El Instituto Costarricense de Drogas (ICD) sostiene que dos proyectos recientemente vistos por el plenario de la Asamblea Legislativa generarán debilidades a las autoridades nacionales para frenar la legitimación de capitales del narcotráfico y organizaciones de crimen organizado. Ambos son proyectos que contienen exoneraciones tributarias para extranjeros que participen de dos regímenes migratorios especiales.
Se trata del proyecto de Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados (expediente 22.156), popularmente conocido como “pensionados rentistas” y el proyecto de Ley para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicios de carácter internacional 22.215), conocido como el proyecto de “nómadas digitales”.
“El crimen organizado es real, está latente y entre nosotros. El hecho de que cualquier grupo organizado internacional con poderío económico disponga de 200, 300 o 400 personas en su grupo como frenteadores o testaferros, para que se presenten como rentistas, pensionados, inversionistas o nómadas digitales, no está alejado de la realidad. No es descabellado. Puede pasar. No estamos viendo visiones o imaginándonos algo que no podría ocurrirnos”, aseguró el director del ICD, Sergio Rodríguez, en una entrevista con UNIVERSIDAD.
De acuerdo con el criterio de Rodríguez y otros funcionarios técnicos del ICD, los legisladores mantienen en los proyectos “debilidades en el tema de la prevención a la legitimación de capitales que el legislador debe contemplar cuando se formula una ley”.
Estos descuidos, según mantiene una única diputada, la oficialista Paola Vega, tampoco son coincidencia. Los planes de exoneraciones son parte de las negociaciones políticas para darle votos afirmativos al proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336). Este último expediente sería votado este mismo lunes, con una mayoría parlamentaria a su favor, en contra de criterios que advierten sobre sus eventuales inconstitucionalidades y perjuicio contra el funcionamiento independiente de instituciones autónomas, como las universidades públicas.
Antes de discutir Empleo Público, la Asamblea Legislativa avanzó en los dos proyectos de exoneraciones tributarias para extranjeros que fueron formulados por bloques opositores.
“Pensionados rentistas” fue iniciativa de la socialcristiana María Inés Solís, la liberacionista Silvia Hernández (quien preside el congreso) y Mileidy Alvarado (Restauración Nacional).
“Nómadas digitales” fue liderado por el otrora precandidato liberacionista, Carlos Ricardo Benavides. Junto a su firma aparecen otros 10 diputados del PLN (Aida Montiel, Wagner Jiménez, Silvia Hernández, David Gourzong, Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca, Paola Valladares, Luis Antonio Aiza, Gustavo Viales y Ana Lucía Delgado); tres diputados del PUSC (Pablo Heriberto Abarca, Óscar Cascante y María Vita Monge); cinco oficialistas (Mario Castillo, Carolina Hidalgo, Laura Guido, Víctor Morales y Luis Ramón Carranza) y un diputado de Restauración Nacional (Melvin Núñez).
Proyecto de ‘rentistas pensionados’ pasó primer debate pese a críticas sobre su posible uso para narcotráfico
Proponente María Inés Solís se enfrentó a oficialista Paola Vega porque esta última sostiene que faltaron criterios de instituciones oficiales, y que se usó el proyecto para obtener votos para Empleo Público
Dos proyectos de exoneraciones, dos ‘portillos’ para crimen organizado
De acuerdo con el ICD, ninguna de las dos iniciativas cuenta con suficientes controles como para que el país cumpla con las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental que emite política internacional para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI evaluará a Costa Rica, próximamente. El ICD describe que el país está dentro de una “jurisdicción de riesgo”, entre dos países “en lista gris”: Nicaragua y Panamá. Una evaluación negativa del GAFI, en el peor de sus escenarios, podría incluso limitar las operaciones que se hagan internacionalmente con tarjetas de crédito emitidas en el país. El ICD afirmó que esto le ocurrió a Ecuador, años atrás, por su vulnerabilidad frente al crimen organizado.
“Una evaluación negativa del GAFI es nefasta. Ya nosotros recibimos ciertas advertencias, recomendaciones del GAFI que son de acatamiento obligatorio, en el 2015. Por la pandemia, la siguiente evaluación se ha ido atrasando. Una segunda evaluación sobre lo que no hemos acatado, más las cosas nuevas que hemos hecho, sería fatal”, afirmó Sergio Rodríguez.
El ICD afirma que los proyectos evaden controles específicos sobre el efectivo que usarían los extranjeros, por lo que sugieren que ambos planes establezcan la obligatoriedad de transacciones dentro del Sistema Financiero Nacional, porque cuenta con supervisión.
Frente a categorías migratorias especiales, “el mismo GAFI establece que tiene que haber un control para que estas figuras no sean aprovechadas por delincuentes y criminales”, dice Rodríguez, un elemento del que ahora carecen los proyectos de ley.
En el caso de los inversionistas, los rentistas y los pensionados, el ICD mantiene que el proyecto de ley no menciona que el sujeto de la ley son específicamente las personas físicas (UNIVERSIDAD confirmó que el proyecto no lo hace de forma explícita). Esta situación crearía una inconsistencia para personas físicas que reciban dinero desde de cuentas de personas jurídicas en el extranjero.
El ICD dice que no hay prohibiciones para importaciones de artículos de lujo, por lo que podrían importar una gran cantidad de artículos y venderlos en el país. Tampoco hay condiciones sobre la depreciación de los vehículos importados. El Instituto también reclama que el proyecto de ley tampoco establece controles cruzados con otras leyes, como la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal (N°9416).
La categoría de inversionistas, según el proyecto, les permite legitimar un “capital no inferior a US$150.000.00 (…) ya sea en bienes inmuebles, bienes inscribibles, acciones, valores y proyectos productivos o proyectos de interés nacional”.
“Con el tema de las personas jurídicas. Yo sé que la diputada María Inés Solís indicó, en control político, que el proyecto está dirigido a personas. Que, ¿cómo se nos ocurre hablar de personas jurídicas? (Pero) no sabemos si el dinero que estas personas van a estar transfiriendo y recibiendo, a través del sistema bancario nacional, del sistema financiero, proviene de alguna estructura jurídica en el extranjero a la que le debemos aplicar los mismos controles de la actualidad”, afirmó Rodríguez.
Los proyectos hacen “una alusión en términos generales, que si se detectan documentos falsos vendría a ser un causal para rescindir condición migratoria”, pero el ICD dice que sería insuficiente porque estos casos tienen “que generar una alerta al país contraparte e iniciarse una investigación”.
El ICD también advierte que cuando los rentistas, inversionistas o pensionados renuncien a su categoría, la ley no dice qué es lo que “pasa con sus bienes después de renunciar a la condición (…) ¿Qué pasa con la persona que renuncia a su condición especial, con sus bienes, con las operaciones que ha estado realizando?”.
Esta situación permite que “fácilmente se busque una red de inversionistas contratados por una organización criminal y se pongan 100 o 200 inversionistas bajo esa figura”.
“El crimen organizado necesita de la institucionalidad para legitimarse y presentarse como un personaje legítimo que viene con una intención transparente de impulsar proyectos en una comunidad, qué se yo. Los funcionarios públicos estamos expuestos y debemos estar conscientes. Eso es actuar con un enfoque de riesgo”, advierte Rodríguez sobre la penetración del narcotráfico en la política costarricense, ahora en investigación por el Ministerio Público.
El jueves 10 de junio, UNIVERSIDAD envió preguntas sobre el proyecto de “pensionados rentistas” al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Estas consultas continúan en trámite.