Una vez más, activistas y personas preocupadas por el medio ambiente denuncian la intención de establecer una planta de aprovechamiento energético de residuos por la vía de la incineración.
La organización ecologista Bloque Verde informó que el pasado 10 de junio la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetrom) publicó un cartel de licitación internacional para “instalar una incineradora de residuos en el Valle Central”.
Mediante un comunicado, anunció que “suenan tambores de guerra”, pues “nos oponemos por los graves impactos ambientales, ampliamente documentados, de la incineración de residuos sólidos”. Para esa organización, se trata de una actividad que “con la excusa de producir electricidad”, demanda enormes cantidades de residuos y produce contaminantes.
Cabe destacar que este tipo de iniciativas, a pesar de acarrear amplia polémica por preocupaciones ambientales que van desde la contaminación hasta el cambio climático, son recurrentes en el país.
En 2010 se aprobó la Ley para la Gestión Integral de Residuos, que en su artículo 4 mandó a “reducir al máximo la generación de residuos” y a “dar prioridad a la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético”. Sin embargo, en 2016 el presidente Luis Guillermo Solís emitió una moratoria con lo que se abrió la posibilidad de desarrollar esa actividad industrial.
Un caso que se dio como consecuencia de esa determinación fue el de San Antonio, San Pablo y La Angostura de León Cortés, así como de Frailes de Desamparados, cuyos vecinos se organizaron en 2018 para detener un proyecto de incineración de residuos en la zona de Los Santos.
“Valorización de residuos”
La Femetrom fue constituida en 2004 y en la actualidad es integrada por las municipalidades de Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú, Goicoechea, Mora, Moravia, San José, Santa Ana y Tibás.
El cartel de licitación internacional accesible en su sitio web, apunta que se busca “oferente que financie, diseñe, construya y opere, durante el plazo de 240 meses, una planta de valorización de residuos sólidos municipales y su disposición final”.
Esa planta tendría una capacidad mínima anual de procesamiento promedio de 328.500 toneladas y la empresa ganadora cobraría un monto a fijar por tonelada. Apunta que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) establecerá la tarifa de venta de energía.
Esa planta sería propiedad de una sociedad con propósito especial que creará la Federación y asegura que se establecería en un terreno del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que se ubica “de relleno La Carpio 100 O”, de acuerdo a un documento de la Sección de Permisos y Patentes de la Municipalidad de San José, anexado al cartel de licitación.
La escogencia específica de ese terreno presenta varios problemas para la iniciativa. Por un lado, se trata de una localidad muy cercana al cantón de Belén, cuyo Concejo Municipal aprobó por unanimidad oponerse a cualquier iniciativa de ese tipo, entre otras razones porque se trata de una actividad que riñe con los objetivos de descarbonización.
Luis Rodríguez, regidor en ese cantón, se cuestionó repetidamente “¿dónde está el beneficio para el país?” de una actividad por la que “no vamos a tener electricidad más barata, hay riesgo a la salud, va en contra de la normativa nuestra y de convenios internacionales, se desaprovecha el potencial de la valorización de residuos urbanos, va en contra de la economía circular. No entendemos por qué se está nuevamente apostando por una tecnología que no le trae beneficios al país y tiene riesgos altos”.
Fabián Pacheco, activista del Bloque Verde y agrobiólogo ambiental, alertó sobre la contaminación por compuestos orgánicos persistentes bioacumulables, denominados dioxinas y furanos en el aire y las personas. “Dicen que van a poner filtros mágicos, que no van salir humo ni dioxinas, pero a la hora de los tiros, cuando el filtro falle, se respira el montón de toxinas en el área donde se dispersen por el viento. En este caso en su mayoría viajaría hacia el oeste, a comunidades como Cariari, por eso pegaron de una vez en el salto la Municipalidad de Belén”.
Pacheco añadió que las municipalidades que entren en el negocio “van a hipotecar su futuro económico en una muy mala solución, lo que van a instalar es un problema más en el área metropolitana y ya se conoce que donde se instalan este tipo de plantas, los índices de incidencia de cáncer de pulmón y de enfermedades respiratorias se disparan”.
El otro gran problema que tiene el terreno escogido es que el pasado 17 de julio mediante el oficio 06-300-2020, la Presidenta Ejecutiva del ICE, Irene Cañas, manifestó que “el mecanismo de venta directa no es posible, pues correspondería realizar un remate en caso de que el ICE determine que dicha propiedad no es de interés institucional”.
Esa carta también señala que “a la fecha, no existe ningún contrato que garantice la compra de energía de alguna planta” y que de acuerdo con el Plan de Expansión de la Generación Eléctrica “no se considera la adición de capacidad instalada al Sistema Eléctrico Nacional hasta el año 2026 con la planta Borinquen 1”.
UNIVERSIDAD envió preguntas a Juan Antonio Vargas, director ejecutivo Femetrom. Ya en el cierre de edición, el funcionario contestó “¿de dónde concluyeron uds como investigadores-comunicadores que es una planta de incineración? Es difícil responder objetivamente si las preguntas están sesgadas y no responden a la realidad”.
Sin embargo, apuntó que “hay un incumplimiento histórico de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otras razones por ausencia de una política clara sobre el significado y proyecciones del concepto de valorización de los residuos sólidos, tal cual ocurre en cualquier sociedad desarrollada ambientalmente. Existe una política universal de la gestión de los residuos, que en nuestro país se ha limitado erróneamente a una separación mal realizada, por no estar alineados los factores propios del desarrollo sostenible”.
Concierto Global
Internacionalmente la actividad de empresas en la modalidad de aprovechamiento energético de residuos (o WTE según el acrónimo en inglés) no es algo que se publicite mucho, pero mueve grandes capitales.
En primer lugar se puede mencionar a la gigante China National Electric Engineering Co (CNEEC), dedicada a esta y otras actividades energéticas a través de subsidiarias y alianzas. Por ejemplo, en 2014 emprendió un proyecto en Etiopía de una gigantesca planta incineradora, para el cual se alió con una empresa supuestamente local denominada Cambridge Industries.
Otra empresa china que se mueve en varios países es Everbright International, principalmente en el sureste asiático y en Europa occidental y central. Según un informe contable de 2015, en ese año sus activos superaron los $5.000 millones.
La japonesa Hitachi Zosen, en lo que respecta a la generación energética con residuos, se proclama como “líder global”, y a través de una subsidiaria suiza ha construido más de 260 plantas en Norteamérica, Europa, Medio Oriente y Asia. Junto con las que levantó en Japón suman más de 450.
La multinacional concretera suiza Holcim de igual manera se ha movido en el sector a través de su subsidiaria, también presente en Costa Rica, Geocycle.
Al panorama se suman empresas estadounidenses como Inciner8 o Babcock & Wilcox.
