La Inspección Judicial pidió a la Corte Plena que suspendiera del cargo al fiscal general, Jorge Chavarría, como una medida cautelar durante el tiempo en que se le investigue por el ocultamiento de pruebas que implicaban a diputados en el caso conocido como “cementazo”; no obstante, una mayoría de magistrados decidió que solo se debía separar al fiscal del conocimiento de las causas relacionadas a ese asunto.
En una sesión privada de este martes 11 de octubre, la Corte Plena conoció el informe de la Inspección Judicial que también recomendaba la suspensión temporal de la fiscala subrogante Berenice Smith. La medida preventiva se solicita con el fin de que no se afecten las investigaciones en curso.
Seis magistrados estuvieron de acuerdo en aprobar la suspensión: Román Solís, Rocío Rojas, William Molinari, Fernando Cruz, Nancy Hernández y la suplente, Maribel Seing Murillo.
Sin embargo, una mayoría de 16 magistrados acogieron la propuesta que había expresado el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, de solo separar a Chavarría y a Smith de investigar las causas relacionadas con supuesto tráfico de influencias para beneficiar al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
Los magistrados que votaron por la propuesta que se impuso fueron: Chinchilla, Carmenmaría Escoto, Julia Varela, Luis Porfirio Sánchez, Jesús Ramírez, Doris Arias, Ernesto Jinesta, Fernando Castillo, Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, y los suplentes Marcela Allón Zúñiga, Héctor Blanco González, Rónald Cortés Coto y José Paulino Hernández Gutiérrez.
Se ausentaron los jueces: Celso Gamboa y Luis Guillermo Rivas.
La Corte designó a la fiscala Adjunta de Fraudes, Emilia Navas, para que, a partir del 17 de octubre, lidere las pesquisas sobre las condiciones en las que se realizó la importación y comercialización de cemento chino.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que a la Corte le corresponde ejercer el régimen disciplinario del fiscal general, para lo cual, la Inspección actúa como órgano instructor.
Este miércoles, UNIVERSIDAD dio a conocer que la Fiscalía General presentó una solicitud de desestimación en la causa seguida contra los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara, en la que alteró el resultado de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que revelaba cientos de comunicaciones telefónicas entre los legisladores y el empresario Bolaños.
Esa incongruencia fue puesta en evidencia por el director del OIJ, Wálter Espinoza, en un oficio remitido el 2 de octubre al fiscal general y otras autoridades del Ministerio Público.
Ese mismo día, al conocer lo sucedido, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, remitió el asunto a la Inspección Judicial para que indague si la Fiscalía “indujo a error” a la Sala Tercera.
Chavarría también había sido denunciado previamente en la Inspección a solicitud del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, y de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic).
Este miércoles, en conferencia de prensa, el fiscal general sostuvo que no veía razón para separarse de su cargo ni de las investigaciones cuestionadas porque él había actuado con “transparencia”.
Señala a subalterno
El jefe del Ministerio Público cargó la responsabilidad en su subalterno, el fiscal Ricky González, por la investigación y la redacción de la solicitud para cerrar el caso que se presentó a Sala Tercera.
Esa solicitud de desestimación fue firmada el 30 de enero por la fiscala subrogante, Berenice Smith, quien sustituyó al fiscal general durante tres días en que este se encontraba fuera del país.
Chavarría dijo este miércoles que le parecía “anormal” que González hubiese pedido a Smith firmar ese proyecto precisamente cuando él se encontraba fuera del país.
Por este asunto, el fiscal general pidió a la Inspección Judicial investigar a González.
