País 56 personas han fallecido entre 2019 y 2020

Intoxicaciones con metanol demandan ya control en comercio de bebidas alcohólicas

El proyecto de ley propone dar una herramienta al Ministerio de Hacienda para dar trazabilidad fiscal a las bebidas con contenido alcohólico, uno de los productos que más se contrabandea en el país.

La dificultad para rastrear el origen de las bebidas alcohólicas contaminadas con metanol, que han causado la muerte de 56 personas entre 2019 y lo que va del año, despierta la discusión sobre la necesidad de un sistema de trazabilidad para la producción y comercialización de licores.

Para el diputado liberacionista, Daniel Ulate, uno de los principales defensores del proyecto de “Ley contra la adulteración, imitación y contrabando de bebidas con contenido alcohólico”, las intoxicaciones con metanol deberían ser preocupantes para la ciudadanía y las autoridades. “Son personas que han perdido su vida por esta situación, por no tener controles adecuados, porque el costarricense no sabe lo que está consumiendo”, dijo Ulate.

El producto que ha salido contaminado con metanol es de origen nacional, y es el Guaro Fiesta Blanca. (Foto: Ministerio de Salud)

Entre la noche del lunes 12 de octubre y la mañana del martes 13, siete vecinos de La Carpio fallecieron después de haber consumido licor adulterado con metanol, un alcohol que no es para consumo humano (Ver recuadro “¿Qué es el metanol y qué causa en el cuerpo?”). Las pachas habrían sido adquiridas en dos super-licoreras, en la cuarta parada de La Carpio.

Los casos de personas intoxicadas con metanol empezaron el 30 de setiembre, cuando las personas afectadas comenzaron a llegar al Hospital San Juan de Dios.

Según los últimos datos de la Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, se contabilizan 63 casos sospechosos de intoxicación por metanol (la mayoría en octubre), 27 de los cuales han fallecido.

Pero ya el año pasado se presentó una intoxicación masiva en julio, cuando 29 personas fallecieron, detalló a UNIVERSIDAD Sandra Delgado, directora a.i. de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud.

El año pasado, el ministro de Salud hizo una denuncia ante la Fiscalía y la investigación continúa abierta, se indicó.

Allanamientos y decomisos

Los primeros días de octubre, el Ministerio de Salud realizó un operativo en La Carpio, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Municipal de San José, para ver en qué lugares se estaban vendiendo bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Se intervinieron Licorera 8328 y Supermercado Robert, y como no tenían permiso de funcionamiento, fueron clausurados. Se tomaron 49 muestras de diferentes marcas, que fueron enviadas al laboratorio del Inciensa.

Actualmente, el producto que ha salido contaminado con metanol -según los análisis del Inciensa- es de origen nacional y es el Guaro Fiesta Blanca. Así lo precisó Ileana Herrera, directora a.i. de la Dirección de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, en entrevista con UNIVERSIDAD el pasado 22 de octubre.

El diputado liberacionista Daniel Ulate. (Foto: Katya Alvarado)

“El año pasado no pudimos llegar a quien estaba haciendo esa distribución, ni determinar si el producto era falsificado, adulterado o si la contaminación venía desde fábrica”, dijo Herrera.

Sin embargo, en esta ocasión, el Ministerio de Salud ha realizado 117 inspecciones a diferentes establecimientos, guiados por los reportes de incidentes recibidos en la línea 911 y las notificaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El producto es Fiesta Blanca 30% (Licor de caña), de la marca Tukan Drinks, y el fabricante es Industrial Comida de Centroamérica S.R.L., según el registro del Ministerio de Salud.

Herrera explicó que el registro sanitario contiene la etiqueta con la que se vende el producto, los ingredientes que contiene, el fabricante y el distribuidor. En este caso, el producto estaba debidamente registrado; pero ya se le retiró el registro sanitario, debido a las intoxicaciones.

Posteriormente, los días 15 y 16 de octubre, el OIJ y la Policía de Control Fiscal allanaron la distribuidora de Fiesta Blanca y decomisaron 14.327 unidades. El 24 de octubre el OIJ informó que un empresario de nacionalidad rumana, de apellido Radulescu, trajo varias tanquetas de guaro desde Panamá y, después de envasarlo, lo colocó en 66 negocios de las seis provincias de Costa Rica.

Alerta del Ministerio de Salud

Según explicó Ileana Herrera, del Ministerio de Salud, como esta adulteración de las bebidas alcohólicas es un hecho ilícito, el OIJ lleva la investigación. “Llegar a decir quién lo falsificó y cómo lo hizo se sale de las manos del Ministerio de Salud”, declaró y reconoció la dificultad para rastrear el origen de la bebida y de la contaminación con metanol.

“En este momento, tenemos identificado el producto, que es Fiesta Blanca y el mensaje para la gente es que no consuman este producto”, insistió Herrera.

Curiosamente los que se oponen a la propuesta son la Cámara de Industrias, la propia industria cervecera, AmCham, el grupo del periódico Nación, y usted empieza a hacer una relación y dice: ‘qué extraño los detractores de una propuesta tan importante para el país’”. Daniel Ulate

El Ministerio de Salud ha hecho un barrido por diferentes establecimientos, buscando los guaros y aguardientes que hay y todas las áreas rectoras del ministerio están detectando a ver si está este producto y, si lo encuentran, lo están decomisando.

“Sin embargo, no podemos llegar a las casas de personas que ya lo compraron; algunas de estas personas están enfermas, son alcohólicas y algunas otras tienen una condición de calle y llegarles a ellos no es tan fácil, porque no están metidos leyendo noticias y redes sociales”, señaló Herrera.

“Los familiares son los que están reportando: “Me encontré que un familiar mío estuvo tomando esto que ustedes dicen”. Esos son los reportes que tenemos y nos orientan hacia dónde debemos dirigir nuestras baterías”, agregó la funcionaria.

La alerta sanitaria se mantiene vigente para las siguientes bebidas alcohólicas: Chonete, Cuerazo, Sacheto, Gran Apache, Estrella Roja, Montano, Barón Rojo, Timbuka y Molotov, por lo que las autoridades hacen un llamado para evitar su consumo.

Trazabilidad de bebidas alcohólicas

Mientras esto está pasando, diversas cámaras empresariales se oponen al proyecto de ley que propone dar una herramienta al Ministerio de Hacienda para dar trazabilidad fiscal a las bebidas con contenido alcohólico, uno de los productos que más se contrabandea en el país.

Se trata del proyecto de Ley Contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ver recuadro “Avanza proyecto de ley de trazabilidad en la Asamblea Legislativa”).

Para el diputado liberacionista, Daniel Ulate, la trazabilidad es fundamental, no solo en licores, sino también en cigarrillos y medicamentos, los tres productos estelares del contrabando.

El legislador citó un estudio de la empresa Euromonitor, que concluyó que el Gobierno estaba dejando de recibir $94 millones anuales (aproximadamente ₡56.983 millones) en impuestos, por contrabando de licor.

Ulate explicó en entrevista con UNIVERSIDAD que presentaron la iniciativa porque el Ministerio de Hacienda no tiene controles sobre los volúmenes reales de la producción nacional y las ventas, ni sobre las importaciones y si éstas pagaron o no impuestos.

El proyecto propone que el Ministerio de Hacienda implemente un mecanismo para tener un control cruzado entre lo que se produce, lo que se importa, lo que se distribuye, lo que se vende y lo que paga impuestos. Sin embargo, solo incluye la propuesta legal; no define un mecanismo o tecnología específica, sino que eso queda en manos de Hacienda.

“Hacienda debe tener el control de la cantidad de la producción nacional, cuánto es realmente lo que se está produciendo, porque lamentablemente hoy solo existe la posibilidad de hacer una declaración jurada. Las industrias y las empresas ahí tienen la posibilidad de encontrar portillos en ese aspecto. Con la trazabilidad usted lograría hacer un control cruzado, entre la producción de una empresa y sus ventas”, recalcó.

“Por ejemplo, una empresa podría producir mil productos; pero le dice a Hacienda que produjo 500 y los mil productos están en el mercado nacional. O, por ejemplo, el dueño de una tienda de abarrotes compra los chocolates de la marca Snickers a la casa matriz y el producto entra al país con registros sanitarios; pero hay contrabandistas que fabrican una copia de ese chocolate y se montan encima de un registro sanitario que ya existe y simplemente nuestras autoridades no tienen control sobre eso”, subrayó.

Asimismo, se contempla la coordinación entre instituciones. Actualmente hay más de 10.000 establecimientos que venden bebidas con contenido alcohólico -bares, licoreras, restaurantes y supermercados- ; pero solo hay 100 funcionarios de la Policía de Control Fiscal para vigilar esos establecimientos. El proyecto da facultades a la Policía Municipal para que fiscalice los establecimientos de su cantón.

El plenario legislativo ya aprobó un texto sustitutivo de este proyecto de ley; fue enviado a consulta al Ministerio de Hacienda, el cual ya respondió con sus observaciones, y ahora los legisladores acordarán la línea a seguir, respondió Ulate.

Fuerte oposición de la industria

Al proyecto se han opuesto la Asociación de Productores e Importadores de Bebidas Alcohólicas de Costa Rica (Apibaco), la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), entre otras.

Jason Chaves, asesor en comercio exterior y asuntos regulatorios de la CICR, confirmó a UNIVERSIDAD que la cámara se opone categóricamente al proyecto porque representa mayor regulación para la industria formal y porque la experiencia internacional demuestra que el costo es mayor al beneficio.

Según Chaves, las regulaciones se deben enfocar en atacar el sector informal y no a la industria establecida. Dijo que ya hay varios mecanismos de control para las bebidas alcohólicas, como el Registro Sanitario ante el Ministerio de Salud; el Reglamento Técnico Centroamericano sobre Etiquetado de Bebidas Alcohólicas; el control y vigilancia del mercado por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC); y que los delitos de contrabando y adulteración están tipificados en la Ley General de Aduanas y la Ley General de Salud, respectivamente.

También señaló que el costo de implementar esto será mayor que la recaudación tributaria y citó un estudio de la Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (Tracit) que concluyó que en los primeros dos años de implementado un sistema de marcaje de cerveza, bebidas espirituosas y tabaco en Ecuador se invirtieron $23 millones, pero solo aumentaron los ingresos por recaudación en $7,6 millones para alcohol y bajaron en $14,5 millones para tabaco.

Asimismo, resaltó que las bandas de crimen organizado reaccionan rápidamente falsificando los códigos o estampillas fiscales. Agregó que la introducción de códigos de barras en la India no impidió la muerte de 59 personas por intoxicación con alcohol ilegal. “Además, las botellas legítimamente estampadas a menudo se rellenan con alcohol adulterado y en esos casos, como en muchos otros, el mecanismo de seguridad es endeble”, mencionó.

Por último, destacó que poner estos mecanismos a todos los envases con contenido alcohólico generaría un gasto elevado para el Gobierno y la industria, lo cual afectaría el costo y el precio del producto.

Ante esto, el legislador Daniel Ulate comentó: “Curiosamente los que se oponen a la propuesta son la Cámara de Industrias, la propia industria cervecera, AmCham, el grupo del periódico Nación, y usted empieza a hacer una relación y dice: ‘qué extraño los detractores de una propuesta tan importante para el país’”.

“Dice el dicho: ‘el que nada debe, nada teme’. Y si yo como industria estoy haciendo las cosas bien, si yo estoy comercializando como se debe, ¿por qué tengo que temer a la tecnología? ¿Cuál es el problema? Si esto no viene a perjudicar para nada a la industria legal. Si esto más bien lo que trata es de regular realmente el comercio legal y todo lo que esté fuera de la tecnología por supuesto que va a ser ilegal. Eso nunca lo hemos comprendido”, añadió Ulate.

En la entrevista, Ulate también mencionó que quienes apoyan el proyecto se han enfrentado a “fuerzas ocultas, de mafias muy fuertes”; pero no dio detalles.



Avanza proyecto de ley de trazabilidad en la Asamblea Legislativa

El proyecto de Ley Contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con Contenido Alcohólico reforma la Ley de Regulación y comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico. Esto es lo que se propone:

  • Prohíbe la adulteración, falsificación e imitación del licor y de bebidas con contenido alcohólico y su contrabando.
  • Las autoridades que investigarán esto son la Policía de Control Fiscal, la Policía Municipal o los inspectores municipales (encargados de decomisar el producto adulterado o falsificado) y el Ministerio de Salud (hará las pruebas de adulteración).
  • Como herramienta contra el comercio ilícito, el Ministerio de Hacienda deberá establecer un mecanismo tecnológico de imitación y control, para determinar la importación y producción legal de bebidas con contenido alcohólico.
  • Dicho mecanismo deberá ser no manipulable, no replicable, confiable, fidedigno e interoperable por los ministerios a los que les competa.
  • Deberá permitir la trazabilidad fiscal y que los consumidores y las autoridades puedan identificar las bebidas con contenido alcohólico de origen legal.
  • El Ministerio de Hacienda podrá contratar un proveedor externo de servicios para implementar esto, según los principios de la Ley de Contratación Administrativa. Deberán excluirse los proveedores con antecedentes de corrupción a nivel nacional o internacional o que estén relacionados directa o indirectamente con la industria, de manera que genere riesgo de un eventual conflicto de interés.
  • Para determinar antecedentes de corrupción, en el caso de empresas multinacionales, se entenderá como una sola empresa a las filiales, sus directivos o representantes y todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras que formen parte de un mismo grupo de interés económico.

Fuente: Moción de texto sustitutivo. Expediente 20.961


 

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