La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa recibió esta tarde a representantes del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica de la Universidad Nacional (Ovsicori), la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la Universidad de Costa Rica (LIS) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quienes buscan la aprobación de un proyecto de ley que garantice su financiamiento.
Ello por cuanto el presupuesto con el que han funcionado esas importantes instituciones provino de un transitorio de la Ley Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo (Nº 8488), que “financiaba las redes de monitoreo desde 2009 hasta 2023. Dependemos de los residuos de este financiamiento que fueron depositados a cada una de las instituciones para poder mantener nuestro equipo científico en el campo”, explicó Esteban Chaves director del Oviscori.
El proyecto de ley No. 24.738 busca reformar la Ley 8488, con el objetivo de “fortalecer las redes de monitoreo y permitir que continúen trabajando y expandir para mejorar la resolución científica de los datos que podemos colectar y con ello mejorar la comprensión de los procesos geodinámicos”.
Chaves observó realidades como que los sismos suceden fuera del horario de trabajo normal de las personas, mientras que Werner Stolz, director del IMN, señaló que ese Instituto realiza un monitoreo constante para prevenir eventos meteorológicos extremos y que sus datos son de importancia vital para otras instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) o los aeropuertos internacionales.
“Comenzamos hace más de cien años y eso permite que podamos llevar el el pulso al cambio climático”, añadió que “ocupamos definitivamente que se siga manteniendo esta red y que se le de el mantenimiento pertinente”.
Diego Hidalgo, coordinador del LIS-UCR, explicó que la propuesta del proyecto consiste en aplicar una prima de 0,6% a las doce empresas aseguradoras del país, sobre sus ventas de seguros únicamente de salud, vida, incendios y bienes afines, lo cual “generaría aproximadamente unos ₡2.700 millones” que se repartirían según las necesidades de cada uno de esos centros de investigación “para cubrir los costos actuales y futuros en compra de instrumentos y equipamiento”.
¿Fortalecimiento?
La legisladora independiente Cynthia Córdoba observó que el mencionado transitorio de la Ley 8488 establecía financiamiento hasta 2023 y fue hasta el diciembre de 2024 que se presentó el proyecto de ley.
Por ello dijo que la situación es “como una crónica de una muerte anunciada”, pues “ya se sabe que va a pasar algo y no se toman las decisiones en tiempo y forma”, lo cual juzgó como “falta de planificación”.
El caso es que a la disposición de recursos tal como se venía manejando se le interpuso la draconiana ley 9635, promovida y promulgada por el gobierno de Carlos Alvarado y el PAC.
María Cristina Araya, de la RSN, explicó que en su momento hace dos años se planteó la necesidad de renovar el transitorio pero “fue una recomendación de la CNE y del gobierno” que no se hiciera así, “ya que el fondo de Emergencias está desfinanciado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que ese Fondo se financiaba con el superávit de las instituciones públicas, por lo tanto cada vez había menos dinero”.
Por eso se les hizo ver la necesidad de buscar “una solución diferente”.
La diputada Rosaura Méndez intervino para afirmar que le consta que tales fueron las recomendaciones desde el Ejecutivo.
Francisco González, rector de la UNA, apuntó entonces que enefectoen sun momento se realizó una reunión “mediada por doña Rosaura con la representación del gobierno a través del Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional”, en al que se llegó a la señalada conclusión.
Explicó que el problema radica en que “el financiamiento actual no es posible porque la ley cambió”, lo cual implica además que “el techo de la regla fiscal imposibilita que se pueda honrar estos recursos que ya estaban en el transitorio”.
“Si bien no hemos tenido en los últimos dos años ese giro, se nos debe recursos desde 2019”, apuntó y añadió que desde Hacienda se ha venido depositando parte de esa deuda y que existe el compromiso de otro desembolso en 2026.
Pero advirtió que “si no atendemos hoy una solución, no vamos a poder resolver la situación”.
