El informe preliminar de la investigación en la Asamblea Legislativa por la presencia de agentes de seguridad presidencial durante la visita de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sugiere que no hubo choque de poderes, por cuanto los agentes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) se reportaron con la administración legislativa, pero advierte que no podían sustituir la función de los cuerpos de seguridad legislativos.
Durante la reunión de jefaturas de fracción, la Directora Ejecutiva de la Asamblea Legislativa Karla Granados y el jefe de la Dirección Jurídica Freddy Camacho comentaron a los diputados que la investigación sobre los incidentes que se presentaron el pasado 25 de enero, cuando los agentes de la UEI escoltaron a Esquivel a la salida de una comisión legislativa para impedir que la prensa la abordara, se concluye que los protocolos de seguridad de la Asamblea fueron respetados.
Granados comentó que se había recibido comunicación del ingreso de los agentes de la UEI, que se reportaron en los controles de ingreso y no entraron armados. «En los protocolos de seguridad, se permite el ingreso de agentes de policía privados o públicos cuando se requiera, pero se les hace saber que no pueden entrar armados», dijo.
La Directora Ejecutiva de la Asamblea declaró a los diputados que también se debía respetar que los agentes externos no podían sustituir las funciones de seguridad que son propias de los cuerpos legislativos. Esto fue resaltado por Camacho, quien indicó que según la normativa vigente, el procedimiento seguido por los miembros de la UEI fue válido. «Se reportaron, se anotaron en la bitácora, y por un tema interno de la Asamblea, no se les permitió el ingreso de armas», dijo.
Ambos funcionarios indicaron que el incidente permitió identificar «áreas de mejora», en el sentido de que es conveniente analizar reformas a los reglamentos legislativos para dejar claro «las acciones o los límites que pueden tener estos custodios, porque no pueden suplantar las funciones de los cuerpos legislativos de seguridad», dijo Camacho.
El incidente generó un polvorín en el Plenario la semana pasada, cuando varios diputados cuestionaron si los agentes de la UEI, unidad de la Presidencia, había sido autorizada para ingresar a la comisión de Ingreso y Gasto. También se criticó que se utilizaran agentes especializados para combatir el narcotráfico y el terrorismo para evitar que la prensa abordara a Esquivel a su salida de la comisión.
En ese sentido, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), especificó que la ley de la UEI la limita para proteger a miembros de los Supremos Poderes, dignatarios extranjeros, y enfrentar amenazas de narcotráfico y terrorismo. «Parece que se actuó contra la normativa, ya que Esquivel no pertenece a los Supremos Poderes, no es dignataria extranjera, y no estamos informados que hubiera una amenaza terrorista o de narcotráfico en la Asamblea en ese día», dijo.
Por su parte Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático (PSD), fracción todavía oficialista, indicó que la ministra de la Presidencia Natalia Díaz recibió un informe sobre el tema y estaría dispuesta a dar declaraciones. Pero agregó que «me parece increíble» que se requiriera garantizar la seguridad de los jerarcas del Gobierno cuando asisten a una comisión, e insistió en que los escoltas no agredieron a Esquivel, sino que los periodistas golpearon a la presidenta de la CCSS.
El presidente legislativo Rodrigo Arias cerró este espacio resaltando que todavía faltaba conocer el informe de Zapote sobre la UEI, pero que las conclusiones preliminares de la indagación legislativa apuntaban a que los protocolos de la Asamblea se habían respetado, pero que se revisarían como parte de un ejercicio de mejora, con el fin de dejar claro que las funciones de los cuerpos legislativos de seguridad no pueden ser asumidas por visitantes, sean policías o escoltas privados o públicos.
Por su parte, Ortega insistió en que el FA investigaría más, particularmente si en momentos en que el país atraviesa una crisis por problemas de seguridad, el Gobierno utiliza a expertos de seguridad de manera antojadiza y contraria a la legislación.
