Más de 192.000 personas, es decir, casi un 4% de la población nacional, vive en asentamientos informales o “precarios” y representan una de las poblaciones más vulnerables y con menos acceso a los servicios que ofrecen la ciudad o las comunidades, destaca el informe Entornos Urbanizados y su relación con la Hacienda Pública: Una perspectiva de servicios públicos sostenibles cantones, especialmente en la Gran Área Metropolitana (GAM).
El informe, publicado recientemente por la Contraloría General de la República (CGR), cita datos del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH).
Se conoce como asentamiento informal a aquel lugar donde un grupo de familias toman posesión de una propiedad que no es de ellos y viven en una condición de precariedad al no tener propiedad de donde habitan.
Estos lugares se caracterizan por presentar carencia de servicios básicos, inadecuado manejo de aguas servidas, hacinamiento, uso del suelo descontrolado, tenencia ilegal de los terrenos y exclusión social.
La mayoría de asentamientos informales se ubican en la provincia de San José (30,8%), seguidos de Alajuela (17,1%) y Puntarenas (17,3%), según datos del MIVAH.
Vivienda de interés social
En lo que respecta a la construcción de viviendas de interés social, la CGR indica que, además del déficit en esta materia, se ha evidenciado que algunos de estos proyectos se construyen desconectados del centro de la ciudad y se ubican donde el suelo es más barato.
Esta situación conlleva a dos posibilidades, una es que el Gobierno tiene que invertir en nueva infraestructura, servicios y equipamiento, lo que no necesariamente hace más barato el proyecto, indica la CGR. La otra posibilidad es que el proyecto de vivienda carece de algunos servicios básicos como recolección de residuos, rutas y paradas de autobuses, entre otros.
Asimismo, los gobiernos han estado construyendo este tipo de vivienda principalmente en cantones sin plan regulador y sin viabilidad ambiental.
Durante el período 2014-2020 se construyeron cerca de 1,55 millones de metros cuadrados en viviendas de interés social exoneradas en cantones con estas condiciones, señaló la Contraloría.
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