Esta tarde mediante un comunicado el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) denunció que de nuevo en 2022 no podrá llevar acabo XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, ya que “el Ministerio de Hacienda no concedió el espacio de crecimiento en el gasto corriente que impone la regla fiscal”.
La información destaca que se realizó “diversos esfuerzos” ante ese ministerio, así como con Presidencia y Ministerio de Planificación, pero “lamentablemente no ha habido voluntad política” para resolver los problemas de ejecución de presupuesto, por lo cual la institución anunció “una vez más” la suspensión del Censo Nacional de Población y de Vivienda, así como del Estudio Económico de Empresas y la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, “todas programadas para el 2022 y con disponibilidad de recursos”.
Cabe recordar que el censo también fue suspendido el año pasado.
Puntualmente, la institución aclara que no ha solicitado que se le exima de la aplicación de la regla fiscal, ni presupuesto adicional, ya que gracias a la Ley del Sistema de Estadística Nacional (No. 9694), tiene la potestad de desarrollar proyectos estadísticos sin necesidad de solicitar dinero al Gobierno, y cuenta con la reserva de recursos para poder ejecutarlos cuando los necesite, de acuerdo con su plan de producción estadística.
Sin embargo, la aplicación de la Ley No. 9635 (Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas), impide la ejecución del gasto más allá del límite establecido año a año para la institución y hace totalmente inviable realizar estos proyectos y cumplir con sus responsabilidades.
Floribel Méndez, gerenta del INEC, manifestó que la institución “es consciente de la crítica situación fiscal que enfrenta el país y lo ha demostrado al haber implementado la reducción de sus gastos en los últimos años y al financiar, con recursos propios, el proyecto censal. El Poder Ejecutivo debe tomar en cuenta que el INEC no está solicitando más recursos, únicamente pide que se autorice lo estipulado en el artículo 53” de la mencionada ley.
Esa norma apunta que “todos los recursos que el INEC genere como superávit libre y todos los rendimientos que perciba por inversiones financieras constituirán una reserva destinada exclusivamente al financiamiento de todos los costos de los censos nacionales o la revisión y actualización de las metodologías utilizadas en la producción de las estadísticas oficiales”.
Invisibilizar la desigualdad
La información además señala como “la mayor preocupación” el hecho de que “las autoridades gubernamentales no comprendan la magnitud de las consecuencias a las que se puede ver enfrentado al país al no contar con información censal, y la de otras operaciones estadísticas, ya que las repercusiones podrían ser muy negativas, principalmente de cara a la recuperación de la crisis económica y social post pandemia COVID-19”.
Tras apuntar que esta aplicación de la regla fiscal implicará que tampoco el sector privado contará con insumos para desarrollar estrategias de negocio e inversión con miras a la reactivación económica, también destaca que de cara al proceso electoral, “las nuevas autoridades deban basarse en información desactualizada para planificar y evaluar políticas y acciones en el ámbito nacional, regional, municipal y para áreas y poblaciones vulnerables”.
“Entes fiscalizadores del accionar público, tales como la Contraloría de la República, la Defensoría de los Habitantes, así como la propia Asamblea Legislativa, no tendrán información fidedigna y actual para realizar su labor” subrayó.
Además, el no realizar estas operaciones estadísticas afectaría a otras instituciones públicas, los gobiernos locales, la empresa privada, la academia y a otros usuarios, pero sobre todo a la ciudadanía.
La información señala con gravedad que ” la mayor afectación” la tendrá la ciudadanía, “quienes quedarán invisibilizados ante las necesidades de los hogares y personas que habitan este país, sobre todo en este momento, ante las consecuencias de la pandemia”.
Como ejemplo se señaló la desigualdad social, “ya que no se podrían actualizar los mapas de pobreza que permitan identificar las concentraciones de personas en dicha condición, lo que afectaría directamente en la calidad de vida y desencadenaría que más ciudadanos permanezcan en la pobreza post pandemia, impidiendo que los recursos lleguen a las personas que más lo necesitan”.
