Magistrado instructor, Román Solís, presentará conclusiones a Corte

Informe sobre investigación a Sala Tercera estará listo en abril

Cinco jueces –incluido el Presidente del Poder Judicial– son indagados por cerrar causa contra diputados.

La Corte Plena conocerá en abril el informe de una investigación disciplinaria que se realiza a cinco miembros de la Sala Tercera –entre ellos el presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla- por haber desestimado, con prueba falseada, una causa penal en la que se indagaba a los diputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, en el caso conocido como el “cementazo”.

El magistrado instructor del proceso disciplinario, Román Solís, confirmó a UNIVERSIDAD que ya se dio audiencia a cuatro investigados (Chinchilla, Doris Arias, Jesús Ramírez y la suplente María Elena Gómez) y que estos brindaron sus respuestas.

El único que no atendió la solicitud fue Celso Gamboa Sánchez, quien afronta otros procesos disciplinarios y penales por varios hechos. Por ejemplo, el pasado 22 de febrero, la Corte solicitó a la Asamblea Legislativa la destitución de Gamboa por haberse interesado de forma “indebida” en procesos penales que involucraban al empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

“A él (a Gamboa) se le notificó en un correo electrónico que había dejado cuando rindió el informe sobre ese mismo tema a la Corte Plena. En ese escrito, él mencionaba un correo electrónico y se le notificó. Ahora, ¿qué puede hacer él después de que la Corte comience a discutir el informe?, ya es una cuestión de la estrategia de defensa que él puede desarrollar”, detalló Román Solís.

El magistrado instructor añadió que, por el momento, está pendiente que se presenten las conclusiones de las partes y realizar la redacción del informe final, el cual podría ser conocido por la Corte Plena después de Semana Santa.

Los cinco miembros de la Sala de Casación Penal son indagados con base en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la cual establece que se rechazarán las quejas relacionadas con “interpretación de normas jurídicas”, pero que, si se trata de “retardo o errores graves e injustificados en la administración”,  se investigarán los hechos y la Corte Plena resolverá “sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario”.

La averiguación se relaciona con la forma en que, en tan solo cinco días, los jueces penales cerraron la causa que se seguía en contra de los legisladores Guevara y Morales por el delito de tráfico de influencias.

Ese expediente llegó a la Sala Tercera el 14 de febrero del año pasado, proveniente de la Fiscalía General, con una solicitud de desestimación.

Ese informe de la Fiscalía –firmado por la entonces fiscala subrogante, Berenice Smith– afirmaba que un análisis de llamadas elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) descartó contactos entre los diputados y el empresario Bolaños.

La Sala Tercera acogió esa solicitud sin advertir que, en realidad, la pesquisa del OIJ en su poder revelaba cientos de contactos telefónicos entre los políticos y el empresario cementero.

La causa disciplinaria contra los magistrados se inició en diciembre del año pasado; no obstante dos meses antes, la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines (ANIC) había interpuesto una denuncia penal por los mismos hechos.

Tras conocerse públicamente estos hechos, el presidente del Poder Judicial argumentó que la Sala no contó con la prueba del OIJ, pero después se desdijo.

Este martes, Chinchilla dijo a UNIVERSIDAD que, al no tener el expediente a mano, se había dejado llevar por las declaraciones del entonces fiscal general Jorge Chavarría, quien inicialmente argumentó que la prueba no llegó a la Fiscalía.

“Luego cambié la posición partiendo de que el fiscal general había rectificado. La prueba ahí está y nosotros la tuvimos, porque ahí consta”, manifestó Chinchilla.

El presidente de la Corte se abstuvo de ahondar en las razones por las cuales se archivó la causa en la que él era instructor, a pesar de existir esa pericia judicial, pues adujo que esos hechos están en investigación tanto en la vía disciplinaria como penal.

Por su parte, el magistrado Celso Gamboa –quien actualmente está suspendido– dijo a UNIVERSIDAD que no respondió la audiencia sobre este caso porque los mismos hechos fueron investigados dentro de la otra causa disciplinaria relacionada con su viaje a Panamá junto con el empresario Juan Carlos Bolaños.

“El magistrado Orlando Aguirre consideró que no me cabe ningún tipo de responsabilidad disciplinaria (por la desestimación), entonces, considero innecesario que se me juzgue dos veces por el mismo hecho, cuando yo he insisto en que el responsable de esa desestimación es el presidente Carlos Chinchilla”, adujo Gamboa.

El magistrado achaca a su compañero la responsabilidad porque afirma que solo Chinchilla tuvo acceso a la prueba y resolvió con una “celeridad extraña”.

Según Gamboa, una circular emitida en el 2014 por el mismo Chinchilla restringía a los demás magistrados de acceder a la prueba.

Esa circular indica que los expedientes no circularán entre los magistrados con los discos adjuntos, pero que, en caso de que alguno requiera revisarlos, puede coordinar con el auxiliar judicial asignado al caso.

Sobre el proceso penal contra los cinco magistrados, la Fiscalía General informó el lunes que se ha recopilado prueba informática, documental y testimonial, y que el caso continúa en investigación.

Sala Tercera pidió indagar filtración a la prensa

En medio de los cuestionamientos hacia el Poder Judicial por las actuaciones en el caso del “cementazo”, la Sala de Casación Penal pidió a la Inspección Judicial investigar a dos letrados que consultaron en el sistema electrónico si la prueba de las llamadas telefónicas elaborada por el OIJ había ingresado o no junto con el expediente judicial de Guevara y Morales.

La queja se presentó en contra de los letrados Agustín Gutiérrez Carro y Frank Harbottle Quirós.

La Sala acusó a esos funcionarios por considerar que no tenían autorización ni un interés legítimo en consultar este expediente, según se lee en documentos dentro del procedimiento, de los cuales UNIVERSIDAD tiene copia.

La magistrada Doris Arias indicó a este medio que se pidió la averiguación porque se filtró a la prensa información que es legalmente confidencial para ajenos al proceso penal.

No obstante, en su respuesta ante la Inspección Judicial, el letrado Gutiérrez argumentó que actuó motivado por los cuestionamientos públicos hacia el Poder Judicial por el caso del “cementazo”.

“Es ante este escenario de silencios y incertidumbre, que el 14 de octubre decidí, con absoluto apego al interés público e institucional, consultar el oficio de recibido del expediente No. 15-000022-0033-PE, para determinar la verdad de lo acontecido. En efecto, el Informe 876-OPO/UAC/ART-2015 (informe de llamadas del OIJ) sí ingresó a la Sala Tercera”, se lee en el documento de descargo.

“Ignoro por qué este detalle no ha sido aceptado por el máximo jerarca de la Corte Suprema de Justicia, y en su momento instructor de la causa No. 15-000022-0033-PE. Pero de lo que sí estoy absolutamente convencido es de que en ningún instante he actuado con intereses ilegítimos, sino al contrario, pensando en el interés público e institucional. Habrá quienes piensen que tapar posibles irregularidades de los superiores es la forma correcta de actuar, por mi parte yo tengo claro que eso no es otra cosa que complicidad”, añadió Gutiérrez.

El letrado indicó en su escrito de respuesta que, para ese momento, todos los letrados tenían autorización de consultar los expedientes de la Sala y que fue hasta después de estos hechos que se impusieron restricciones.

Además, indicó que su intención era informar a la presidencia de la Sala, pero que, antes de poder hacerlo, se le abrió la investigación disciplinaria.

Gutiérrez también adujo que no accedió al contenido “del fondo de la causa”, sino solo a visualizar el ingreso de una constancia que confirmaba que se recibió la prueba.

UNIVERSIDAD contactó vía telefónica a ambos funcionarios judiciales para hablar de este tema; sin embargo, ellos indicaron no poder referirse porque el procedimiento se mantiene abierto.

La Presidenta de la Sala Tercera enfatizó que nunca ha habido intención de perseguir a funcionarios o a la prensa, sino de cumplir el mandato legal de mantener secretas las actuaciones dentro de un expediente penal.

 

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