Una de las primeras cosas que hizo Luis Guillermo Solís, tras ponerse la banda presidencial el 8 de mayo de 2014, fue firmar un decreto en el que declaró como de interés público la intervención de obras de infraestructura vial que amenazaban con colapsar, principalmente 21 puentes y 9 alcantarillas.
Aquella parecía una señal muy positiva para la reactivación de la obra pública que el país ha demandado por años, pero rápidamente las buenas intenciones se fueron empantanando entre la burocracia y varias de aquellas promesas iniciales se quedaron sin cumplir.
Cuatro años después, la administración Solís Rivera (2014-2018) deja una larga lista de obras que apenas dan sus primeros pasos para concretarse y otras que podrían estar listas este año, como es el caso de la nueva Terminal de Contenedores de Moín.
Mientras el sector construcción critica abiertamente al Gobierno por su gestión, la administración Solís Rivera tiene su lista con la que asegura que el tiempo durante estos últimos cuatro años no se perdió.
Los logros
La lista de logros que deja la administración Solís Rivera en materia de infraestructura, en estos cuatro años, detalla avances en proyectos que cuentan con financiamiento externo, como es el caso del Programa de Infraestructura Vial I, que con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), $300 millones, hizo la ampliación a cuatro carriles de los 50,6 kilómetros entre Cañas y Liberia.
Esta administración tambiñen se apuntó la finalización del paso a desnivel de Paso Ancho, la ampliación a cauto carriles del tramo entre Pozuelo y Jardines del Recuerdo con sus respectivos puentes, además de la reconstrucción del puente Alfredo González Flores, más conocido como “La Platina”, que tanto dio de qué hablar en el Gobierno anterior.
En la carretera a San Carlos se diseñó y construyó la Punta Norte (Abundancia-Florencia-Radial Ciudad Quesada), mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) asegura que se completó el prediseño de la Punta Sur (Bernardo Soto-Sifón), para el cual aún no se tiene claro el financiamiento.
El Gobierno también destaca que se avanzó en la vía de acceso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), que contiene el viaducto más grande del país y conectará el nuevo puerto con la Ruta 32. Este acceso no estuvo exento de polémica, pues una pifia de 80 metros en su diseño hizo que su costo se incrementara más de ¢7 mil millones.
La construcción de la Terminal de Contenedores de Moín, a cargo de la empresa APM Terminals, también avanzó durante esta Administración, pese a los cuestionamientos en materia ambiental que ha recibido el proyecto.
En 2017, el desplazamiento irregular de algunos pilotes sobre los cuales se levanta el puerto y una marejada que arrastró parte del material de un rompeolas ocasionaron atrasos para la obra que debía estar lista y funcionando a inicios de este 2018, pero que de seguro entrará en operación este mismo año.
El otro gran proyecto de la Zona Atlántica: la ampliación de la Ruta 32, a cargo de la empresa china CHEC, también ha presentado dificultades para arrancar. Pese al inicio de algunas obras menores, aún hacen falta expropiaciones por concretar y, hasta el mes de marzo, aún había tramites pendientes ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), así como la importación de maquinaria necesaria para la obra.
En materia de puentes, ya se inició la ampliación de las estructuras ubicadas sobre el río Virilla en la Radial Santa Ana-Belén, así como sobre la Ruta 32 (Puente del Saprissa). Por su parte, el MOPT asegura que ya quedaron listos los diseños de los pasos a desnivel para reemplazar la rotonda de las Garantías Sociales, el Monumento a la Bandera y la intersección de Guadalupe, que deberían iniciarse este año.
En cuanto a la Circunvalación norte, el MOPT señala que ya se ha iniciado con la primera de las cuatro secciones funcionales para construir el “arco norte” y sus interconexiones con la Interamericana Norte, la Ruta 27 (San José-Caldera) y la Ruta 32 (San José-Limón).
Con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Gobierno asumió la ejecución de ocho proyectos por un monto de $340 millones, mientras que con recursos del BID se ejecutan la ampliación del tramo de 20 kilómetros entre Cañas-Limonal, así como el mejoramiento de los 21,6 kilómetros entre Playa Naranjo y Paquera.
Otros proyectos que quedarán para arrancar serán el nuevo puente binacional sobre el río Sixaola, que se financia con dinero del Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica y el Caribe. Mientras que la siempre pendiente ruta San José-San Ramón concretó en este Gobierno el primer contrato de fideicomiso, pero los problemas con la factibilidad técnica y financiera del proyecto hacen que aún no se inicie la fase de construcción.
La administración Solís también dejó planteado el proyecto de un nuevo aeropuerto que se ubicaría en Orotina, para lo cual se contrató a la firma británica Mott McDonald, la cual se encargó de realizar un prediseño y un estudio de prefactibilidad financiera.
La idea del proyecto es que pueda estar listo para el año 2027; sin embargo, la iniciativa ya ha encontrado oposición entre pobladores de Orotina que consideran que no se seleccionó el mejor lugar para instalar la futura terminal y que esto afectará negativamente la vida y la salud de ese cantón.
Ligado al proyecto del nuevo aeropuerto deberá concretarse también la ampliación de la Ruta 27 (San José-Caldera), sobre la cual el MOPT afirma que aún se “valora la propuesta”.
Área débil
El director ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), Olman Vargas, opinó que infraestructura fue una de las áreas más débiles del gobierno de Luis Guillermo Solís, pues considera que no tuvo capacidad para gestionar una gran cantidad de recursos que estaban disponibles en financiamiento externo.
“Completó proyectos que venían de la administración anterior, como Cañas-Liberia, Vuelta Cooper-Chilamate y el puente de “La Platina”, que había sido restructurado. El único logro que veo completamente de esta administración fue la ampliación de Jardines del Recuerdo a la Pozuelo”, dijo Vargas.
El representante del CFIA también citó que no se pudo iniciar obras ni adelantar gran cosa en proyectos como la Circunvalación Norte, Cañas-Limonal, Limonal Barranca, la Ruta 32, la ampliación de la Ruta 27 y el proyecto San José-Cartago.
“Nosotros le pusimos a este Gobierno una nota de 50, porque esta fue una de las áreas más débiles del Gobierno. Se inició con un decreto para intervenir nueve puentes en mal estado, de los cuales a lo sumo se atendieron dos”, criticó.
Para Vargas, los problemas en infraestructura tienen que ver con la poca articulación de acciones desde la Administración central y el haber iniciado el gobierno con un ministro de Obras Públicas y Transportes que no estaba ligado al sector (Carlos Segnini), lo que en su criterio generó un periodo de aprendizaje muy amplio.
Vargas también recordó que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ha tenido cuatro directores durante este Gobierno y que, finalmente, se incumplió la promesa inicial de Luis Guillermo Solís de cerrar el Conavi.
“Se presentó un proyecto para crear un Instituto Nacional de Infraestructura, pero se presentó hasta dos años de haber iniciado el gobierno. En el proyecto se quisieron meter temas relacionados con transporte que no tienen que ver con carreteras y finalmente no se discutió a nivel de comisión”, recordó.
En lo positivo, Vargas también rescató el avance que tuvo la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín, pero al mismo tiempo advirtió que si el nuevo puerto entra en operación sin que se concrete la ampliación de la Ruta 32, esta vía se convertirá en una “bomba de tiempo”.
En el tema de transporte, criticó que solo se haya logrado concretar un “pequeño esfuerzo” de sectorización en Tibás y se estuvo a punto de concretar la de Desamparados, pero esto se truncó tras la salida del viceministro Sebastián Urbina.
Resaltó la reforma legal que se realizó para el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, pero considera que se avanzó muy poco para concretar el necesario proyecto de un tren eléctrico metropolitano.
Similar es el criterio del director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, Randall Murillo, para quien hay muy poco que destacar después de estos cuatro años.
“El balance desde nuestra óptica es muy negativo, no solo por el producto final, sino porque verdaderamente nos encontramos un panorama en el que muchos proyectos no se hicieron. Deja obras sin mayores avances y esto es muy lamentable porque el nuevo Gobierno no va a tener cómo iniciar rápido con obras que son necesarias, lo que nos condena a muchos años más sin obras importantes”, afirmó Murillo.
Para Murillo, uno de los mayores focos de preocupación es el poco o nulo avance en el proyecto de la carretera San José-San Ramón, mientras que comparte con Vargas la preocupación por el hecho de que la Terminal de Contenedores de Moín vaya a operar sin que la Ruta 32 esté lista para un aumento en el tráfico de carga.
“Se perdieron años importantes en muchos proyectos. La Circunvalación Norte está empantanada con el tema de expropiaciones. En resumen, el problema de gestión que se tenía de años atrás se mantuvo y se incrementó en este Gobierno. El MOPT es una estructura que no funciona, está colapsada”, aseguró.
Murillo también apuntó sus críticas a la inclusión de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) en proyectos de obra pública, que finalmente encontraron el mismo “embudo” con los procedimientos, a los que se sumaron problemas de transparencias y costos mayores.
“Se incumplió con la promesa de entrarle al MOPT y a lo que ellos llamaron “las hermanitas perversas” (los consejos como el Conavi y Cosevi), de restructurarlos para darles músculo de gestión. Finalmente, la estructura no cambió en nada y los problemas se siguen acumulando”, aseveró.
Para Murillo, a los problemas del MOPT se suma la poca coordinación con otras entidades que también terminan por retrasar los proyectos. Además, él abogó por rescatar la figura de la concesión de obra pública, pues afirma que en este Gobierno se desfinanció y se dejó en “cierre técnico” al Consejo Nacional de Concesiones.
Luis Guillermo Solís: “Hubo una importante contribución en materia de reactivación de obra pública”
Para el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, su administración dejó muchos avances en materia de obra pública que se podrán concretar en la próxima Administración, además de proyectos de gran importancia ya iniciados.
Solís destacó la importancia de las obras en la Ruta 32, pues recordó que en la Terminal de Contenedores de Moín se están invirtiendo $1.000 millones, así como inversiones en los otros muelles existentes, que se convierten en infraestructura fundamental para el país.
“La Ruta 32 es una carretera absolutamente esencial para el desarrollo del país. Es nuestra vena yugular, para buena parte de nuestras importaciones y exportaciones es un punto de logística esencial. Va a permitir el establecimiento de corredores viales entre el Caribe de Costa Rica, el norte y la frontera con Nicaragua. Desde ese punto de vista constituye el corazón de un ecosistema vial de máxima importancia para el país”, resaltó Solís.
El mandatario reconoció que quedó mucho por hacer y lamentó no haber dejado construida al menos una primera línea del tren rápido de pasajeros, de la cual indicó quedó lista una “primerísima etapa” con la licitación de nuevos equipos.
“Se quedan muchas de las principales carreteras que pensamos que podíamos terminar, pero quedan empezadas; me refiero a carreteras como la que va de San José a San Ramón, la que va de Florencia a Naranjo, la segunda etapa de la carretera Limonal-Cañas, que está licitándose para construir en la próxima Administración y me hubiera gustado terminar con proyectos importantes para el desarrollo del Caribe Sur como el acueducto y proyectos que tienen que ver con vivienda donde se asignaron los recursos pero no se han construido las casas”, comentó Solís.
“Todo eso me parece que se hubiera hecho si no hubiese tenido tanta resistencia de los mandos medios en algunos ministerios”, apuntó el presidente.
Menos tiempo en la presa”, la promesa varada de Solís
Sector de transporte e infraestructura solo completó el 39% de sus metas: el mayor incumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo.
Daniel Salazar M.
La expectativa de vida de un Ministro de Obras Públicas y Transportes en Costa Rica es de un año y siete meses. Es decir, cada Gobierno suele contar con tres jerarcas en el área durante toda la Administración.
Por allí han pasado abogados, ingenieros y políticos, que procuraron –sin éxito– desenredar la maraña del transporte en el país. Los casos de jerarcas como Carlos Villalta, Carlos Segnini y German Valverde retratan el mismo error de Administraciones anteriores: la falta de continuidad en las metas de movilidad y transporte del país.
Hoy, según datos del Ministerio de Planificación (Mideplan), el sector de Transporte e Infraestructura es el que tuvo el menor cumplimiento en sus metas en todo el Gobierno. La revisión más reciente de ese ministerio (actualizada a finales del 2017) estima que el sector de transportes e infraestructura apenas ha cumplido un 39% de sus metas. Un 58% restante no se cumplió y el otro 3% muestran atraso crítico.
Atascada quedó la promesa de la creación de un Instituto Nacional de Infraestructura que se encargara de la infraestructura vial, peatonal y de seguridad vial, la reforma al Consejo de Transporte Público, el cobro electrónico de autobuses, una verdadera modernización del Instituto Costarricense de Ferrocarriles o la activación definitiva de la sectorización. El país tampoco mejoró en sus posiciones de competitividad a nivel internacional en transporte y fue incapaz de avanzar en la ruta San José-San Ramón.
Hay algunas herencias. Según un comunicado emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Administración Solís Rivera logró suscribir un convenio de cooperación para desarrollar el sistema de pago electrónico de autobuses y ferrocarriles (proyecto aún inactivo), definió 89 iniciativas para enfrentar las muertes por accidentes de tránsito, se articuló la ruta para implementar la sectorización, se rehabilitó y amplió la ruta Cañas-Liberia y se dio solución definitiva al Puente Alfredo González Flores (conocido previamente como “Puente de la Platina”).
Sin embargo, para Verena Arauz, consultora independiente y coordinadora del Proyecto de Movilidad Urbana Sostenible en San José, el avance de este Gobierno en el sector transportes fue insuficiente.
“No se mostró suficiente compromiso con el tema”, dijo. “Al final se intentó implementar un énfasis de diálogo, pero usted no puede dialogar si no tiene una propuesta concreta. No había que dialogar, había que negociar”, añadió.
Para Arauz, la administración Solís Rivera cedió en muchas de las discusiones, no supo dar continuidad a sus políticas y cargos y falló en plantear propuestas concretas. A su juicio, la promesa de avanzar en la sectorización del transporte público no mostró los suficientes avances.
“Se limitaron a demarcar un carril exclusivo (en Tibás), y al final ni siquiera tenemos datos fidedignos de que eso haya tenido un impacto. No tenemos información de si la gente se está montando más en el bus, porque no se le han pedido datos al autobusero”, comenta.
Para la ingeniera ambiental Ana Lucía Moya, miembro del equipo del Centro para la Sostenibilidad Urbana, es destacable que el Gobierno lograra implementar un primer corredor de sectorización en Tibás, cuando otras Administraciones habían fracasado en ese objetivo.
“Creo, eso sí, que quedan debiendo en implementar un corredor como tal. Más allá de un piloto, de una pequeña parte, la idea era demostrar que el sistema funciona, que el sistema de buses requiere una modernización y que eso tendrá un impacto significativo en la movilidad del resto de la ciudad”.
Algunos de los aportes en movilidad en el período vinieron, más bien, de otras organizaciones como las municipalidades. La aprobación de la Ley Especial para la Transferencia de Competencias –impulsada por el Gobierno y que triplicaba la cantidad de dinero que el Poder Ejecutivo debía girar a las municipalidades– les permitió avanzar en el mantenimiento de las rutas, las aceras, las paradas de los autobuses, y en creación de programas como las ciclovías, en zonas como Montes de Oca o San José.
Este Gobierno también logró la aprobación en el Congreso de una Ley de Fortalecimiento del Incofer, que, sin embargo, no se tradujo directamente en una mejora en el transporte ferroviario. Aunque el Incofer puede adquirir deudas sobre los activos que tiene, esos son insuficientes para cubrir las inversiones que requerían los proyectos del nuevo tren. Tampoco se lograron consensos sobre el plan para el Transporte Rápido de Pasajeros. Ese Instituto, sin embargo, logró tener éxito en su objetivo de traer de nuevo el tren a la ciudad de Alajuela.
“Para mí la principal lección que deja esta Administración a la otra es que es importante la consistencia. En el tiempo, en los actores que se involucran desde el inicio y en una participación activa del MOPT y de todas las instituciones que se involucran en el sector transporte. Eso no existió en esta Administración. Hubo un cambio constante de prioridades, de liderazgo, de metas, de tiempos. Eso es lo que vimos en estos cuatro años”, cerró Moya.
