibles delitos.
El SFE es la entidad que maneja el programa de fomento de la agricultura orgánica y entrega las acreditaciones de ese tipo de producción.
En nota dirigida a la comisión legislativa, Arauz rechazó que haya incumplido su responsabilidad como ministro ante la denuncia sobre la supuesta irregularidad con la piña orgánica. Insistió que hubo una investigación administrativa a cargo del FSE –órgano desconcentrado al que le correspondía hacerla–, en la que no se comprobó la irregularidad denunciada. El caso pasó a la vía contencioso administrativa donde se debe resolver y, según alegó, él no ha intervenido en el proceso, respetuoso de la legalidad.
Por su parte, la exvicemistra Quesada expresó total disconformidad con el informe de la comisión, al considerar que violó los principios constitucionales de derecho de defensa y debido proceso, ya que no se les trasladó anticipadamente los cargos que se les hacía.
En su criterio, la recomendación de los diputados no tiene fundamentación, dado que no se comprobó la existencia de exportaciones fraudulentas de piña convencional como orgánica a Europa y Estados Unidos.
Por el contrario, quedó comprobado que el MAG y el SFE han ejercido sus competencias conforme ordena la ley, al abrir las investigaciones respectivas, de las cuales una dio resultado negativo en cuanto a la exportación de piña convencional como orgánica y la otra ordenó remitir el expediente a ARAO para que procediera conforme a la normativa vigente, afirmó Quesada.
La pesquisa sobre la piña orgánica vino luego de que en el 2015 y 2016 productores miembros de Canagro pidieron investigar la presunta exportación de más piña orgánica de la que se estaría produciendo en el país, a raíz de una alerta dada por autoridades de agricultura orgánica estadounidenses.
El SFE, dirigido entonces por Francisco Dall´Anesse, ordenó inicialmente una investigación que encontró irregularidades en exportaciones de Jugos y Congelados Valle Verde y le suspendió el certificado, medida que posteriormente fue revocada.
Luego otra investigación halló que a las empresas del grupo Valle Verde se les otorgaron las certificaciones orgánicas en un tiempo menor a los tres años del periodo de transición, entre otras irregularidades en el proceso y los controles.
Sin embargo, ese informe fue desestimado en el SFE bajo la nueva dirección de Marco Vinicio Jiménez. Asimismo, el funcionario que hizo la investigación, José Miguel Jiménez, fue acusado de haber compartido información confidencial con competidores de Valle Verde y, por lo tanto, fue sancionado, proceso que, según los diputados, debería ser investigado por el MP.
Entre otras conclusiones, el informe legislativo destaca que hay debilidades en los sistemas de control por parte del MAG y del SFE, y en los programas para la certificación de agricultura orgánica, por lo que se debe revisar la autorización y el trabajo de las empresas privadas que auditan para la concesión de certificados.
ÉTICA
Luis Barrantes, apoderado del grupo Valle Verde Corp S.A. y Jugos y Congelados Valle Verde, presentó ante la Procuraduría de la Ética una denuncia contra los exdiputados que votaron a favor del informe en la comisión legislativa: Francisco Camacho (Partido Frente Amplio), Otto Guevara (Movimiento Libertario), Julio Rojas (Liberación Nacional) y Víctor Morales (Independiente).
Tráfico de influencias y fraude de Ley es la acusación que les hace el empresario, al considerar que la investigación estuvo parcializada a favor de Canagro.
La denuncia incluye a Olman Briceño, directivo del Banco Nacional y de Canagro ligado a Frutera La Paz (empresa exportadora de piña orgánica); al exdirector del SFE, Francisco Dall´Anesse, y al investigador José Miguel Jiménez.
Entre otros puntos, Barrantes reclamó que la comisión ignoró los testimonios de expertos ofrecidos en las comparecencias y no se refirió a la denuncia donde se señalaba que entre el año 2013 y el 2016 Frutera La Paz envió varios cargamentos de piña orgánica a Estados Unido sin tener entonces registro orgánico.
El exdiputado Camacho reaccionó a la acusación contra los diputados, indicando que la investigación de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos fue realizada de manera profesional, basada en informes de auditoría, informes técnicos y declaraciones, y toda la prueba fue correctamente incorporada en los anexos del informe.
“El insinuar que yo, en mi calidad de legislador, recibí algún tipo de dádiva para ejercer mi deber de control político es injurioso y calumnioso. Nunca recibí un colón de nadie, aunque sí incomodé a más de uno con mis denuncias. Pero me siento orgulloso de haber ejercido mi labor sin temor a presiones que pretendieron silenciarme”, indicó.
El representante de la empresa certificadora Kiwa BCS y exrepresentante de Primus Labs (empresa que certificó a Valle Verde), Humberto González, a quien los diputados pidieron investigar por falso testimonio, catalogó de manipulado y parcializado el informe, “porque no mencionan ninguna de la información que presentamos nosotros, donde se demuestra cómo fue que se hizo” (el proceso de certificación).
“Me atrevería a decir que (el informe) lo hizo alguien de Canagro, porque los diputados no tienen la capacidad técnica para poder hacer ese tipo de conclusiones que ya las venía sacando gente de Canagro”, afirmó.
González dijo que sostiene las declaraciones que dio en la comisión, las cuales fueron manipuladas. Añadió que emitió el certificado conforme a las normas correspondientes, pero ahora hay un ataque con el objeto de desprestigiarlo a él y a su empresa, y se preguntó por qué.
Para él, se debe investigar cuál es el interés particular que tenían los cuatro diputados en hacer ese informe, ya que, en su criterio, no es más que el interés particular de La Paz, empresa competidora de Valle Verde.
Contraria es la opinión de Olman Briceño, de Canagro, quien dijo estar gratamente sorprendido con el informe legislativo, pues está “bien documentado y referenciado”.
“Se ve que los diputados no se quedaron únicamente en que lo llegaron a decir los comparecientes, sino que hicieron una valoración de la prueba que tenían en el expediente, donde se observa que la prueba de descargo que presentaron los denunciados eran mentiras”, afirmó.
Los legisladores se tomaron el tiempo de ver el informe del investigador del FSE, José Miguel Jiménez, al que calificaron como un documento muy sólido, a diferencia de la resolución en la que autoridades del MAG sancionaron al funcionario y lo acusaron de subjetivo, pero donde no se ve análisis ni pruebas referenciadas, sostuvo Briceño.
Óscar Salas, director ejecutivo de Canagro, dijo que la investigación legislativa deja claro que es probable la existencia de un fraude con piña orgánica y la implicación de funcionarios.
“La investigación distingue una serie de probables delitos como falsedad ideológica, falso testimonio, incumplimiento de deberes y otros. Lo que cabe ahora es esperar a que el MP desarrolle las investigaciones con la rigurosidad que la gravedad del caso amerita y que se sienten las responsabilidades”, aseveró.
Para Salas la denuncia contra los diputados es una maniobra para exhibirla ante la prensa y desviar la atención de una investigación que deja mal parados a los denunciados.
Admitió que los diputados se basaron en la prueba que aportó Canagro y eso significa que en la Cámara dedicaron mucho tiempo revisando documento por documento y ordenando las pruebas para que los diputados valoran. “Si la otra parte se durmió y no hizo la tarea, que no diga ahora que es que los legisladores se parcializaron y los acusen”, consideró.
DEBILIDADES
La pesquisa legislativa concluyó que tanto el MAG como el SFE muestran debilidades en el ejercicio de la fiscalización de la agricultura orgánica en el país; que las autoridades no manejan información básica para implementar planes de trabajo y sistemas de control en este campo, y que no existe coordinación apropiada con el principal socio comercial, Estados Unidos, para poder atender situaciones de fraude y anomalías.
Asimismo, la comisión consideró que la relaciones de subordinación y control de las agencias certificadoras involucradas en los hechos se percibe como prácticamente inexistente. Esto genera la sensación de que pueden actuar a su libre voluntad en un entorno que facilita un potencial conflicto de intereses, ya que el pago de los servicios de estas certificadoras corre a cargo del operador fiscalizado.
A la vez recomienda remitir al MP una copia del expediente legislativo y del informe para que investigue si los hechos descritos podrían constituir el delito de incumplimiento de deberes o abuso de autoridad en los casos de Luis Felipe Arauz e Ivannia Quesada, ministro y viceministra el MAG, y del director del SFE Marco Vinicio Jiménez, entre otros.
En un comunicado, el MAG lamentó que este asunto se trasladara al ámbito político, fuera de las vías administrativas y judiciales establecidas, pues pone en riesgo la credibilidad de la producción orgánica del país.
Afirmó que los diputados en su informe no logran comprobar la existencia de exportaciones fraudulentas de piña convencional como orgánica a Europa y Estados Unidos.
El MAG remitió una copia de una nota enviada por Arauz a la comisión legislativa, donde rechaza que haya evadido responsabilidad como ministro en el proceso de la investigación alrededor del fraude denunciado y reitera que se hizo una investigación administrativa a cargo del FSE. Al agotarse esta, el asunto pasó a la vía contencioso administrativa donde debe resolverse, indicó en referencia a una demanda planteada por Canagro.
Con droga
En días recientes, cadenas de televisión extranjeras han puesto el foco sobre la producción piñera de Costa Rica, vinculándola a operaciones de narcotráfico colombiano y problemas ambientales y sociales causados por la actividad piñera y el uso de agroquímicos tóxicos.
Esto ocurre después de que han aumentado las capturas de cargamentos de cocaína camuflada en contenedores de piña de Costa Rica que iban a Europa. El evento más reciente fue un decomiso de 7500 kilos en Miami, Estados Unidos.
En un reportaje, el programa Testigo Directo, de la cadena Caracol de Colombia, reveló cómo la cocaína producida en el país sudamericano es traída a Costa Rica para camuflar la droga entre la fruta.
El director de la Policía Fiscal Costarricense, Irwing Malespín, reconoció en el reportaje que la producción ha sido prácticamente acaparada por los grupos narcos; que no están funcionando los escaners en los puertos y que algunos miembros de la policía que inspeccionan en las aduanas y los puertos se han dejado corromper.
A su vez, un documental de la televisión pública alemana Deutsche Welle mostró una serie de daños ambientales y de salud pública que dejan los cultivos de piña en Costa Rica.
En la producción de piña se emplean agroquímicos que dañan la salud, información que se oculta a los consumidores en Europa, según el reportaje.
Un equipo visitó el país y evidenció situaciones de tala de árboles, excesivo uso de agroquímicos, contaminación de agua, afectación de la ganadería y explotación laboral en las fincas, entre otros problemas.
