Los diputados de la Asamblea Legislativa conformaron esta tarde la comisión especial que se encargará de analizar el posible despido de Celso Gamboa, magistrado que la Corte Plena solicitó separar tras determinar una “falta gravísima” su viaje a Panamá junto al empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños, en 2016.
La comisión estará integrada por Julio Rojas de Liberación Nacional (PLN), Marvin Atencio de Acción Ciudadana (PAC) y Edgadro Araya del Frente Amplio (FA); quienes tendrán un plazo de diez días para rendir un informe en el que detallen si recomiendan o no seguir las instrucciones del Poder Judicial.
El proceso se realiza de esta manera para que los congresistas —encargados también de los nombramientos de los jueces— se encarguen de determinar si existe alguna anomalía en el proceso judicial, de forma que respalden o no el llamado de la Corte.
Para realizar sus labores, los diputados ya tienen en sus manos el expediente del proceso disciplinario que corría contra el magistrado de la Sala III, que ha permanecido suspendido desde octubre pasado mientras se realizaban esta y otras acciones.
Los congresistas tendrán cinco días a partir de su instalación para brindar un informe que recomiende la línea de acción en torno a la solicitud judicial, proceso que no iniciará hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva los recursos que existen en su contra.
Esta es la moción que será votada en unos minutos para proceder con el posible despido de Celso Gamboa en la Asamblea Legislativa. Es un proceso similar al levantamiento de inmunidad. @SemanarioU pic.twitter.com/gKmhAMCqIj
— Josué Alfaro (@josuealfaro_cr) March 6, 2018
Una vez finalizado ese paso, se deberá trasladar el documento al Plenario para iniciar el proceso de discusión, al que también podrá asistir para realizar su descargo el magistrado Gamboa.
Para aprobar la destitución se requerirá de dos terceras partes de los diputados; en una votación que por reglamento debería ser secreta, aunque no se descarta que se vote una moción para realizarla de forma nominal como ocurrió la semana pasada.
La aprobación para conformar la comisión tuvo dificultades pues diputados como el liberacionista Rolando González, manifestaron preocupaciones por la premura del trámite, que en una primera redacción imponía el plazo de cinco días sin restricción de espera a los procesos judiciales.
Además, cuestionó a sus compañeros por la posibilidad de que se realizara el proceso contra Gamboa sin que primero el Poder Judicial hubiera atendido el recurso de revocatoria interpuesto por el mismo juez al procedimiento, algo que —desde su punto de vista— podía lastimar el debido proceso.
Otros diputados como Jorge Rodríguez (PUSC) y Óscar López (PASE) también se quejaron, a quienes se unió el exmagistrado liberacionista (1992-2004) Carlos Arguedas, quien fue un factor clave para extender el proceso de manera preventiva.
El primer texto de la moción era igual a la que se utilizó para la revocatoria del nombramiento del magistrado Óscar González; sin embargo, en aquella ocasión se había buscado apresurar la decisión para evitar una eventual jubilación del cuestionado.
El exmagistrado González también fue separado por este Congreso al inicio de sus gestiones por un proceso disciplinario, acusado y recientemente absuelto de violación con un fallo dividido.
La Corte votó mayoritariamente (21-1) la separación de Gamboa precisamente por un proceso disciplinario, instruido por el magistrado Orlando Aguirre de la Sala II.
Este nuevo trámite se abre apenas cinco días después de que la propia Asamblea votara el levantamiento de la inmunidad del magistrado, acusado por la Fiscalía de tráfico de influencias en beneficio del alcalde josefino Johnny Araya Monge.
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No obstante, el levantamiento del fuero —primer trámite de su tipo del que se tenga registro— fue totalmente independiente del recién iniciado, pues ahora se trata de una destitución tras encontrarse una falta que así lo amerita y no de un paso previo para ser enjuiciado.
El caso
La Corte Plena votó solicitar el despido de Gamboa el pasado 22 de febrero, tras concretarse un proceso disciplinario por sus actos relacionados con un viaje de 37 horas que realizó en 2016 a Panamá junto con el empresario del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
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Gamboa se contradijo en distintas ocasiones sobre su viaje y su relación con el importador cementero, hasta que el exembajador de Costa Rica en Panamá, Rodrigo Rivera, develó que el magistrado y Bolaños viajaron, se hospedaron y compartieron reuniones en territorio canalero.
Sobre estos hechos, Gamboa primero dijo a UNIVERSIDAD que sólo había viajado para comprar ropa de bebé, pero finalmente afirmó haber viajado por una supuesta relación extramarital.
En sus descargos, el magistrado suspendido siempre negó rotundamente haber planeado el viaje junto a Bolaños, aunque los tiquetes aéreos se pagaron con la misma tarjeta.
Este es apenas uno de los procesos que existen contra Gamboa, entre los que también se suman varias otras causas disciplinarias y judiciales por sus presuntos nexos con el caso del cemento chino, por una presunta gestión suya para eliminar el nombre de Johnny Araya de una causa judicial y por su comportamiento en una terminal aérea mexicana durante una misión oficial.
