El más reciente informe de la Relatoría Especial sobre Derechos económicos, sociales, culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se hizo eco de la preocupación ya expresada desde Naciones Unidas, ante la deprotección que viven los pueblos originarios.
Además destacó el hecho de que Costa Rica no ratificó el Acuerdo de Escazú, “que protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina” e hizo un llamado para que finalmente lo haga.
Tales son los principales pero no únicos señalamientos que ese informe, divulgado el pasado 26 de mayo hace sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Respecto a la situación de los pueblos indígenas, la Redesca recordó en primera instancia que ya la ONU ha sido explícita en cuanto a “las contribuciones fundamentales” que realizan en “la economía, la cultura y el desarrollo social”, al tiempo que hizo un llamado al Estado y a la sociedad civil para “asegurar que en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas estén libres de toda forma de discriminación”.
Con mayor gravedad el informe de Redesca también reitera la necesidad de que Costa Rica respete, proteja y garantice el derecho de los pueblos indígenas a “poseer, utilizar y manejar sus tierras, territorios y recursos”.
Ese llamado puso énfasis la preocupación por la violencia reciente contra las personas indígenas, en los territorios indígenas de China Kichá, Térraba, Salitre, y Cabagra, al tiempo que advirtió al Estado costarricense que “es su obligación adoptar medidas urgentes para proteger a las personas y comunidades amenazadas, así como impulsar las acciones necesarias para cumplir con sus obligaciones de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables por los asesinatos de Sergio Rojas y Jerhy Rivera”, aún impunes.
Deuda tica
En relación con el complejo tema del acceso a la justicia respecto a asuntos ambientales, la Redesca tomó nota de la reticencia de Costa Rica para ratificar el Acuerdo de Escazú, que “protege el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina”.
El informe destaca que que esa reticencia se mantenía a pocos días de que entrara en vigencia, pese a que en ese momento ya tenía tres años de firmado y que el país incluso había impulsado que otras naciones latinoamericanas lo suscribieran.
“La Relatoría Especial llama a Costa Rica a la ratificación del Acuerdo adoptado en Escazú, en sintonía con su compromiso con la protección del ambiente”, reza el documento.
Otro aspecto señalado en el caso de Costa Rica es impacto que las actividades empresariales pueden tener en los derechos humanos y en temas ambientales.
Concretamente, la Redesca expresó su “preocupación ante información de público conocimiento que muestra que los gigantes de los bienes de consumo estarían colaborando con las empresas cementeras para quemar sus desechos plásticos en lugar de reducir su producción y consumo, revelando que estos proyectos se extienden por todo el mundo, impactando comunidades en lugares como Costa Rica”.
La fuente de esa información, según se pudo constatar al hacer un seguimiento de las informaciones citadas en el informe, es un reportaje de la agencia Reuters de octubre del año pasado. Esa información denuncia “un esfuerzo global de parte de grandes multinacionales para quemar más desechos plásticos en hornos de cemento”.
Específicamente señala a la Coca-Cola Company, Unilever, Nestle S.A. y Colgate-Palmolive, mientras que las cementeras que entran en el negocio son el Grupo Holcim, Cemex SAB, de México; PT Solusi Bangun Indonesia Tbk y una empresa filipin(Foita denominada Republic Cement & Building Material Inc. “Estos proyectos se extienden en todo el mundo, desde Costa Rica a las Filipinas, desde El Salvador a la India”, apunta el reportaje especial de Reuters.
