Interponen demanda contra decretos que reemplazan sistema de compras públicas

El tribunal contencioso administrativo lleva entre manos una demanda contra dos decretos del actual gobierno, que echaron abajo el acuerdo de la administración anterior relativo a la creación de un sistema unificado de compras públicas basado en la plataforma informática Mer-Link, administrado por el programa de Gobierno Digital, del estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

En su lugar, uno de los decretos, emitido en enero del año pasado, creó el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), siempre basado en la informática de Mer-Link, pero trasladado a Radiográfica Costarricense, empresa del grupo ICE.

Contradictoriamente, alegan los demandantes, otro decreto reglamentó el uso de CompraRed, sistema de compras del Ministerio de Hacienda, haciéndolo obligatorio para todas las instituciones públicas.

Fabián Quirós, titular de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, negó que haya contradicción, pues es clara la decisión del gobierno de cerrar CompraRed e impulsar Sicop como sistema único de compras públicas basado en Mer-Link (ver recuadro).

Mer-Link es un programa informático coreano que sus promotores defienden como una plataforma más avanzada que CompraRed, de factura nacional.

Lo que se pretende con la demanda, presentada desde el año pasado, es que se declare que CompraRed ya se tuvo que haber cerrado, y que la administración del sistema de compras públicas vuelva al Gobierno Digital, como se había decretado en el 2013 (por el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla), dijo Bernal Gamboa, abogado de los querellantes.

El pasado lunes 27 de junio se celebró la primera audiencia preliminar del juicio, y se está a la espera de que se resuelvan algunas cuestiones formales para ir a la segunda preliminar, comentó Gamboa, quien fue uno de los abogados que ganó el contencioso contra la concesión minera de Industrias Infinito en Crucitas, frontera norte.

Sus clientes, explicó el profesional, son un grupo de catedráticos, abogados y otros profesionales liberales, incluidos socios de empresas, que están muy preocupados, porque creen que no van a poder competir ya que están trabajando con la legalidad mientras otros utilizan sistemas de contración opacos para tomar ventaja.

Entre los demandantes figuran Luis Daniel González y Guillermo Alonso Guzmán (empresarios), Jaime Ordóñez (catedrático de Derecho en la Universidad de Costa Rica – UCR), Denisse Echeverría (consultora de proyectos ambientales) y otra gente atrás que no se atrevió a poner el nombre para no perjudicar a su empresa, pero siguen el caso con mucho interés, afirmó Gamboa.

El grupo impugna el decreto ejecutivo N° 38830-H-MICITT, publicado el 15 de enero del 2015, que derogó el decreto Nº 37943-H-MICITT de 17 de setiembre del 2013 que creó el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, basado en Mer-Link, y el cual ordenaba que la transición de CompraRed a Mer-Link debía hacerse durante el 2014.

El decreto del 2015 a su vez creó el Sicop, al tiempo que también autorizó la emisión de un reglamento para el uso de CompraRed.

Dicho reglamento se emitió el 6 de abril del 2015 (Decreto de Hacienda 39065-H), y estipula que a partir de su publicación “las entidades de la Administración Central deberán utilizar obligatoriamente” CompraRed, como plataforma tecnológica para la ejecución de los procesos de contratación administrativa (artículo 49), sin indicar un plazo, por lo que se infiere que es por tiempo indefinido.

Decisiones estas que, según los demandantes, constituyen un retroceso en materia de transparencia en la compra pública, después de un avance importante que se había dado para consolidar Mer-Link –como la plataforma informática más avanzada y segura para tramitar la contratación y compra pública del Estado, con base en las mejores prácticas internacionales de transparencia y escrutinio ciudadano.

Al mantener funcionando CompraRed, alegan, se desoye las recomendaciones de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Contraloría General de la República (CGR), así como evaluaciones de expertos, que recomiendan instaurar un único sistema de compras.

La medida del gobierno carece de fundamentación, lo que pone en duda el motivo legítimo del acto, que violenta los principios de transparencia, razonabilidad y eficiencia, además de que el darle continuidad al contrato de CompraRed, tiene un costo elevadísimo que el país no tendría que pagar si se hubieran respetado los lineamientos fijados para el 2014, y esto al final afectará a todos los contribuyentes.

Según información de Gobierno Digital, anteriormente el ICE le había ofrecido al Ministerio de Hacienda el servicio de Mer-Link por $850.000 (¢442 millones), pero se prefirió seguir con CompraRed cuyo costo es de más de $2 millones (alrededor de ¢1.100 millones), incluyendo planilla de funcionarios, el pago al centro de procesamiento contratado y el mantenimiento del sistema.

CONTRADICCIÓN

Gamboa remarcó que el decreto del 2015 contiene hay una doble contradicción, porque por un lado prorroga (al 2016) la entrada en vigencia de la plataforma única para el sector público, y a la vez le da vigencia a CompraRed mediante un reglamento donde se dice que debe avanzar como plataforma única de compras obligatoria.

En su opinión, esto se debe a que hay gente con poder político que maneja esta plataforma y tiene interés en compras que se hacen a través de ese mecanismo, donde parte del procedimiento de compra puede hacerse en papel, como la presentación de ofertas.

Eso facilita que cuando una oferta entra, un funcionario pueda darse cuenta y avise a otro oferente para que presente la suya mejorada.

Injerencias de ese tipo –dijo- no se pueden dar en Mer-Link, que es un software coreano más eficiente y está hecho para que la gente envíe las ofertas informáticamente. De modo que nadie puede verlas antes de que venza el plazo de la apertura, y solo entonces se puede ver todas al mismo tiempo.

Esto es un asunto muy serio, porque aquí hay muchísima corrupción y las contrataciones administrativas es adonde más fondos públicos están yendo en estos momentos, pues carreteras, insumos y todo se está contratando, y esto suma costos de intermediarios en el monto final que pagamos todos. Si esto se evitara con mayor transparencia, prácticamente no habría necesidad de un plan fiscal con aumento de impuestos como el que se discute actualmente, consideró.

Ottón Solís, diputado del gobernante Partido Acción Ciudadana, presentó un proyecto de ley dirigido a aplicar la reforma que había acordado la administración Chinchilla, a fin de crear el sistema integrado de compras con base en Mer-Link y que sea obligatorio para todo el sector público.

El legislador dijo ser consciente de que esta es solo una entre otras herramientas para combatir la corrupción, y falta mucho por hacer, principalmente cambiar la ética de la gente.

Luego de discutir el tema en el año 2014, la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la que Solís es miembro, en un informe recomendó al Poder Ejecutivo impulsar el cumplimiento del Decreto Ejecutivo emitido en el gobierno anterior para la creación del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, basado en Mer-Link.

Asimismo, recomendó suspender la publicación del reglamento anunciado ya en ese momento por Hacienda, para restablecer Comprared como sistema de compras del Estado, contraviniendo – decían los diputados – recomendaciones  técnicas y de la comisión interinstitucional conformada para evaluar el tema, y recomendó a Mer-Link como el sistema que debía implementarse.

Mer-Link goza de una ventaja comparativa comprobada en temas de eficiencia, transparencia y modernidad, y el Gobierno debe seguir con su funcionamiento e implementación en todas las instituciones del Estado, en aras de la eficiencia de los fondos públicos, señaló la comisión. Una recomendación en la misma línea hizo al Gobierno un grupo de diputados  de la bancada de Liberación Nacional.

TRANSPARENCIA

Roberto Vargas, exfuncionario de Proveeduría Nacional y exjefe de adquisiciones de la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, es del criterio de que “el frío no está en las cobijas”, pues ninguna de las plataformas garantiza la transparencia.

Ambas son plataformas que ponen la tecnología al servicio de procesos administrativos, pero no son sistemas de compras públicas como tales. Y de lo que tiene que preocuparse el país es que haya un sistema de contratación administrativa que no permita malos manejos, como que a veces se den dos o tres días para presentar oferta, y favorecer así a alguien que ya tenía el trámite adelantado (ver recuadro).

Para combatir la corrupción, hace falta legislación y preparar personal idóneo, con probidad y capacidad técnica para ocupar los puestos de proveeduría en las instituciones públicas, pero ninguna universidad está preparando ese personal, advirtió Vargas, a la vez asesor privado de proveedores en compra pública.

En su opinión, alrededor de este tema hay una lucha política, porque CompraRed fue creado en los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002) y Abel Pacheco (2002-2006), y Mer-Link en el gobierno de Óscar Arias (2006 – 2010), y ha habido una fuerte presión mediática sobre el gobierno para que implante Mer-Link.

Puede haber un grupo político-empresarial jugando ajedrez con las compras públicas, y puede ser que Mer-Link sea la génesis de un futuro proyecto de privatización de las compras públicas, y que grandes agentes económicos y políticos absorban el jugoso negocio de las compras públicas, 20% del PIB nacional, teme Vargas.

“Aquí hay gente que anda detrás de la privatización de las compras públicas, estamos hablando que hay un poder de compra de millones de dólares, y puede haber un empresa que le diga al Estado, por ejemplo, yo me encargo de conseguirle todo lo que ocupa en los hospitales por medio de licitaciones a cambio de comisión, pero van a ser las mismas empresas que venden, con los contactos que tienen, las que van a manejar ese negocio”, apuntó.

Al respecto valga mencionar que un estudio de Gobierno Digital y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresa (Incae) determinó que 50 empresas manejaban ya alrededor del 70% de la compra pública.

No sorprende, por lo tanto, que grandes intereses presionen para mantener ese mercado cautivo con los contactos que tienen y que ese pastel no se reparta.

La tesis de los defensores de Mer-Link es que con esa plataforma tal vez no se va a eliminar la corrupción, pero sí la va a transparentar, porque al estar informatizado de principio a fin el ciclo de compra todo ciudadano puede ver lo que pasa.

Además, la gran cantidad de información que recoge el sistema permite hacer análisis de datos para detectar tendencias y movimientos sospechosos, tarea que en algunos países como Chile realiza un organismo del gobierno, y ahí es donde el mecanismo ayuda a que la compra pública sea transparente y más eficiente.