Los diputados de las Asamblea Legislativa aprobaron la noche del jueves el expediente 20.461, en el que se incluyeron todas las recomendaciones del informe de la Comisión Especial Investigadora de Créditos Bancarios sobre ‘el caso del cemento chino’.
Con la aprobación, el Plenario aceptó poner en marcha las acciones propuestas en primera instancia por los nueve integrantes de la Comisión, de los que finalmente se apartó Abelino Esquivel (del Partido Renovación Costarricense) por considerar que no compartía lo escrito y que había aceptado extender su firma sólo por haber sido víctima de “presiones” a lo interno del grupo.
El resto de la Comisión estuvo inegrada por los diputados Ronny Monge, Sandra Piszk, Julio Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN); así como por los oficialistas Ottón Solís, Nidia Jiménez del Partido Acción Ciudadana (PAC), William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y José Alberto Alfaro del Movimiento Libertario (ML)
Lea también: Con resistencia oficialista, diputados aprueban informe del ‘Cementazo’
El informe es un ejercicio de “control político”, por lo que sólo raya en conclusiones y recomendaciones sin injerencia judicial, pero lleno de apuntes que serán aportados a la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), para sus respectivos análisis.
El documento también recogió conclusiones y recomendaciones sobre el caso de Coopelesca, relacionadas al otorgamiento de un crédito en condiciones cuestionadas para la compra de una represa a la cementera Holcim; sin embargo, las principales réplicas investigativas rayaron en el primer caso mencionado.
Sobre este punto, los diputados de la Comisión resaltaron en distintas ocasiones la importancia del ese contexto, al tratarse de un cuestionamiento que involucró —y provocó menciones directas en el informe— de figuras públicas inherentes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Lea también: Congreso señala falta de probidad al presidente Luis Guillermo Solís (resumen del informe)
Además, el informe hizo referencia a funcionarios de entidades bancarias, quienes también fueron parte del grupo —sobre el que se giraron acusaciones y recomendaciones— que se resume a continuación:
Poder Ejecutivo
Luis Guillermo Solís, presidente de la República
Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública el informe, bajo el supuesto de que incumplió su deber de probidad por no actuar con igualdad para con todos los habitantes de la República y por no velar de manera correcta por la más apropiada gestión de los recursos públicos del país.
Estas, entre otras acusaciones, han sido rebatidas por Presidencia, que estima encontrarse frente a un informe plagado de “conclusiones falsas, inexactas o imprecisas”.
Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
Se solicitó al presidente Solís su “destitución inmediata” por, supuestamente, incumplir sus funciones de protección a la figura del Ejecutivo. En esta línea, los diputados recriminaron haber expuesto a la figura presidencial a reunirse con Juan Carlos Bolaños, argumentando que Figueres tenía conocimiento de antecedentes negativos del empresario.
Esta versión ha sido refutada por Figueres y por la misma Presidencia en distintas ocasiones, fuentes que dicen no haber tenido mayores sospechas de conductas por las que resultara conveniente evitar al importador de cemento chino.
Welmer Ramos, exministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Fue remitido a la Procuraduría de la Ética Pública para que se analice si incurrió en alguna violación al deber de probidad en sus gestiones, como parte de su impulso en la ruptura del duopolio del mercado cementero que abrió paso a la importación de cemento chino.
Este caso causó especial roncha por ser Ramos el primer candidato a diputado por la provincia de Heredia en el PAC en estas elecciones, así como por la intensa defensa que recibió de la Presidencia y gran parte del oficialismo sobre sus funciones.
Daniel Gallardo, expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)
Se le pidió renunciar a sus aspiraciones legislativas por el primer lugar en San José del PRC, tras ser cuestionado por presuntas gestiones suyas en favor de licitaciones giradas al empresario Juan Carlos Bolaños cuando dirigía la CNE.
No obstante, este punto también causó divisiones en la Comisión Investigadora, donde Abelino Esquivel (del PRC) rebatió las acusaciones al punto de salvar su voto en esta recomendación, argumentando —entre otras cosas— que “se salía del ámbito” de investigación.
Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda
Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública para que se determine su incurrió en algún delito o faltó a su deber de probidad por haber impulsado gestiones del empresario Bolaños, según habría interpretado, por un interés del Casa Presidencial que le expresó el diputado Morales Zapata.
Al respecto, incluso el mismo Rodríguez manifestó que cometió un error, del que culpó en gran medida a Morales por hablarle en nombre del Casa Presidencial sin ningún fundamento.
En el caso del exviceministro se solicitó que no sea nombrado en puestos públicos por al menos cinco años.
Benito Coghi, exdirector de Aduanas
Se instó a la Fiscalía para que continúe sus investigaciones sobre el funcionario, que aceptó haber apurado procesos de desalmacenaje del cemento chino por presiones directas.
Además, se remitieron sus actuaciones a la Procuraduría de la Ética Pública, de modo que se analice si habría incurrido en algún delito o violación al deber de probidad.
Poder Legislativo
Víctor Morales Zapata, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (ahora independiente)
Se instó a la Fiscalía para que continúe con sus investigaciones sobre el congresista y se le solicitó renunciar a su inmunidad. También, se pidió que no se le nombre en el ejercicio de cargos públicos por los siguientes diez años.
A Zapata se le cuestionó por intercambiar gran cantidad de llamadas con el empresario Bolaños, así como por incidir en el incorrecto desalmacenaje de un cargamento de cemento argumentando intereses de Presidencia.
En distintas ocasiones, Morales ha expresado que nunca habló en nombre del presidente Solís sin que fuera cierta la referencia y que todas sus gestiones se debieron al impulso en la ruptura del duopolio cementero, del que dice no haber recibido beneficio alguno.
Johnny Leiva, diputado del Partido Unidad Social Cristiana
A Leiva, quien fue acusado de reunirse con Bolaños y quien aceptó vínculos con el empresario, se le remitió a la Procuraduría de la Ética Pública par que se determine si el congresista incurrió en alguna falta a su deber de probidad.
En medio de este proceso, Leiva incluso renunció a la jefatura de campaña de su partido.
Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario
En el caso de Guevara, quien se ha reconocido a sí mismo como amigo de Bolaños, el informe instó a la Fiscalía para que continúe sus investigaciones sobre el actuar del diputado, a lo que añadió la remisión del informe a la Procuraduría de la Ética.
Además, se solicitó su renuncia a la inmunidad parlamentaria, de modo que se analicen los posibles vínculos del congresista con el empresario cementero.
Guevara ha dicho en distintas ocasiones que efectivamente impulsó la apertura del mercado costarricense del cemento, aunque siempre ha reiterado que su interés fue por temas ideológicos más que por “amiguismos”.
Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional
Se remitió a la Procuraduría de la Ética Pública para determinar si faltó a su deber de probidad. González aceptó reuniones con Bolaños; sin embargo, negó cualquier favorecimiento al empresario de estas reuniones.
De cualquier manera, los diputados de la Comisión cuestionaron la oportunidad de estos encuentros.
Walter Céspedes, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana
Sobre el exdiputado, se solicitó que se consideren las acusaciones del informe en las investigaciones administrativas y judiciales que ya existen en su contra, basadas en gestiones suyas en nombre del empresario Juan Carlos Bolaños ante la CNE, cuando el primero era diputado, y pruebas fácticas de contactos con el mismo, como el registro de centenares de llamadas al empresario.
Sector Bancario
En materia bancaria, las recomendaciones del informe se centraron especialmente en las responsabilidades que corrieron sobre los principales directivos y jerarcas del Banco de Costa Rica (BCR), a quienes se pidieron suspensiones y variedad de inhabilitaciones temporales.
Específicamente, se mencionó a los siguientes funcionarios:
Mario Barrenechea, gerente del Banco de Costa Rica
Se solicitó que fuera despedido y se inhabilitara por diez años de ocupar cargos públicos. Hoy sigue en prisión preventiva mientras se realizan investigaciones judiciales en su contra.
Al respecto, se remitieron sus actuaciones al la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública.
Antigua Junta Directiva
- Paola Mora: Se pidió que se inhabilite de cargos públicos por diez años.
- Alberto Raven: Se solicitó se inhabilitara de cargos públicos por ocho años.
- Gustavo Arias y Ronald Solís: Se solicitó su inhabilitación por cinco años de cargos públicos. Ambos se remitieron a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública.
- Francisco Molina, Evita Arguedas y Mónica Segnini: Se pidió que fueran inhabilitados de cargos públicos por cuatro años.
- Pablo Villegas, secretario de actas de la Junta Directiva: Se remitió a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública, junto con Alberto Raven y Paola Mora, de modo que se investigue si incurrieron en algún delito o faltaron a su deber de probidad.
- Fabián Volio, asesor jurídico de la Junta Directiva, y Eduardo Ramírez, director jurídico del Banco de Costa Rica: Se solicitó su despido e inhabilitación por cinco años de cargos públicos. También se solicitó al Banco que inicie investigaciones sobre ambos funcionarios.
En el caso del Banco Nacional, se remitió al presidente de la Junta Directiva, Víctor Carranza, a la Procuraduría de la Ética Pública y la Fiscalía. También, se solicitaron investigaciones internas en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
Poder Judicial
Jorge Chavarría y Berenice Smith, exfiscal general y exfiscal general subrogante
El informe apuntó que incumplieron “gravemente” sus funciones y deberes, por los que solicitó su inhabilitación de cargos públicos por diez años. Además, se instó a las agrupaciones políticas a nombrarlos en cargos de decisión política.
Tanto a Chavarría como Smith se les cuestionó por su actitud y la desestimación de varias causas en el caso conocido como “Cementazo”.
Magistrados de la Sala Tercera
Se respetó que existen procedimientos disciplinarios en trámite, pero reiteró que encontró hechos que ameritan “una fuerte censura y la separación de sus cargos si lo ameritan”.
Celso Gamboa, magistrado de la Sala Tercera
Finalmente, en el caso de Gamboa, se solicitó su destitución del cargo y su inhabilitación de cargos públicos por diez años, “respetando su derecho de defensa”.
Así mismo, se remitió el informe a la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública para que se analicen las conexiones hechas de Gamboa con Bolaños, incluido un viaje que hicieron juntos a Panamá, cuando iniciaban las operaciones cementeras del empresario.
Lea el informe completo aquí: Informe Final de la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios
