Estudio analizó 189 instituciones del Estado

Informe de Contraloría sobre esquemas salariales públicos: solo siete de 260 incentivos están sujetos a evaluación

Un estudio de la CGR analizó la información disponible de 189 instituciones del sector público, de las que 24 paga más por incentivos que por remuneraciones.

Sólo siete de los 260 incentivos salariales del sector público están ligados a formas de evaluación, concluyó el más reciente informe sobre los esquemas remunerativos del sector público revelado la tarde de este lunes por la Contraloría General de la República (CGR).

El estudio contempló a 189 instituciones del sector público, de las cuales 24 invierten más en el pago de “pluses” que en salarios base.

Sobre este y otros hechos, la CGR determinó que existen fuertes disparidades en los esquemas estudiados, en los que se pagan en promedio seis incentivos por institución.

Al respecto, la Contraloría destacó con principal atención factores de insostenibilidad como la “amplia variabilidad en montos y porcentajes” de los incentivos, como ocurre en el caso de las anualidades, que van desde el 1% hasta el 9,99%.

Así mismo, la Contraloría apuntó la amplia gama de instrumentos legales que generan este tipo de disparidades, las cuales se alojan en leyes, reglamentos, decretos, convenciones colectivas, acuerdos de junta directiva, laudos arbitrales, resoluciones de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) y acuerdos de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda (STAP), entre muchas otras normativas que podrían revisarse.

En esta línea, el ente contralor urgió al Ministerio de Planificación (Mideplan) a «activar» cuanto antes su rectoría en materia de empleo público, la cual le fue conferida con la reciente aprobación de la reforma fiscal.

Para la Contraloría, un mejor orden de este espectro sólo será posible “elaborando las políticas generales, y definiendo  lineamientos y normativas administrativas que tiendan a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector público”.

Cabe recordar que el Gobierno ya anunció que planea presentar un proyecto de reforma al empleo público el próximo año, que —según la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar— será una de las claves para frenar el crecimiento desproporcionado del gasto público.

De hecho, Aguilar fue la primera jerarca de Gobierno en anunciar la intención de regular la materia, aunque también ha matizado diciendo que deben revisarse las escalas salariales para que los ajustes vayan «cada vez más asociados al costo de la vida que a los pluses como un fin en sí mismos».

Ese reto será especialmente grande si se toma en cuenta que la Contraloría la posibilidad de ordenar los incentivos salariales de 277.698 (hasta septiembre de este año), contra los 11.611 que reciben salario único.

Por institución

El informe de la Contraloría determinó que las instituciones con una mayor cantidad de incentivos —otorgados en distintas cantidades a sus empleados—  son el Ministerio de Educación Pública (88), el Instituto Nacional de Seguros (24), el Poder Judicial (25), la Japdeva, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Seguridad Pública (21).

En cuanto a la inversión que estos requieren, hay cuatro entidades que en 2017 destinaron más de ¢70.000 a costear incentivos: el MEP con ¢409.443,63 millones, la CCSS con ¢352.132,7, el Poder Judicial con 123.200,7 y la Universidad de Costa Rica con 77.856,25 millones.

En total, la CGR sumó un pago por incentivos anual nacional de ¢1,5 billones, casi una tercera parte del monto que el Estado paga en remuneraciones base.

Vea los hallazgos de la Contraloría: Esquemas remunerativos del sector público

A pesar de todos estos datos, la Contraloría subrayó que 166 de las 189 instituciones analizadas no contaban con información sobre sus esquemas, ya fuera “de forma oportuna, desagregada o congruente con la información presupuestaria reportada en sistemas de información nacionales”, un vacío en la transparencia y la rendición de cuentas que considera pendiente.

En esa línea, recomendó al Servicio Civil “revisar los diferentes instrumentos normativos que regulan la materia”, de modo que “los esquemas remunerativos sean más eficaces, simples, sostenibles y transparentes”.

Varios informes

Este es apenas uno de tres informes que publicó este lunes la Contraloría, entre los que además realizó un nuevo repaso sobre los destinos específicos que asfixian al presupuesto nacional y sobre la fiscalización de Hacienda en relación con el Impuesto de Ventas.

En cuanto a los destinos específicos —incluidos legales y constitucionales—, la CGR reiteró que comprometen el 95,8% de los ingresos tributarios del país. al tiempo que representan un 46,1% de los gastos totales del país.

Además, subrayó nuevamente que se establecieron de forma perpetua, una condición que pidió revisar al Congreso.

Por su parte, en materia del impuesto de ventas, la CGR determinó que la evasión de los contribuyentes inscritos rondaría los ¢650.000 millones (1,9% del PIB) —tomando como referencia datos de 2016—, en medio de un contexto en el que al menos uno de cada tres sujetos del impuesto declaran menor o igual a cero deducciones.

Este impuesto será reformado a partir del próximo año para dar paso al Impuesto al Valor Agregado (IVA), una de las medidas con las que Hacienda espera mejorar la lucha contra la evasión junto con la aplicación de la reciente factura electrónica.

Según la contralora Martha Acosta, todos estos estudios «buscan aportar a la discusión nacional», esperando que sean utilizados por los actores nacionales para atacar «los temas estructurales» relacionados con las dificultades fiscales del país, ahora que ya se aprobó el proyecto de reforma fiscal.


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