“Ha pasado de todo y la impunidad ha imperado más allá del asesinato del compañero Sergio (Rojas), que terminó de confirmar que para los pueblos indígenas no hay justicia, ni pronta ni cumplida, eso ya no se, sólo está en algún papel”.
Duras fueron las palabras de Lesner Figueroa, del territorio bribri de Salitre, con cuya participación inició el pasado miércoles el foro “Agresiones en las recuperaciones y respuestas de los pueblos originarios”, realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR.
Salitre ha sido precisamente uno de los casos más emblemáticos del proceso de recuperación de tierras de hecho, que inició en 2010 impulsado entre otras organizaciones por el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), liderado por Sergio Rojas, originario de ese territorio, hasta su asesinato en marzo de 2019.
Con gravedad, Figueroa añadió que “las organizaciones que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas ahora son más fuertes, se han visto movimientos muy peligrosos, en donde hay muchos intereses de políticos, de usurpadores no indígenas, se han unido para seguir agrediendo a los pueblos originarios”.
Añadió que “en todo lado hay células de estas personas,por así decirlo, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo”.
Sin titubear, Figueroa declaró que el Poder Judicial “al menos en su sede de Buenos Aires (de Puntarenas) está en contra de los pueblos indígenas y es racista y discriminatorio” y dijo que esas actitudes son comunes en la Fiscalía, oso tribunales, la Defensa Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El activista indígena fue más allá y dijo que “el Poder Judicial no respeta ningún instrumento jurídico que protege los derechos humanos, en este caso nuestros derechos”.
Insistió en que las personas funcionarias judiciales en la zona “desconocen o quieren desconocer todo lo que tiene que ver con materia indígena, con nuestros derechos, todos, hasta el que te atiende, si te ve como medio indígena, como dicen ellos, entonce no atienden, hay que pelearse”.
Recordó que precisamente en la víspera de su asesinato, Rojas había acompañado a unas personas a Buenos Aires precisamente para presenta una denuncia.
“Hay compañeros amenazados, compañeras amenazas, y son los que ya están identificados por esos grupos organizados” de agresores y usurpadores, según dijo.
Desde el territorio de cabécar de China Kichá, escenario reciente de múltiples hechos violentos contra la población indígena, Adriana Fernández recordó que originalmente abarcaba casi ocho mil hecareas, pero que hoy sólo 2.100.
Relató que allí la primera recuperación de tierra se organizó en 2018, desde entonces se han reaizado varias pero “ha sido difícil, desde el momento en que hacemos las recuperaciones se ve toda la discriminación que no había salido a flote como se ve ahora por parte de instituciones públicas y gente no indígena, que cada vez hace la vida más imposible”.
Añadió que cuando se pone al tanto a las autoridades de las agresiones o amenazas, las denuncias “se archivan o simplemente quedan ahí y no pasa nada”.
Respecto a la Fuerza Pública, dijo que es “uno de los detonantes más fuertes contra nosotros, se agarran de cualquier cosa y ya tienen identificados quiénes son los que hablan y participan máss y a esas personas son las que quieren atrapar”.
Fernández dijo que recientemente se ha dado “un periodo de muchas agresiones, siempre vamos a poner denuncias, pero los compañeros dicen que ya están aburridos”, ante la inacción de las autoridades.
“Ya intentaron asesinar a una persona, le cortaron un poco el cuello”, denunció.
“¿Por qué no se hace justicia, se arrestan o al menos medidas cautelares contra esas personas?”, cuestinó.
Relató se dio una agresión contra un grupo de mujeres indígenas, una de las cuales llevaba un niño en brazos. “Cuando preguntamos a Fuerza Pública que cuándo nos tomaban la denuncia, lo único que nos decían fue ‘hálese, hálese’; exigimos que nos tomaran la denuncia, nosotras habíamos sido las agredidas, pero les tomaron la denuncia a los agresores”.
Por todo ello dijo que “estamos cansados de poner denuncias y que se archiven, o uno pone la denuncia y al final es a uno al que buscan para arrestarlo”. Añadió que todo ello “son maneras de limitar la justicia, el acceso a la justicia para los pueblos originarios no existe, sólo está en el papel, estamos cansados de siempre la misma cosa”.
Del territorio recuperado de Crun Shurín, en el territorio Bröran de Térraba, participó Jorge Sibas, hijo de Pablo Sibas, cofundador junto a Sergio Rojas del Frenapi.
Sibas relató como la decisión de recuperar ese territorio requirió de “gran valentía”, pues se trata de unas mil hectáreas e implicó enfrentarse a una poderosa familia terrateniente.
Dijo que el grupo de 16 familias pasó “aproximadamente año y tres meses llevando palo y palo y palo, ofensas, agresiones, duele más todavía cuando hermanos de nuestra propia sangre son capataces y defienden a los Ramírez”.
Aún cuando el grupo recuperador ha logrado sobreponerse incluso a arbitrariedades judiciales, el trabajo ha sido duro de recuperar una finca que estuvo dedicada a la ganadería y que estaba “completamente deforestada”.
Aún hoy no cuentan con “una sola gota de agua” y que “el ICE no quiso poner luz”.
Tras cuestionar que se indemnice a quienes habían usurpado el terreno, aseveró que “no hay un Estado que se comprometa a hacer valer los derechos de nuestro pueblo”.
Además puntualizó que “mataron a Sergio (Rojas), mataron a Jehry (Rivera, también de Térraba), yo no quiero que maten a mi papá, han estado a punto”.
También bribri pero de Cabagra, la recuperadora Luzmilda Delgado relató sobre sus luchas contra la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) “por corrupción y muchas otras situaciones” y de conflictos internos entre las mismas personas recuperadoras.
“El gobierno lo que quiere -dijo- es seguir jugando con nosotros, seguir imponiéndonos una estructura con un reglamento que salió de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), que no es un reglamento de los indígenas, es impuesto”.
Cabe recordar que tanto la figura de las ADI como la Conai son vistas por las personas indígenas más tradicionalistas como imposiciones de un Estado ajeno.
Al igual que quienes le antecedieron en el uso de la palabra, Delgado se quejó de la policía y dijo que no atiende cuando se denuncian agresiones. “Yo lo pasé, el tiempo que recuperé. Se siente feo que no te quieran recibir la denuncia o que te digan palabras amenazantes. Lo que hacían era como despistarlo a uno, como para que no diga nada y se intimide”.
Dijo que por ello hay personas indígenas que prefieren no hablar, y alertó además de que “cuando usted va a poner una denuncia, no escriben lo que usted dijo, escriben otra cosa”.
“Eso es un tipo de agresión, porque no se está expresándo lo que uno está diciendo, sino lo que ellos quieren que uno diga”, subrayó.
Además recordó que el año pasado se organizaban grupos de personas que se hacían llamar multi étnicos, quienes “caían a las 11 p.m. o a la 1 a.m., a hacer agresiones, la policía llega cuando le da la gana o llega y habla con los agresores y no con las víctimas”.
Sin embargo, “estamos dispuestos a seguir luchando por lo que nos pertenece. En Cabagra hemos hecho casi 1500 hectáreas en recuperación y estamos satisfechos, no del todo porque todavía hay invasión”.
Insistió en que “no nos vamos a detener, no nos va a asustar nadie, porque vamos a seguir en esta lucha, las futuras generaciones van a necesitar esas tierras”.
