El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, tuvo inactivo durante 14 meses un informe de auditoría sobre adjudicaciones a la constructora H Solís y presuntas irregularidades por una subcontratación que resultó ficticia.
Desde mayo del 2019 hasta julio del 2020 pasó el tiempo hasta que se giró la orden de abrir un procedimiento administrativo disciplinario contra seis funcionarios por parte de Méndez Mata, figura relevante en el gobierno de Carlos Alvarado desde su cargo como jerarca del MOPT y presidente directivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
Las posibles violaciones a la Ley de Administración Financiera y a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito pasaron sin sanción más de un año después de que la Auditoría General detectó en un expediente problemas en la planificación y fiscalización de contratos de conservación vial, así como anomalías en el flujo de información, en el manejo de fondos públicos y toma de decisiones gerenciales.
Aunque Méndez Mata conocía del caso como miembro de la directiva del Conavi que había remitido el informe a su propio despacho, la apertura del procedimiento disciplinario la ordenó apenas después de que la Sala Constitucional recibió un recurso de amparo contra el jerarca, según la secuencia de documentos institucionales aportada por el abogado denunciante Alejandro Alvarado.
Ese reclamo constitucional aludía a la denuncia original en 2018 y a mitad del 2020 el abogado exigía conocer qué trámite se le había dado. Se intentó conocer las razones de esa tardanza, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta a la consulta enviada al MOPT el martes.
Esa denuncia es una de las dos que dieron origen al caso “cochinilla”, la investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revelada al país el lunes 14 de junio. Ese día las autoridades realizaron 57 allanamientos y detuvieron a 30 personas, entre quienes hay funcionarios públicos y representantes de las empresas constructoras involucrados en una red de aparentes sobornos y malversaciones por un volumen superior a ₡78.000 millones.
El caso que tuvo en sus manos Méndez Mata por 14 meses es parte fundamental de este expediente policial llamado caso “cochinilla”.
Uno de los funcionarios señalados por la autoría del 2019, Edgar May Cantillano, gerente de Conservación de Vías y Puentes, está ahora detenido en espera de medidas cautelares, aunque por otros motivos. También está ahora imputada Gabriela Trejos Amador, quien era gerente de Asuntos Jurídicos y firmó el 8 de noviembre de 2018 un oficio para pedir la auditoría, pues ella conoció la denuncia original, de acuerdo con el acta 71-2018 del Consejo de Administración de Conavi, correspondiente a una reunión presidida por Méndez Mata.
No hay registros de que alguien en Conavi, en aquel momento, pensara en llevar al Ministerio Público el documento de auditoría AUOF-0319-0174, referido a la licitación pública 2014LN-000018-0CV100 para la contratación de mantenimiento periódico y rehabilitación del pavimento de distintas zonas del país. El tema se quedó en casa aún cuando los indicios daban una idea de lo que había ocurrido con esas adjudicaciones a la empresa H Solís: el ‘ok’ a una subcontratación aparentemente ficticia para reportar ante Conavi que la constructora sí tenía manera de realizar trabajos que, en la realidad, escapaban a su experiencia.
Se trata de un contrato para demarcación de carretera que supuestamente ejecutaría una compañía española llamada Visever, subcontratada por Hernán Solís como medio para justificar los precios, aunque después se comprobó que los trabajos los hicieron directamente los empleados de la contratista carente de la experiencia requerida. Por esta “ardid”, como lo llamaron los investigadores, Conavi pagó facturas por ¢115 millones.
Esa adjudicación a Hernán Solís fue posible porque la empresa ofertó la demarcación por debajo de los costos previstos y, cuando Conavi le consultó por qué, la constructora contestó que obedecía a la capacidad de trabajar con costos bajos y a una “negociación competitiva de subcontrato” con la empresa Visever, cuyo apoderado es un ciudadano español apellido Notario García y el representante legal es Roberto Acosta Mora, quien también es representante legal de la Constructora Hernán Solís, certificó al OIJ el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el 25 de abril de 2019. Este mismo es gerente en la Constructora Hernán Solís y esposo de Mélida Solís, dueña de la empresa y actualmente imputada.
Esta información consta en el expediente del caso “cochinilla”, en el que se lee que Visever nunca ha tenido actividad económica en el país, que no tiene personal inscrito en planillas y no está inscrita como contribuyente, además de que en distintas diligencias ofrecieron números de teléfono y dirección coincidentes con registros de la empresa Hernán Solís.
Además dice que se hallaron problemas en los trabajos en Guanacaste, ausencia de ellos en algunas zonas y la falta de una pintura de tipo “termoplástica” que se suponía era un requisito, falencias de las que estuvo al tanto la dueña de la constructora, Mélida Solís, según concluyen los investigadores basados en una conversación telefónica interceptada el 20 de abril del 2020.
“Se puede concluir con alta probabilidad de certeza, que toda la situación nebulosa creada sobre la empresa Visever en Costa Rica, por parte de la empresa H Solís, fue con la intención que se le adjudicara la licitación 2014-LN-000018- OCVOO, aunque para eso tuviesen en apariencia que engañar al Estado”, dice el informe del OIJ, antes de señalar la posible complicidad de altos cargos del Conavi, pues May habría dado orden de inicio a las obras y aprobado facturas sabiendo que no estaba todo en regla.
Esa aprobación también la dio, según los investigadores, el gerente financiero de Conavi, Carlos Solís Murillo, quien aparece como imputado y uno de los principales actores en la señalada red criminal alrededor del negocio de los contratos viales, entre los que está el denunciado por el abogado Alejandro Calvo que luego fue objeto de la auditoría de Conavi y reposó 14 meses en el despacho del ministro Méndez.
Mientras, los investigadores policiales avanzaban en diligencias como comprobar que los trabajadores en carretera eran de la planilla de Hernán Solís y que la maquinaria estaba inscrita a nombre de la constructora, la compañía, igual que la empresa Meco, teórica competidora en el mercado nacional, pudieron seguir operando totalmente habilitadas durante ese período de 2018 y hasta este momento de detonar el caso “cochinilla” con hechos que se investigan desde ese año hasta ahora, aunque vienen desde los últimos 20 años, según el informe.
