La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) planteó hoy la necesidad de una apertura gradual del sector de generación de electricidad.
Sergio Capón, vicepresidente de la CICR hizo el planteamiento durante el panel “Tarifas eléctricas competitivas: ¿Qué cambios se requieren en el Sistema Eléctrico Nacional?”, en el Congreso de Ambiente y Energía, organizado por la CICR.
“Consideramos que ya llegó la hora para que empecemos a hablar de una apertura gradual del sector de generación”, dijo Capón. Según el empresario, “tenemos un modelo desactualizado, que permanece en el estatus quo”.
“En Costa Rica no solamente no tenemos tarifas competitivas sino que estamos en un mercado totalmente cerrado, no es de competencia, somos un monopolio, con un comprador único y estamos totalmente al otro extremo de los mercados modernos donde efectivamente hay competencia, hay una dilución de riesgos versus inversionistas y donde hay mercados que se negocian las tarifas de manera más competitiva”, señaló.
De acuerdo con capón, esto les garantizará que los proyectos de generación que se introduzcan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sean los más eficientes. “Quisiéramos ver un mecanismo de subastas para decidir cuáles de estos proyectos vamos a incorporar al SEN”.
Asimismo, permitiría que los generadores privados vendan sus excedentes, ya sea para exportación o en el mercado nacional.
“Tenemos una sobreinstalación de 107%, hemos crecido en la potencia instalada en los últimos 10 años y en el mismo tiempo la demanda ha crecido solo el 55% y esos proyectos, si vemos los últimos seis proyectos que desarrolló el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tenemos una mala planificación y mala ejecución, donde nos genera cerca de $1.600 millones en exceso; eso es casi el doble de lo que se planificó invertir”, detalló.
Por su parte, el Intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), Mario Mora, coincidió en que hay que no solo repensar el marco legal sino transformar los modelos de negocio y planteó “construir una nueva gobernanza para la transformación del modelo eléctrico”.
“Más que una ley general de electricidad deberíamos valorar la posibilidad de pensar en una ley general de energía, que nos permita retomar esa necesaria integración entre el sector eléctrico y el sector hidrocarburos en el marco de una agenda de descarbonización, en que los temas se cruzan precisamente porque estamos hablando de mercados cada vez más competitivos, más dinámicos y más cambiantes”, afirmó Mora.
“Hay un desafío de optimizar el exceso de capacidad instalada que tenemos, tanto pública como privada, el aprovechamiento de excedentes de energía enfocado en la transformación de los procesos productivos en la generación de nuevas demandas y sin duda la necesidad de movernos hacia un despacho renovado, transparente, ajustado a las prácticas internacionales”, aseveró en el mismo panel.
En cuanto a la Aresep, dijo que necesitaban moverse “hacia un marco regulatorio flexible, capaz de adaptarse a los cambios del entorno”.
Espacios renovados con el nuevo Gobierno
Los participantes en el panel destacaron que veían “espacios renovados” con las nuevas autoridades.
Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) resaltó que “este tema no se ha discutido por demasiados años”, “hay que aprovechar la oportunidad que nos da la llegada de nuevas autoridades para impulsar cambios que debimos haber hecho hace mucho tiempo en el sistema eléctrico nacional”.
“A pesar de que los precios de la generación privada son competitivos y baratos y que la generación privada no afecta las finanzas del ICE se están desconectando plantas privadas y algunos equipos ya tienen dos años. Esta es una decisión absurda dentro del concepto de que tenemos una energía renovable valiosa en Costa Rica, y en este país lo que hacemos es desconectar plantas privadas baratas y renovables”, criticó Alvarado.
El empresario recordó que el ICE “ha establecido la desconexión de todas las plantas privadas de aquí al 2035”; pero que ahora ha anunciado que explorará un proceso de recontratación en el año 2024. “Es fácil de entender porque estamos en un esquema en el que se va a ocupar más electricidad”, según Alvarado.
“Plantas con costos más altos que las de generación privada han quedado en el SEN. Eso no es bueno para el usuario, por supuesto. Para beneficiar al usuario es fundamental dar espacio a la generación de plantas limpias y baratas, dándole espacio primero a las más baratas porque eso va a favorecer las tarifas”, insistió.
Impulsarán que empresas privadas puedan exportar e importar electricidad
La diputada socialcristiana Daniela Rojas, quien preside la Comisión Especial de Energía de la Asamblea Legislativa, y quien también participó en el panel, dijo que impulsarán en la comisión que las empresas privadas no solo puedan exportar su electricidad al Mercado Eléctrico Regional (MER), sino también importar, y que no solo lo puedan hacer los generadores que ya cuentan con una concesión.
Rojas se refirió al proyecto de “Ley para la Autorización de las Empresas Privadas de Generación de Electricidad para la Venta de Excedentes de Energía en el Mercado Eléctrico Regional” (22.561).
“No está completo. El acceso al mercado eléctrico nacional no debe ser solo para exportar, debemos permitir también la importación, si es que esa importación nos va a dar mejores precios a los usuarios. Además, en ese mismo proyecto se establece esto para los que ya en este momento tienen una concesión; pero ir al mercado regional debería ser una posibilidad de alguien que incluso quiera venir a invertir, no únicamente de los que ya están en este momento. Eso es lo que queremos impulsar desde la comisión”, señaló Rojas.
Los participantes en el panel esperan que pronto se aprueben, además del proyecto de ley citado, otro que reforma la Ley de Aresep relacionado con la fijación de las tarifas de electricidad, y el proyecto de ley “Reformas a la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas y a Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional” (Expediente 22.701).
Para esto solicitaron el apoyo de la diputada Rojas.
Por su parte, el viceministro de Energía, Ronny Rodríguez, declaró que tenía “más consenso que disenso”, en lo que expusieron los panelistas.
“Hay suficiente análisis y ya es hora de tomar decisiones. Todo esto tiene sentido solo si ponemos al usuario en el centro porque es un servicio público regulado. Se ocupan instrumentos de política pública urgentes”, dijo, y mencionó los proyectos de ley citados, modificaciones a decretos o una ley de energía.
Rodríguez detalló que él trabajó el proyecto 22.561 cuando era asesor del viceministerio de energía.
“Ese proyecto se trabajó a solicitud del ICE porque el ICE había argumentado que no tenía respaldo jurídico. Lo trabajamos con el objetivo de darle un espacio a empresas de la ley 7200 que no estaban entregando energía al ICE, que pudieran vender esa energía utilizando lo que dice el protocolo del tratado eléctrico nacional, para que las empresas privadas pudieran vender fuera del país”, señaló.
“Son plantas de generación privada que las hemos pagado todos los costarricenses, y ya están repagadas las deudas y deberían tener tarifas accesibles y deberíamos mantenerlas activas porque el país las ocupa en cualquier momento”, agregó Rodríguez.
