Tres inversionistas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Servidores Públicos, R.L. (Coopeservidores), remitieron el pasado 3 de febrero una nota al resolutor de la cooperativa, Marco Hernández, pidiendo explicaciones por el manejo de la crisis de la entidad, los pagos realizados y aún no realizados, y el no uso del Fondo de Garantía de Depósitos.
Los tres afiliados a la cooperativa, todos de apellido Marín, acudieron a Hernández preocupados pues consideran que su patrimonio “se encuentra en serio riesgo”, por lo que quieren conocer la estructura definida para la liquidación de la cooperativa y verificar que las actuaciones estén conforme a a ley.
Cabe recordar que el 13 de mayo del 2024, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Coopeservidores, pues decisiones de su administración ponían en riesgo su estabilidad y solvencia.
Seguidamente, en junio, ese mismo consejo determinó que Coopeservidores era inviable, dando dar por terminada la intervención e iniciando el proceso de resolución, que implicó la venta de carteras y ha representado el pago de algunas obligaciones.
También es pertinente mencionar que un análisis de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de 2016 evidenció que la cartera de crédito de la cooperativa se había reducido en ₡14.050 millones entre 2009 y 2016, y que la entidad supervisora sabía de la situación, aunque fue hasta años después que ordenó su intervención.
Cabe recordar que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tiene abierta una causa para investigar las actuaciones del Conassif y de la Sugef por este caso, por presunto delito de incumplimiento de deberes.
Ahora, los mencionados inversionistas analizaron la legislación vigente, incluyendo la Ley de Regulación de Intermediación Financiera, la Ley Orgánica del Banco Central, la Ley del Fondo de Garantías y Ahorros, y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para cuestionar las actuaciones del resolutor.
Primero, realizaron consultas sobre el rol de la Federación de Cooperativas y la Sugef para garantizar la existencia y posterior uso de reservas en Coopeservidores. Seguidamente preguntaron cuáles figuras legales se usaron para la resolución, siendo que la ley establece el uso de una entidad puente y la figura de fideicomiso para salvaguardar los recursos.
También solicitaron los planes de resolución que de acuerdo con la normativa el interventor debió presentar cuando se determinó la resolución, y pidieron que se les detalle los gastos administrativos en los que hasta ahora se ha incurrido por el proceso y que se tendrán que pagar con el patrimonio colectivo.
Seguidamente, solicitaron copia de los acuerdos que mediaron para que se decidiera no utilizar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, y el sustento legal para no hacerlo.
Adicionalmente, pidieron explicaciones sobre pagos que se han realizado a proveedores, que de acuerdo con la ley deben ser los últimos en prioridad, luego de que se cancelen las obligaciones laborales, créditos del Banco Central, pasivos y finalmente, proveedores.
Finalmente, solicitaron al interventor que remita las normativas que se aplicaron y aplicarán en el proceso completo así como la fundamentación del uso de las mismas, incluyendo normativa que refiere a la quiebra de entidades financieras.
Recordaron que conforme a la ley, Hernández deberá responder en el término de diez días. UNIVERSIDAD consultó por la respuesta del ente resolutor y si la misma se comunicará públicamente, pero la consulta aún está en trámite.
