La interferencia de las tabacaleras hace tropezar el avance de las políticas antitabaco en el mundo, y Costa Rica no es la excepción. Así lo señalan la coordinadora de campañas del Centro Global para la Buena Gobernanza en el Control del Tabaco (GGTC), Laura Salgado, y del director Internacional de Políticas Públicas y de Campaña de Control del Tabaco en Corporate Accountability, Daniel Dorado.
“El interés de la industria tabacalera es vender su producto, entonces al momento de determinar una medida, van a buscar una que no sea tan efectiva porque ellos quieren seguir ganando vendiendo su producto, y nosotros queremos una medida que sea costo-efectiva, que no le cueste mucho al Gobierno pero que sepamos que es super efectiva para lograr la meta que tenemos, que es disminuir las muertes y las enfermedades”, indicó Salgado.
Salgado y Dorado impartieron a finales del mes de marzo un taller coordinado por la Red Nacional Antitabaco (Renata) sobre las capacidades del funcionario público en la búsqueda de una aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, el cual regula la relación entre Gobierno y entidades de salud con la industria tabacalera.
“Una de las recomendaciones que hace este artículo es que los delegados de Gobierno no tengan ninguna relación con la industria tabacalera, o que la industria tabacalera no forme parte de ese equipo que toma decisiones al momento de elaborar una ley o en su implementación para que no haya una interferencia ya sea retrocediendo la ley, postergando, etc. Por la evidencia que tenemos, la industria, el target que tiene son las agencias gubernamentales o Asamblea Legislativa, porque son los que hacen las propuestas y toman las decisiones. En algunos países hay evidencias de sobornos”, añadió.
Interferencias en Costa Rica
De acuerdo con el II Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera (2021), en Costa Rica existe una interferencia de 48 puntos de la industria tabacalera en las actividades gubernamentales, lo que lo coloca en el puesto 15 de 24 países evaluados a nivel mundial, pero de primero en Latinoamérica. Esta interferencia dificulta el cabal cumplimiento de las disposiciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco.
“En el II Índice, Costa Rica generó avances, estuvo en el primer lugar (en Latinoamérica). ¿A qué se debe esto? A que los otros países retrocedieron mucho más que Costa Rica. No es que Costa Rica haya avanzado tanto, sino que hubo tanta interferencia de la industria en la pandemia, que llevó a que países que lograron defender lo poco que tenían pudieran ascender en la escala del Índice, pero no porque se haya evidenciado un país que destacara por la implementación”, externó Dorado.
En el caso de Costa Rica, tres han sido las claras interferencias de las tabacaleras, las cuales impiden el avance de políticas anti-tabaco, según la presidenta de la Red Nacional Antitabaco (Renata), Nydia Amador.
Una de ellas quedó clara cuando la exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) María Inés Solís presentó varias mociones contra la ahora Ley 10.066 “Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y dispositivos electrónicos que utilizan tabaco calentado y tecnologías similares”. Luego de esto, Solís dejó su curul para comenzar a laborar como relacionista de Asuntos Externos para Centroamérica y el Caribe de la Philip Morris (empresa tabacalera)
A esto se suma el hecho de que en el país se detuvieron los cobros de multas a las tabacaleras durante la pandemia, todo esto pese a que el consumo de tabaco es un factor de complicación y muerte en pacientes con COVID-19, añadió Amador.
Asimismo, indicó que existe una Comisión Fiscal para el Control del Comercio Ilícito, la cual se encuentra conformada por los ministerios de Gobernación, Salud, Hacienda, Economía y Seguridad, así como por cámaras empresariales como AmCham, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y Comercio, en la cual las decisiones muchas veces son tomadas por los entes privados. “Los tres entes representan entre otras industrias, a la tabacalera”.
“El propio convenio reconoce la interferencia de la industria como el primer obstáculo para la implementación de políticas de control de tabaco”, indicó Dorado.
“Siempre va a haber interferencia de la industria, pero queremos lograr que disminuya. Con este código de conducta. La intención es llegar a un escenario donde la interferencia pueda hacerse pública, porque a la industria le gusta operar en la sombra, en escenarios donde sabe que tienen más llegada”, concluyeron Dorado y Salgado.
Empaquetado Neutro
El empaquetado neutro es actualmente una de las tareas pendientes del país. Aprobar esto, según Renata, permitiría desincentivar el consumo de productos del tabaco y retrasar el primer consumo en adolescentes.
El año anterior, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa dictaminó positivamente el expediente 22.497 que reforma varios artículos de la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, y establece un empaquetado neutro en los productos de tabaco.
Se prevé que este proyecto sea votado por el Plenario en los próximos días.
De acuerdo con Dorado, países como Uruguay y Canadá ya implementaron el empaquetado neutro en las Américas. El primero en hacerlo a nivel mundial fue Australia, el cual bajó en 1,5% su prevalencia en el consumo de tabaco, cuando puso en marcha esta junto a otras medidas.
Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia en el consumo de tabaco entre personas de 15 años o más se ubicó en 9,2% para Costa Rica en el año 2019.
