Comprometedoras debilidades en el registro y supervisión de la producción y exportación de vegetales orgánicos salieron a relucir y causaron preocupación a los diputados de la Comisión de control de ingreso y gasto público que investiga denuncias sobre un presunto fraude con exportación de falsa piña orgánica.
Surgieron cuestionamientos durante el curso de las audiencias de la comisión, donde trascendió, por ejemplo, que en el país es posible exportar fruta orgánica sin pasar por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), ente encargado del registro y control de la agricultura orgánica.
Además, se dio a conocer que la oficina del SFE encargada de supervisar los registros y certificaciones de agricultura orgánica solo cuenta con tres funcionarios, sobrepasados con la tarea de supervisar fincas y certificaciones en unas 9000 hectáreas de cultivos orgánicos existentes en el país.
Por otra parte, se supo que no hay un registro fiable que permita determinar con certeza cuánta piña convencional y cuánta orgánica está saliendo. Asimismo, las normas que rigen los productos orgánicos en Costa Rica no son las mismas que tiene Estados Unidos y en el país se permite realizar exportaciones que cumplan la normativa norteamericana aunque incumplan la legislación costarricense.
Algunos legisladores cuestionaron si el Estado protege a los productores ante la posibilidad de un comercio desleal con productos que no cumplen los requisitos como orgánicos, pero que son exportados como tales a otros mercados.
Una subcomisión rendirá un informe para determinar la responsabilidad de las instituciones públicas en la materia y recomendar medidas correctivas de las fallas.
La investigación legislativa se inició por las quejas que interpuso la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) sobre un presunto fraude con piña orgánica falsa exportada a Estados Unidos.
Miembros de Canagro acusan a las empresas del grupo Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados, y Jugos del Valle Verde S.A., ubicadas en Pital de San Carlos, de exportar piña tradicional haciéndola pasar por orgánica, con base en certificaciones cuestionables.
Uno de los comparecientes fue el ingeniero agrónomo José Miguel Jiménez, supervisor de agricultura orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a quien en el 2016 el entonces director del SFE, Francisco Dall’Anese, le encomendó investigar alertas sobre un supuesto excedente de piña orgánica.
En su investigación concluyó que Del Valle Verde Corp S.A. había exportado contenedores en los que se mezclaba fruta orgánica y convencional.
En la información suministrada por la empresa, Jiménez encontró inconsistencias en el manejo agrícola, como la falta de análisis químicos, la variación en el tamaño, la ubicación de fincas en transición a orgánicas y el cierre de periodos de transición mucho antes de lo estipulado.
Sus informes inculparon a las empresas certificadoras PrimusLabs, de Estados Unidos, y la alemana Kiwa BCS de haber certificado a la empresa a pesar de las irregularidades e inconsistencias que había en la documentación.
Con base en los hallazgos, Dall’Anese suspendió la certificación orgánica de la planta procesadora de Valle Verde Corp S.A., pero su sucesor dio marcha atrás en la suspensión ante el alegato de que no se había respetado el debido proceso.
Jiménez fue acusado de compartir con un competidor de Valle Verde Corp S.A. datos de la investigación que supuestamente eran confidenciales y, por ello, fue suspendido por ocho días sin goce de salario. Sin embargo, el funcionario niega que se tratara de información confidencial. El informe de 1500 páginas que entregó fue calificado de subjetivo y superficial, y las autoridades del MAG lo engavetaron sin mayores consecuencias a pesar de las irregularidades detectadas.
En la comparecencia los representantes de las empresas denunciadas se centraron en cuestionar la idoneidad de Jiménez para hacer la investigación y en pedir que se investigue su actuación por presunta parcialidad a favor de un competidor en el negocio de la piña.
En la misma línea de cuestionar las credenciales técnicas de Jiménez para realizar el estudio, se pronunciaron los representantes de las certificadoras, tras sostener que los procesos de certificaciones se cumplieron paso a paso de acuerdo con las normas.
Olman Briceño, miembro de Canagro, replicó que “lo que están haciendo estos señores es tapando lo que Luis Miguel Jiménez logró determinar: que ahí no había un proyecto orgánico”.
¿CONFLICTO DE INTERÉS?
Christian Herrera, gerente de Proagro, una cooperativa de agricultores orgánicos del norte del país, afirmó a UNIVERSIDAD que “ahora tenemos las organizaciones certificadoras privadas como un negocio fuerte tratando de desacreditar al investigador del MAG, para ellos justificar los trabajos que están haciendo. Ahí hay un conflicto de intereses seriesísimo”.
A eso se añade que Arao (el órgano del SFE que registra y fiscaliza la agricultura orgánica) no puede por si solo cumplir con la supervisión que están pidiendo los productores afectados por el fraude, pues son tres funcionarios para 9000 hectáreas de toda la agricultura orgánica.
En cuanto al señalamiento de conflicto de interés en el sistema de acreditación, donde las empresas escogen y pagan la agencia para que las acredite, el anterior representante de Primus Labs y actual gerente de Kiwa BCS, Humberto Gonnzalez, dijo a UNIVERSIDAD que así es como está establecida y funciona la certificación: el cliente le paga a la certificadora y el que acredita a la certificadora es un organismo internacional.
“Sobre nosotros hay otros organismos que se encargan de verificar el cumplimiento. Entre esos, está el Arao, que verifica que todo se cumpla adecuadamente”, indicó.
Adriana Chacón, actual gerente de Primus Labs, resaltó que la certificación es voluntaria, dado que el cliente decide si va una agencia u otra, o si no se certifica.
“El pago depende del tipo de certificación que quiera tener y hay una tabla de precios establecida por Arao con la que tenemos que regirnos todos”, refirió Chacón, tras negar la afirmación de que las certificadoras cobran bonificación según el volumen del negocio que se certifica.
CASO CERRADO
El reportero Richard Read, ganador de premios Pulitzer, publicó una serie de reportajes en Estados Unidos criticando el carpetazo que el programa de agricultura orgánica del Departamento de Agricultura (USDA, en inglés) dio al cerrar abruptamente el caso del presunto chanchullo con piña orgánica en Costa Rica, sin hacer una investigación directa. Esta decisión se tomó con base en los reportes que le dieron las certificadoras, de que no había irregularidades, afirmó.
En una investigación, Read puso la actuación en este caso y en otros reseñados en medios estadounidenses como ejemplos de inoperancia y falta de capacidad del USDA para impedir los fraudes, tomando en cuenta que su escaso personal está abrumado de trabajo (solo tiene cinco oficiales de cumplimiento para hacer las investigaciones).
Con un proceso de certificación plagado de errores, la agencia permite la llegada de productos falsos a los estantes y, así, engaña a los consumidores estadounidenses, quienes pagan mucho más al confiar en el sello de certificado orgánico avalado por el USDA, apuntó Read en Nerdwallet, un portal especializado en información y asesoría a consumidores.
La agencia federal cerró el caso de manera abrupta el verano pasado, en un intento de reducir la cola de trabajo pendiente, y en su memorándum final no se hizo mención de las conclusiones extensamente documentadas del investigador del Ministerio de Agricultura de Costa Rica. El USDA no solo le permitió a la empresa agrícola Valle Verde Corp S.A. escoger a (la certificadora) y pagarle por la certificación orgánica –un conflicto de intereses permitido por las normas federales–, sino que también la agencia le asignó al certificador acusado la tarea de declarar que su cliente no había hecho nada malo, escribió Read.
Si el USDA no actuó al presentársele evidencia contundente de fraude, ¿cómo pueden los consumidores estar seguros de que la agencia controlará los $43.000 millones anuales en alimentos certificados orgánicos? La respuesta es que no se puede confiar en el sistema, anotó Read tras mencionar otros fraudes con alimentos orgánicos reportados en Estados Unidos, incluido uno destapado en el 2014 con piña convencional que se introdujo con etiqueta ecológica. En esa ocasión, aunque se descubrió el engaño, nadie fue sancionado, relató el periodista.
