A Vanessa Altamirano, de 33 años, le suspendieron en marzo el contrato como salonera en Soda Las Delicias, en Santo Domingo de Heredia; en abril la despidieron definitivamente. Esta jefa de hogar quedó sin su único ingreso de ¢350.000 al mes, que ganaba trabajando jornada completa y con el que mantenía a sus hijos de 7, 11 y 14 años.
¿De qué vive ahora? “De la liquidación que ellos me dieron, que me la están dando por tractos, de eso me estoy manteniendo, y hay gente que viene y nos regala diarios y por medio de la escuela que nos da los paquetes de alimentos”, cuenta Vanessa. La mujer vive en Birrisito de Cartago y hoy busca trabajo “a donde sea, donde me salga, a cualquier lado voy por mis hijos”. Si bien la joven madre no paga alquiler porque tiene casa propia –obtenida mediante un bono de vivienda–, busca un empleo con angustia.
a su trabajo en la Soda Las Delicias, hasta que llegó el COVID-19. (Foto: Cortesía)
“Yo metí lo del bono (Proteger) y me dijeron que estaba aceptada la solicitud y me meto al expediente digital y solo me sale que estoy en análisis; de ahí no pasa desde abril”, dice. A Vanessa la trajeron de Nicaragua cuando tenía siete años y tiene cédula de residencia. Varias personas solicitantes del bono Proteger con cédula de residencia han denunciado un atraso en sus trámites.
El Estado costarricense está cubriendo como una sombrilla a más de 1.974.860 personas, destinando a estos programas sociales más de ¢286.639 millones. Ya han transcurrido 95 días desde que empezaron las medidas sanitarias por la emergencia y, sin embargo, la reapertura de empresas, pequeños negocios y la creación de empleos apenas es a cuentagotas.
LO QUE EL ESTADO ESTÁ SOSTENIENDO
Esa cifra de casi dos millones de beneficiarios de algún tipo de apoyo estatal llegó a ese nivel histórico al añadir las 532.901 personas despedidas, con contrato suspendido, con jornada laboral reducida y a trabajadores independientes e informales, que hoy reciben el bono Proteger..
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) han invertido ¢64.118 millones.
Se incluye también el subsidio extraordinario que el IMAS ha dado a 32.406 mujeres jefas de hogar en pobreza, con la presencia de una persona adulta mayor, niños o persona con discapacidad. Es un apoyo de ¢125.000 en abril y de ¢100.000 en junio.
Se cuentan también los paquetes de alimentos y kits de limpieza que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha distribuido a 2.000 mujeres de todo el país, y los “diarios” que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha repartido a 850.000 estudiantes, los cuales en este momento no pueden recibir sus alimentos en los comedores escolares.
Asimismo, entran en este grupo las 128.845 personas adultas mayores en condición vulnerable, viudas y personas con parálisis cerebral que han recibido su pensión del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Y esto sin contar los ¢45.912 millones que el IMAS ha destinado en lo que va del año a personas en situación de pobreza, mediante los beneficios que otorga regularmente.
BLOQUEAN PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Si bien en un principio el Gobierno contaba con limitados recursos para hacer frente y financiar ayudas, en este momento enfrenta un faltante crítico.
En la primera etapa de la atención de la crisis se destinó ¢227.509 millones (aproximadamente un 0,6% del PIB) para que el MTSS implemente el bono Proteger, además, invierta en reactivos y equipo de laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) y apoye al Benemérito Cuerpo de Bomberos en la atención de la emergencia.
No obstante, hoy en día la decisión de la mayoría de diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios de no aprobar el presupuesto extraordinario le impide al Estado costarricense asegurar necesidades básicas de la población más afectada por la pandemia.
El Gobierno se ve imposibilitado de cumplir con estos programas sociales, lo que afecta no solo a las personas directamente beneficiadas, sino también a los miles que trabajan en el sector privado y que brindan servicios al sector público.
La pandemia ha golpeado en gran medida las finanzas de las instituciones públicas. En la CCSS, por ejemplo, esto se ve reflejado tanto en el aumento del gasto para atender la emergencia sanitaria como en la disminución de los ingresos, debido al desempleo y la reducción de la base mínima contributiva en un 75%.
La mayoría de los diputados considera que el Ejecutivo no se ha tomado en serio el recorte del gasto. El presupuestario extraordinario que no aprobaron incluía ¢62.000 de millones en recorte de gastos al Gobierno Central.
La incertidumbre sobre el desenlace de este presupuesto es la misma que la de la pandemia. Por ahora, la administración Alvarado anunció que presentará un nuevo presupuesto extraordinario en julio.
Mientras tanto, dos proyectos de ley piden gravar las riquezas de quienes tienen mayores ingresos para que el Ministerio de Hacienda los distribuya en partidas de gasto público.
El plan del diputado José María Villalta, la Ley de Contingencia Fiscal Progresiva y Solidaria ante la Emergencia Nacional del COVID-19, considera modificar el impuesto que grava las utilidades obtenidas en un año fiscal y podría generar un máximo de ¢195.000 millones, sin considerar la caída fiscal reportada por Hacienda a mitad de este 2020.
Mientras que el de la diputada Paola Vega tiene como punto de referencia las rentas de personas jurídicas, físicas y jubiladas que pertenecen al último percentil de impuestos, y se estima que se pueden recaudar cerca de ¢95.000 millones.
