Mario Mora, Intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) dejó sin corriente versiones que circularon en la Comisión de Energía en la Asamblea Legislativa: declaró que no existe capacidad sobreinstalada en el sistema eléctrico del país, y cuestionó los alegatos de que las reformas al sector se deben concentrar en el tema de las tarifas, argumentando que son un ancla para la competitividad del país. Mora pidió una visión mas amplia y prudente en ambos casos.
El Intendente asistió a la Comisión de Energía como parte de las audiencias que celebran los diputados para analizar las condiciones del modelo energético del país y las transformaciones que requiere. En esta dirección, Mora dejó claro que los procesos de transformación tecnológica que enfrenta el sector obligan a un ajuste de la supervisión y del marco normativo.
Pero su aporte fue notable para derribar varias afirmaciones que se habían presentado ante los diputados de la comisión en anteriores audiencias, como el reclamo de representantes del sector industrial, en el sentido de que en el país existía un exceso en la capacidad instalada del sistema eléctrico, lo que repercutiría en un encarecimiento de los costos. Asimismo, también rebatió la visión de estos representantes del sector productivo, de enfocar las tarifas de electricidad factor que limita de manera profunda la competitividad nacional.
Consultado por los diputados sobre el argumento de que Costa Rica tiene una capacidad sobreinstalada en su sistema de electricidad, fue directo: «En eso hay que tener cuidado, se dice que como el país tiene casi 4.000 megawatts de capacidad instalada y la demanda máxima es de alrededor de 1.800, se resta esos 1.800 a los 4.000 y lo que sobra son excedentes. Eso no es correcto, se trata de energía renovable, que depende del agua, del viento, no es energía que está disponible las 24 horas, los 7 días».
La presidenta de la comisión, la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, comentó al respecto que con esos datos quedaba claro que en Costa Rica no existía una sobreinstalación, pero le consultó por las decisiones de administraciones anteriores de cerrar plantas privadas se justificaban, dado este caso.
Mora respondió que el país tiene que empezar otro debate, por el dato de que el 70% de la matriz energética se origina en hidrocarburos, requeridos por el transporte. «Si hay un 70% que funciona con combustibles fósiles, y hay un 30% de energía limpia, en la que sobra algo, pareciera que debería aprovecharse para transformar ese 70%. Decir que sobra… no sobra. Lo que se debe pensar es cuáles son los proyectos para aprovechar esos excedentes, para entrar a sustituir las actividades que están usando combustibles fósiles».
El intendente de Energía también aportó una advertencia sobre la discusión que se ha generado en torno a las tarifas y la competitividad. «El cuidado que hay que tener en esta discusión, no es prudente decir que todos los problemas de competitividad que tenemos se originan en una única variable como las tarifas eléctricas, hay que tener el paquete completo. La competitividad se debe valorar de manera multifactorial, al tarifa es uno de los elementos, pero están la estabilidad política, la situación social, el desarrollo de infraestructuras, los trámites».
El cambio que no pide permiso
Mora enfatizó que en todo el mundo, el sector energético enfrenta profundas transformaciones, gestadas por los cambios tecnológicos, pero que en el caso de Costa Rica, se debía agregar un atraso por alrededor de 20 años de no ajustar la normativa. «Los cambios disruptivos iniciaron hace años, pero en el país hay un desfase en el marco regulatorio y el marco legal para atender estos procesos. Estos procesos no piden permiso al Congreso para adaptar el marco legal, al Poder Ejecutivo para replantear las políticas públicas, ni a los entes reguladores para repensar la regulación. Los que si están pidiendo permiso son los consumidores, los usuarios empoderados», manifestó.
El Intendente también comentó que el país debe dejar de ver el sector eléctrico por un lado y el de hidrocarburos por otro, y también llamó la atención sobre un debate público que se ha concentrado en el aspecto de la generación, cuando el futuro del sector apunta a las redes robustas, el cambio integral en el modelo, y la necesidad de una legislación flexible para atender los vertiginosos cambios tecnológicos.
Enfatizó en que también la regulación para enfrentar esta transformación debe ser flexible, para adaptarse a las nuevas condiciones sin requerir constantes ajustes y nuevas autorizaciones. Además, debe ser independiente, integral (articular aspectos económicos y de calidad), económica (trascender fijación de precios y tarifas), de calidad, enfocada en la eficiencia de los prestadores de servicios y las necesidades de todos los usuarios, insistiendo en que se trata de un concepto nuevo. «Rompen la lógica de ser espectadores, para exigir cambios de la mano de la tecnología».
Con respecto a la regulación, mencionó que se trabaja en una modernización tarifaria, tema en el cual ofreció una exposición centrada en este aspecto a los legisladores. Sin embargo, si mencionó una propuesta específica. «Un cambio legal que les propongo respetuosamente, para que lo valoren. En Costa Rica una ley dice que los ajustes de las tarifas deben ser anuales, pero en muchos países, la práctica es de ajustes cada 3, cada 5 años. ¿Qué ha significado esto? Que la visión de mediano y largo plazo no existe, el prestador de servicio puede decir: de por sí, tengo el derecho de pedir la revisión cada año, se debilita la planificación de mediano y largo plazo», expresó.
El funcionario de la ARESEP indicó a los diputados que les remitirá también un insumo que recibió la institución sobre mejores prácticas en modelos de estructuras tarifarias, fruto de procesos de análisis y cooperaciones con CEPAL, el BID y México, entre otros.
