El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) omitió el nombre de uno de los empresarios camaroneros que alquilaron sus botes para la primera investigación sobre pesca de arrastre de camarón.
De acuerdo con los contratos proporcionados por la Dirección General Administrativa de Incopesca, uno con el barco Sonia J. pertenece a un exdirectivo de Incopesca: Roy Carranza Lostalo, dueño de una de las últimas licencias de pesca de arrastre que vencieron en el 2017.
En actas de Incopesca consta que Carranza fue directivo hasta julio del 2018, en representación de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca. A la fecha, continúa como miembro de esa Comisión en representación del sector camaronero y es presidente de la Cámara Puntarenense de Pescadores.
Sin embargo, su nombre no fue indicado en el informe ni en los permisos de pesca que Incopesca dio a los barcos con vigencia entre octubre 2018 y febrero del 2019.
Carranza recibió por mensajes de texto tres consultas de UNIVERSIDAD sobre su relación con el estudio pero no respondió a ninguna de ellas.
Para la investigación, Incopesca también firmó contrato con una segunda camaronera puntarenense llamada Zamady de Valle, quien es dueña del barco Sultana.
De acuerdo con el coordinador de la investigación Berny Marín, los barcos realizaron sus viajes de pesca en ocho semanas, del 20 de octubre y el 9 de diciembre. La mitad de los viajes se realizaron en el mes de noviembre.
Entre otros elementos, biólogos universitarios e investigadores argumentan que el fenómeno de El Niño pudo afectar los datos científicos.
Contrataciones con el sector camaronero
Por contrato, la institución aceptó que cada empresario empresario contratara un biólogo para trabajar en la investigación “bajo las indicaciones de los biólogos de Incopesca”. Los costos del profesional fueron “cubiertos por el contratista” y no estuvieron “contemplados en la oferta”.
“Ellos dicen que todo el proceso de las muestras siempre fue vigilado por un biólogo de Incopesca. Da para dudar, el hecho de que uno de los sectores interesados esté aportando biólogos e inclusive los barcos”, aseguró la gerente de incidencia de la ONG Marviva Katherine Arroyo.
Marín nombró a los biólogos asistentes como Isaac Baldizón (en el Sultana) y Roberto Lee Ramírez (en el Sonia J). Estos nombres no aparecen en el informe, según dijo el investigador de Incopesca, porque ellos solamente realizaron tareas de asistencia.
Anteriormente, Baldizón fue el único biólogo tico que estudió un dispositivo excluidor de peces (“ojo de pescado”) para una investigación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En julio pasado, Baldizón fue convocado junto con Roy Carranza en audiencia con la Comisión de agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Baldizón se presentó como “consultor en biología marina” y Carranza como representante de la Cámara Puntarenense de Pescadores.
En esta visita, ambos se refirieron a las investigaciones de la FAO y promovieron el uso de una nueva red de pesca para el arte de arrastre (AA Costa Rica); la misma fue utilizada por Incopesca en su investigación para reducir la fauna de acompañamiento (FACA).
Tanto el informe de Incopesca, y la investigación de la FAO, sirvieron como sustento científico para la Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón (expediente 21.478). La semana pasada, el proyecto fue aprobado en primer debate por 26 legisladores. El lunes, 17 diputados opuestos presentaron el texto para su análisis en Sala Constitucional.
Pese a que el presidente de Agropecuarios Mario Castillo (Partido Acción Ciudadana) solicitó audiencia con Incopesca, la moción fue rechazada: es decir, la institución pública nunca defendió su propio informe en la Asamblea Legislativa; defendieron Carranza y Baldizón.
Un biólogo con tres sombreros
Al cierre de este artículo, Incopesca no respondió si la contratación de Carranza fue elevada a consulta con la Contraloría General de la República (tal y como lo dispone la Ley de Contratación Administrativa dentro de sus prohibiciones en el artículo 22). El presidente ejecutivo Daniel Carrasco no aceptó ninguna de dos solicitudes de entrevista presentadas por UNIVERSIDAD.
Por contrato consta que Incopesca no estableció ninguna relación contractual con Baldizón ni con el otro asistente. Sus nombres no aparecen en la documentación.
Baldizón atendió dos entrevistas telefónicas para este reportaje y aseguró que fue contratado como asistente por Incopesca. Ignora, según dice, quien giró su pagó y nunca firmó contrato con nadie: se comprometió con un acuerdo verbal. No reveló los honorarios que recibió por su trabajo.
Según los contratos tramitados por licitación abreviada, cada camaronero alquiló su barco por ¢34,5 millones, para un periodo de cuatro meses, sin describir los honorarios que percibieron los biólogos asistentes.
Incopesca envió a UNIVERSIDAD una tabla de costos detallados en los que asegura que, entre alquiler del barco y salarios, el estudio costó ¢97.967.391. En los rubros, tampoco aparecen los honorarios de los asistentes, pero sí los salarios de los cinco biólogos de la institución.
El biólogo coordinador Berny Marín aseguró que estos cinco se encargaron del informe. Sin embargo, es claro que Baldizón fue involucrado en la investigación por su experiencia.
“Modestia aparte, la persona que más sabe de este tipo de cosas, es mi persona. No había otra persona en el país con la experiencia acumulada desde los tiempos de FAO”, dijo en entrevista.
Baldizón describió con más claridad su rol en la investigación: explicó que se probaron cuatro redes de arrastre diferentes y que solamente una de ellas dio “resultados satisfactorios” para reducir “significativamente la FACA (fauna de acompañamiento), tal y como lo solicitó la Sala Constitucional a Incopesca para abrir la posibilidad de volver a girar licencias”.
La red que cumplió con los criterios de la Sala fue diseñada por uno de los capitanes de barco y que Baldizón bautizó como AA Costa Rica.
“La construimos nosotros y se la presentamos a Incopesca para que ellos la probaran. Tanto en la pesquería de camarón fidel como de pinky (tipos de camarón) se utilizaron cuatro diseños y solamente la red AA Costa Rica fue la que funcionó y generó los datos relevantes”, explicó Baldizón.
Para la investigación de Incopesca, Baldizón se identifica como un “ex asesor de FAO” y “actual asesor de la Cámara de Pescadores en temas de biología marina y pesquería”.
Consultado sobre si estos “sombreros” suyos podrían generar un conflicto de intereses, Baldizón aseguró que no.
“La ciencia es la ciencia. Usted hace lo que le corresponde como científico, indistintamente del sombrero que usted tenga. Ante todo es la ética”, afirmó.
Investigación cuestionada por “acientífica”
Pese a que el informe asegura que el muestreo se realizó “entre los meses de octubre y diciembre del 2018”, el texto no incluye la información de las fechas de viaje ni los horarios en los que los biólogos lanzaron sus redes de pesca.
En un documento que Incopesca envió a UNIVERSIDAD, el investigador Berny Marín enumeró nueve “estrategias” con las que lograron los resultados de una exclusión de peces del 66% de las redes y un incremento en la pesca de camarón pinky (66,5%) y fidel (65,7%).
Entre los cambios más sustanciales en las dinámicas tradicionales del arte de arrastre, Incopesca cambió el material de las redes a polietileno para proteger el fondo marino; disminuyó la duración de lance y utilizó una “luz de malla” (los agujeros en la red) más grande para facilitar la salida de “juveniles de camarones y peces”.
Según Marín, los pescadores que tengan licencias de pesca nuevas deberán adaptarse a todos esos cambios y al uso de la red AA Costa Rica. Incopesca deberá vigilar que así se cumpla.
Antes del primer debate de la ley en la Asamblea Legislativa, científicos y activistas advirtieron que el informe de Incopesca es científicamente insuficiente para reactivar la pesca de arrastre.
Tanto la Universidad de Costa Rica (UCR) como la Universidad Nacional (UNA) ordenaron sus propios reportes después de que Incopesca presentó la información a la academia, en marzo.
El de la UNA, firmado por la científica consultora Helven Naranjo, llama al trabajo de Incopesca “acientífico” y describe que el resultado “no obedece propiedades fundamentales de una investigación científica, como: objetividad, control local, representatividad, validez, entre otros”.
El de la UCR, firmado por tres científicos del Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), lo defiende únicamente como un “valioso esfuerzo por innovar en el campo de la tecnología pesquera en pro de la sostenibilidad”. Por otro lado, califica como debilidades “el periodo corto de muestreo (tres meses)”; la zona de muestreo restringida (Incopesca únicamente obtuvo camarón del Golfo de Nicoya); y “problemas con el análisis de datos obtenidos” (entre otros, los cálculos sobre la FACA no siempre corresponden con los resultados en el informe).
En su informe, el Cimar de la UCR recomendó al Incopesca “incluir un mapa de la distribución de los muestreos y los experimentos realizados”.
Sobre los cuestionamientos a su ciencia, Incopesca presentó una posición institucional el 20 de noviembre frente a la Asamblea Legislativa.
La misiva dice que antes de emitir nuevas licencias para la pesca de camarón o renovar las que existen, Incopesca “debería contar con los insumos científico técnicos necesarios en cuanto a la biomasa disponible, establecer los parámetros de Rendimiento Máximo Sustentable (RMS), definir los niveles de reducción de la FACA, y determinar las vedas espacio-temporales para proteger a la especie cuando están en zonas de crecimiento, y en períodos de reproducción”.
De acuerdo con Incopesca, la institución necesita una segunda investigación, de dos años de duración, para complementar el informe que fue interpretado como un criterio absoluto por los diputados.
Información incompleta
En la reunión de marzo, Incopesca ofreció información a los científicos y activistas que omitió en su informe. Marín explicó la ubicación de los seis sitios de pesca que utilizaron para probar una red de arrastre creada específicamente para el informe: todos ellos en el Golfo de Nicoya.
En la reunión con las universidades y ONGs, Incopesca repitió varias veces que tuvieron limitantes de tiempo realizar su muestreo. En el 2018, el Tribunal Contencioso Administrativo obligó a la institución a producir estudios de “tipo técnico-ambiental” en un plazo de cuatro meses.
Esas limitantes tampoco fueron presentadas como referencias de la urgencia científica del tema en la Asamblea Legislativa.
“Personalmente, le consulté a don Berny Marín (biólogo coordinador de Incopesca) si sería oportuno que pusieran esa aclaración a nivel del informe. Efectivamente, cuando Incopesca presentó su informe al sector de organizaciones no gubernamentales y academia dijo que tres meses era poco tiempo y que tuvieron que correr por el plazo del Tribunal. La situación pudo manejarse de otra forma, de manera que diputados y diputadas actuaran desde una base más informada de la situación”, explicó la gerente de incidencia de la ONG Marviva Katherine Arroyo.
El lunes de esta semana, los 17 diputados que pidieron una consulta constitucional del proyecto argumentaron que “el proyecto de ley podría tener graves vicios de constitucionalidad, se opone a compromisos internacionales vigentes para nuestro país, y carece de estudios técnicos y científicos que demuestren que es posible realizar la pesca de arrastre de forma sostenible desde la perspectiva ambiental, económica y social”.
La consulta, esperan, frene el avance del texto del proyecto de ley que utilizó únicamente el informe de Incopesca para su redacción.
