Las tarifas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) podrían aumentar el próximo año por pérdidas económicas asociadas a la aprobación del la ‘Ley para la condonación de las deudas acumuladas relacionadas al pago del marchamo’, estima el Instituto Nacional de Seguros (INS).
En el 2021 la aseguradora percibió más de ¢3 mil millones por pagos pendientes del SOA y la pérdida de estos ingresos afecta las proyecciones de la institución para esa línea de seguro: “algo que lamentablemente no quedó consignado en el expediente, a pesar del impacto que podría tener en las tarifas del próximo periodo”.
Según el comunicado, la Asamblea solicitó el criterio del INS a finales del 2021 y posterior a la consulta se incorporó una moción que incluía la exoneración del SOA “la cual no fue consultada”.
La institución reportó que el monto adeudado por concepto del pago del marchamo asciende los 570 mil millones de colones a Julio del 2021, lo cual representa un 1,61% del PIB, y el número de vehículos que poseen deudas por derecho de circulación es 992.596.
El INS aclaró que no se opondrá al proyecto porque “es consciente del impacto que genera para las familias y el loable objetivo que persigue” por lo que estarán a la espera de su publicación para trabajar en la recolección de datos y la apertura de canales de pago.
La Ley, propuesta por el oficialista Luis Ramón Carranza, fue aprobada en segundo debate el día de ayer con 42 votos a favor condona las deudas pendientes de vehículos automotores y motocicletas de períodos anteriores al 2021 con el pago del derecho de circulación que corresponde al 2022 durante los tres meses posteriores a la entrada en vigencia del la ley.
“Para efectos de desinscripción de vehículos automotores por desuso, la condonación se aplicará a todos los períodos adeudados” dice la ley.
El proyectó excluye del beneficio a los vehículos y motocicletas de los miembros de los “Supremos Poderes, el presidente de la República, los vicepresidentes, los ministros y viceministros, los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y subcontralor de la República, el procurador y subprocurador general de la República, la defensora y defensora adjunta de los Habitantes, el superintendente general de Entidades Financieras (Sugef), el superintendente general de Valores (Sugeval), el superintendente general de Seguros (Sugese), el superintendente general de Pensiones (Supén), los jerarcas y miembros de las juntas directivas de los bancos del Estado y de las instituciones públicas, los alcaldes, vicealcaldes e intendentes. También excluye sus cónyuges, convivientes y los registrados en personas jurídicas en las que participan.
