“El Presidente dice que reconoce que cuidamos los bosques, no deberían haber muertos por defender la tierra, ni siquiera deberíamos estar en esta lucha”, dijo un activista identificado como Lesner, recuperador Bribri del clan Tuádiwak, en el territorio de Salitre.
Sus fuertes palabras fueron divulgadas por la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) en un comunicado con el que salió al paso de las manifestaciones hechas por el presidente Carlos Alvarado en Glasgow, Escocia, en el marco de la cumbre mundial de cambio climático COP-26.
Durante la realización de un foro denominado “Bosques y Uso del Suelo” que se realizó el pasado lunes, Alvarado manifestó que “los mayores guardianes del bosque y la tierra son los Pueblos Indígenas”, al tiempo que resaltó el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) como un mecanismo para la conservación de bosques.
Al respecto, las organizaciones indígenas y campesinas que integran la CLSS expresaron un inconformidad con lo dicho por Alvarado, en primer lugar porque el Estado “no ha sido capaz, ni ha tenido la voluntad política para garantizar la vida e integridad personal de los Pueblos Originarios” y al respecto recordó “los asesinatos por razones políticas de Sergio Rojas Ortiz, Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre el 18 de marzo de 2019 y de Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba el 24 de febrero de 2020”.
En efecto, dos asesinatos en menos de un año de “hermanos que fueron asesinados defendiendo sus territorios y Pueblos”.
Al mismo tiempo, la organización recordó que el Informe de agresiones y violaciones a los Derechos Humanos contra los pueblos originarios en la Zona Sur de Costa Rica, publicado por la misma CLSS, denunció que durante 2020 se dieron 14 amenazas de muerte contra activistas de los Pueblos Originarios de la Zona Sur del país, así como dos defensores de los derechos humanos de estos Pueblos.
Más de 80 agresiones contra pueblos indígenas fueron documentadas en la zona Sur durante 2020
Ello es sólo una pequeña pero significativa parte de los 86 incidentes documentados en ese Informe y que se mantienen en la impunidad.
Deuda pendiente
Con gravedad, la CLSS subrayó que en los territorios indígenas de la zona Sur se mantiene una ocupación ilegal según detalla de un 40% de esos territorios por parte de personas no indígenas, que en algunos casos alcanza el un 75%.
Precisamente respecto al tema de saneamiento territorial, la CLSS resalta que el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (PRTI) que inició el gobierno en 2017, no se ha materializado en la devolución efectiva de “ni un solo terreno”, a excepción de dos fincas de Salitre que ya habían sido recuperados por los propios indígenas pero que “contrario a lo que este Pueblo solicitaba”, fueron entregados a la Asociación de Desarrollo Indígena.
Cabe recordar que estas asociaciones de desarrollo son instancias impuestas a los pueblos indígenas por el Estado, pero no se corresponden con sus tradiciones culturales o históricas, mientras que la organización de autogobierno que reconocen en el caso de ese territorio bribri es el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa.
La CLSS también denunció que el Estado ha sido incapaz de devolver los terrenos priorizados por las organizaciones propias de varios Pueblos Originarios, específicamente ocho en Salitre, 13 en Cabagra y 17 en Térraba. Además, durante 2020 y 2021 se han dado tres resoluciones resoluciones judiciales que ordenan el desalojo de personas del pueblo Cabécar de China Kichá y una del pueblo Brörán de Térraba, que apeladas oportunamente, pero que tres de ellas aún representan “un peligro y una amenaza de desalojo judicial”.
Con gravedad, la CLSS se refirió al PSA y destacó la omisión de Alvarado de que esos pagos son gestionados y administrados por las mencionadas asociaciones de desarrollo indígena, que como se dijo, no se consideran organizaciones propias, sino más bien impuestas por el Estado en estas comunidades.
“Tampoco señala Alvarado los muchos casos en los que se encuentra denunciadas y en procesos judiciales, algunas de estas ADI, no todas, por el manejo irregular de los fondos provenientes de PSA y la poca participación real de las comunidades y propietarios de estos bosques, en las decisiones y beneficios económicos”, apunta el comunicado.
Una mujer recuperadora en la localidad de de Crun Shurin, en el territorio Térraba del pueblo Brörán, no identificada en el documento divulgado, observó que ser “guardianes de los bosques”, como dijo Alvarado, “nos ha costado dos asesinatos de defensores de nuestros derechos como Pueblos Originarios, muchas personas más no podemos ni siquiera dormir tranquilas con nuestras familias por las amenazas de los terratenientes; somos guardianes pero tenemos a los poderes del Estado en contra de nuestros derechos”.
Por ello, asevero que “no se vale que el mundo escuche estas mentiras del presidente Carlos Alvarado, ya que nuestras luchas son muy desiguales y nosotras como mujeres indígenas sufrimos toda clase de atropellos por seguir acompañando y conservando a nuestra madre tierra para evitar que las empresas transnacionales con sus proyectos extractivos la sigan matando”.
“Nuestra lucha continuará por defender nuestras tierras que son un todo: Bosques, Agua, Aire, Espiritualidad, Cultura y Autonomía; aunque nos tengan amenazadas y aunque el Presidente Alvarado mienta en los foros internacionales”, añadió.
Por su parte, Lesner también plantó cara al Presidente y dijo “no somos guardianes de nuestras tierras, nosotros somos parte de la tierra y la cuidamos de forma innata, natural. Ella nos cuida y nosotros la cuidamos, para nosotros el bosque es un ser vivo como cualquier otro elemento que compone esta tierra”.
Añadió que “no necesitamos dinero para cuidar nuestros bosques y tierras, porque a la hora de que se ofrece dinero por cuidar nuestros bosques y tierra, se pierde el sentido de vivir en equilibrio y se cuida solo por dinero. Nuestra cosmogonía dice como debemos vivir con nuestro bosque y tierra, el hacerlo pagado distorsiona esa forma de hacerlo.”
