La judicatura costarricense requiere de una serie de garantías para asegurar su independencia, por ello, la ley prevé que cualquier proyecto o iniciativa que incida en el funcionamiento del Poder Judicial requiere de consulta para asegurar su independencia. Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, considera que es un tema que ha estado en juego.
Este criterio está relacionado con la interpretación que hizo este órgano judicial con respecto a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y cómo le afectaría en su funcionamiento, así como el más reciente anuncio del Ministerio de Hacienda de recortar el presupuesto del Poder Judicial en ¢2.500 millones, por no acogerse a la regla fiscal.
Así lo afirmó el jerarca en el marco del foro regional “Desafíos para el ejercicio de la justicia independiente en Centroamérica”, organizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud). En esa oportunidad, expertos de cada país plantearon la situación que viven jueces y magistrados de las Cortes Supremas de Justicia para lograr una verdadera independencia judicial.
Desde la visión del magistrado Cruz, este tema es una construcción constante, pero fue enfático en que Costa Rica siempre ha contado con herramientas normativas para garantizarla; aunque ese mecanismo fue criticado y castigado cuando desde la Judicatura emitieron su criterio.
“El Poder Judicial no puede entrar en el activismo político y esta consulta generó mucha controversia, incluso hubo quienes aseguraron que era un burocratismo, pero no se daban cuenta de que había un juego de poderes. Se aprobó la ley de racionalización del gasto público, que implica una carga tributaria para la Administración, y a los empleados públicos se les disminuyen los salarios”, indicó Cruz.
En este caso los magistrados resolvieron que un recorte de esa índole afectaría el funcionamiento del Poder Ejecutivo, sobre todo en materia de lucha contra la corrupción. No obstante, aseguró el presidente de la Corte, desde el Ejecutivo y el Parlamento hubo críticas e intentos de decir cómo debieron interpretar el proyecto.
“Es algo así como, ‘deberían preguntarnos cómo interpretar una ley`. Al ver la resolución de la Corte, desde el Poder Ejecutivo nos dicen: ‘les vamos a suprimir una parte del presupuesto’. En Costa Rica tenemos un ambiente de disminución de la independencia judicial”, añadió el jurista.
Además, considera que no existe armonía entre el Poder Judicial, el Legislativo y Ejecutivo, pues desde su visión los diputados piensan que los conflictos deben definirse a su favor, porque son ellos quienes nombran a los magistrados y piden alinearse a esos criterios.
Por su parte, la especialista en Derecho Internacional y Derechos Humanos, Marcia Aguiluz, señaló que, de acuerdo con los estándares internacionales, la independencia judicial requiere de garantías a lo interno y externo.
Uno de los elementos que Naciones Unidas defiende es que el Poder Judicial tenga autonomía para regir sus presupuestos; por ende, una injerencia de otro poder de la República que implique recortar fondos, sin su consentimiento, plantea un contexto complejo.
“Entiendo que hay una mayoría de la población que espera la autocontención, debido a los problemas fiscales; pero esto puede ser un precedente para que, en otro, cuando la Corte Suprema decida sobre actos de corrupción que involucren personas influyentes de la política, como castigo, se limite su presupuesto. Esto definitivamente mina la independencia judicial”, analizó la experta.
Para Cruz, el sistema de nombramiento de los magistrados es una de las opacidades más grandes que se da, pues considera que ni para elegir o ratificar estos puestos existe la suficiente transparencia.
“Tenemos un modelo vertical en el sistema judicial vigente, eso debilita la independencia de otros jueces. Me parece que es necesario un cambio hacia la horizontalidad y así evitar una alta concentración de poder”, señaló.
A pesar de estos desaciertos, con relación al resto de países centroamericanos, Costa Rica cuenta con un Estado Social de Derecho y buenos niveles de independencia judicial.
Amenazas son fuertes en la región
Los países centroamericanos viven realidades muy distintas, marcadas en muchos casos por los cambios sociales y políticos que se presentaron en la década de los ochenta, cuando se firmó el acuerdo de paz y se acabaron los conflictos armados.
Las transiciones se concentraron también en el paso de un sistema autoritario a una democracia, con economías abiertas, zonas emergentes, una mayor productividad y urgencia por garantizar el acceso y la sostenibilidad.
Estos cambios trajeron consigo retos para los países, pero los procesos judiciales continúan siendo débiles, sobre todo en naciones como Nicaragua y Honduras, debido a los pocos recursos que se destinan para atender casos.
Adicionalmente, hay una imagen negativa de los sistemas judiciales, pues muchos los ciudadanos consideran que es posible pagar sobornos para resolver denuncias por delitos. Entonces, se entiende que cada nación tiene sus matices y enfrenta diversos desafíos y amenazas.
- “En el Salvador uno de los desafíos más importantes para el sistema judicial es la legitimidad de la judicatura. La imagen del juez de las dictaduras que implicaba poca protección de derechos se ha ido trasladando y la gente guarda ese imaginario, que cuesta reconstruir. Ese aspecto de legitimidad es un verdadero reto”. Magistrado Carlos Sánchez, El Salvador.
- “El desafío que tenemos en Costa Rica está relacionado con la elección de magistrados, que tiene origen constitucional pero que en la operatividad se ha logrado la vulneración absoluta del Poder Judicial, el cual se ve como una amenaza para la clase política, por lo cual se ha emprendido una campaña para deslegitimar las resoluciones judiciales”. Jueza Adriana Orocú, Costa Rica.
- “En Guatemala los jueces sufren amenazas, tanto a lo interno como externo, y se incluyen estructuras de crimen organizado. Vemos la confluencia de las amenazas contra la vida e integridad de los juzgadores; no hay respaldo de las autoridades, las cuales usan mecanismos institucionales para criminalizar a los operadores de la justicia”. Jueza Ericka Aifán, Guatemala.
- “En Panamá hay un grave problema, y es que la mayoría de los juzgadores no son de carrera, porque algunos años atrás la Corte Suprema de Justicia suspendió los procesos para la selección de jueces o magistrados, esperando la Ley de Carreras, pero a la fecha se abrieron concursos de magistrados del ramo civil. Los funcionarios del nuevo sistema judicial penal acusatorio son interinos, temporales y nombrados por la Corte; eso abre portillos para la corrupción, por lo que se ha generado un ambiente de burla para los jueces”. Jueza Delia Carrizo, Panamá.
- “La independencia del sistema judicial, como separación de poderes es un reto en Honduras, porque luego del golpe de Estado esta independencia fue violada. Hubo violación de derechos humanos y represiones contra el pueblo que se levantó y los Poderes Legislativo y Judicial tomaron decisiones que ponían al Ejecutivo con un poder absoluto. Se crearon órganos de coordinación (integrados por los tres poderes) para las políticas de seguridad nacional, un mecanismo para intervenir en la actividad judicial”. Jueza Susana Carcamo, Honduras.
