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Incop insiste en concesionario actual para superar saturación de Caldera

Autoridades portuarias tienen el “plan A” con la empresa chilena a pesar de advertencia de la Contraloría sobre el riesgo de maniobra legal con contratos vigentes.

El Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) coloca sus apuestas sobre una negociación con los concesionarios actuales del puerto Caldera como vía para sacar de la saturación a esta importante puerta del comercio nacional.

Solo si esta carta no se concreta o si la Contraloría General de la República (CGR) la considerada improcedente, las autoridades portuarias del Pacífico abrirían un cartel internacional para buscar un nuevo desarrollador para obras que urgen desde hace años.

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“Está claro que los dos contratos no se pueden unir. Lo que se va a plantear es que el contrato de operación cedería a título gratuito al contrato de desarrollo de obra pública y este sería el contrato que se ampliaría para construir el nuevo puerto. El concesionario ya está de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo los abogados nuestros con los del concesionario y determinaron que es la única manera de ir adelante. Las dos empresas tienen exactamente el mismo capital social, gracias a Dios”.

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En julio se retomaron las negociaciones de Incop con la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera de Puerto Caldera (SPGC), empresas distintas de un mismo capital de origen que tienen ahora la concesión hasta el 2025, pero que pretenden encargarse de inversiones para mantenerse hasta el año 2050.

Las conversaciones se reanudaron una semana después de que el 24 de junio la Junta Directiva del Incop desestimó el recurso de revocatoria que había presentado una empresa de origen filipino por supuestas inconveniencias.

La propuesta de firma asiática International Container Terminal Services Inc. (Ictsi) implicaba aumento de tarifas de hasta 20%, imposibilitaba atender los buque más grandes, excluía la terminal granelera y exigía una exclusividad que reñía con el marco legal, alegó el Incop.

En paralelo, ya desapareció del horizonte una propuesta inicial de la empresa emiratí DP World, pues esta compañía consideró engorroso el proceso e inconveniente la necesidad de arreglos preliminares con los concesionarios actuales.

Esto deja el camino libre para que Incop avance con los concesionarios actuales, de capital chileno y colombiano, con la intención de desarrollar capacidades acordes con la alta demanda del comercio nacional con el continente asiático a través del océano Pacífico.

“Ese es el plan A”, confirmó en entrevista con UNIVERSIDAD el presidente ejecutivo de Incop, Juan Ramón Rivera.

Según la institución, pretende el “desarrollo de las inversiones requeridas por el Puerto Caldera y evitar así el impacto negativo en la competitividad de este puerto y el país por su postergación”, según su comunicado de prensa, a pesar de cuestionamientos en el ambiente político.

Desde hace un año este semanario informó de la saturación de los servicios en Caldera y los problemas de que esté sujeto a un contrato al que aún le restaban siete años, ahora seis.

El estimado de atender en el año 2021 45.000 TEUS (contenedores de 20 pies) y un millón de toneladas de carga a granel quedó fuera de toda realidad conforme pasó el tiempo, pues desde el 2018 atendía una cantidad de TEUS que era seis veces aquella estimación y carga a granel que triplicaba lo proyectado. Además, la terminal solo puede recibir barcos diseñados hace medio siglo, pues los grandes y modernos tiene un calado mayor.

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“La Contraloría lo que dice es que tenemos que apegarnos a la legalidad y claro que vamos por ese camino. Tomamos debida nota de la advertencia, pero hay mucha gente que hace bulla sobre algo que no es sencillo y ha requerido muchas horas de abogados muy capacitados y técnicos nuestros y de la SPGC”.

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Por eso las autoridades se abrieron a escuchar opciones de crecimiento como la de la filipina Ictsi, aunque también surgió la propuesta de la empresa emiratí Dubai Ports World que incluía concesión, construcción, desarrollo y operación de una zona franca y hasta servicios ferroviarios para transportar las cargas.

Estas conversaciones incomodaron al concesionario actual, pero en este mes las negociaciones bilaterales con Incop tomaron su cauce y ahora parecen la prioridad.

La propuesta de la SPC para la modernización del Puerto Caldera asciende a $150 millones y buscan aumentar la eficiencia para atender la demanda creciente de servicios portuarios en los próximos años, al margen de la pandemia actual de COVID-19.

“Esta propuesta plantea un plan de inversión en un plazo de dos años para mejorar la competitividad del comercio costarricense, brindar una conexión directa con el mercado asiático, reducir los tiempos de espera de los buques, incrementar la capacidad y por consiguiente bajar los costos de productos de importación y de exportación”, informó en su momento el Incop mediante un comunicado de prensa.

Para esta información se intentó entrevistar al gerente de SPC, Ricardo Ospina, quien primero dijo que podía atender horas antes del cierre de esta edición y después declinó dar declaraciones.

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“Ellos (los emiratíes de DP World) están acostumbrados a un sistema bastante más expedido, pero aquí hay límites legales. Eso a ellos les incomodaba, la lentitud de los procesos en este país. Luego ellos entraron en problemas financieros que se agravaron con el COVID-19, y después ellos desistieron de la propuesta. Para nosotros tampoco era algo cómodo rescindir el contrato actual; no es algo bien visto a nivel internacional”.

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Las negociaciones avanzan a pesar de cuestionamientos más o menos públicos. Entre las críticas está la diputada puntarenense Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien sostiene que “ha existido una obsesión necia y poco objetiva de la Presidencia Ejecutiva de Incop y miembros de la Junta Directiva, en negociar únicamente con la SPC, sin entrar a valorar otras opciones”.

“Eso llama mucho la atención y lógicamente desata las dudas de que exista un entendimiento debajo de la mesa. No se entiende por qué quieren darle participación en la negociación a una única empresa e intentar fusionar ambos contratos; da la impresión que a toda costa quieren evitar el proceso licitatorio”, agregó Nicolás.

La diputada se refiere a la pretensión de juntar el contrato de concesión de operación del puerto con el de desarrollo de infraestructura, ambos a cargo de dos empresas distintas pero del mismo origen. Una es la SPC y la otra, la SPGC.

“Ambas son contrataciones públicas originadas para cumplir objetos distintos y que la naturaleza jurídica el contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos es exclusivamente para la administración y gestión de servicios públicos sin posibilidad legal alguna de que con base en este contrato se puedan realizar las obras públicas urgentes que requiere Puerto Caldera”, se lee en el recurso de amparo presentado por Nicolás contra el “Protocolo de Negociación contractual para la eventual ampliación de Puerto Caldera”.

“Están intentando camuflar dentro de una ampliación del contrato, la construcción de obras nuevas sin que haya licitación. Eso sí es lo ilegal y podría haber prevaricato”, dijo en consultas enviadas para esta información.

Sobre este tema hay girado un oficio de la Contraloría General de la República (CGR), el DFOE-DI-1299 del 16 de julio y emitido por el Área de Denuncias e Investigaciones, que por el momento es de acceso restringido para la prensa. Sin embargo, Juan Ramón Rivera accedió a compartir una copia del documento, convencido de que es solo un recordatorio de la necesidad de apegarse al marco legal.

En el asunto del oficio se lee “Advertencia relacionada con las presuntas negociaciones contractuales para la eventual ampliación de Puerto Caldera” y señala lo siguiente: “conforme a la jurisprudencia constitucional, la licitación es el mecanismo de selección de los contratistas para la satisfacción de las necesidades administrativas y públicas, por lo cual para que proceda una contratación directa, se necesita una autorización que debe estar previamente establecida en la Ley”.

“No es viable una fusión o la combinación de contratos vigentes en Puerto Caldera, y que el procedimiento a seguir para seleccionar un contratista o concesionario que asuma la eventual ampliación del Puerto, por regla general es la licitación pública; por lo tanto, cualquier excepción para el uso de esta es una materia de reserva de ley”, añade el oficio de la CGR.

Para Rivera, en Incop hay claridad sobre esa advertencia, pero insiste en que harán la siguiente maniobra: “el contrato por Ley de Contratación Administrativa cedería los derechos a título gratuito a la SPGC (de desarrollo de obra pública) y este sería el contrato que se ampliaría para construir el nuevo puerto.

“El concesionario ya está de acuerdo. Ya se pusieron de acuerdo los abogados nuestros con los del concesionario y determinaron que es la única manera de ir adelante”, contestó el presidente del Incop.

No obstante, tampoco hay certeza total de que eso sea aceptable, admitió Rivera. Por eso tienen como “plan B” abrirse a un concurso internacional que, según explicó él, tendría el inconveniente de que implicaría un rezago de casi dos años, lo que implicaría un costo cercano a los $200 millones.


Más atrasos en el anhelo de un ferry comercial entre Costa Rica y El Salvador

Álvaro Murillo M.

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“Estábamos listos, pero nos echaron un balde de agua fría”. Al menos así resume el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), Juan Ramón Rivera, lo que está ocurriendo con el proyecto de un servicio de ferry entre Costa Rica y El Salvador para transportar mercancías centroamericanas.

Juan Ramón Rivera, presidente de Incop.

Rivera dijo que la empresa naviera Odier, de capital español, prácticamente se ha hecho a un lado de la propuesta con el argumento de que el servicio no sería suficientemente rentable por las tarifas que debería pagar.

“Nosotros teníamos la fe de que que el ferry llegara a fines de julio, pero a última hora los señores se quitaron, por lo menos de forma verbal. Las señales indican que está complicado por la tarifa, a pesar de que logramos bajarla conversando con el concesionario actual”, explicó Rivera.

El jerarca aseguró que la tarifa de atraque quedó en $19.000 después de que se redujo 63%, pero aún así no resultó atractiva para la empresa española que se había interesado.

“Estábamos esperando que el operador diga que sí. Se podía activar en el mismo día, porque nosotros estamos preparados, pero parece que la naviera no. Aquí el problema no es nuestro”, dijo antes de admitir que a menudo recibe la llamada del presidente Carlos Alvarado para pedir cuentas sobre el avance de esa modalidad de transporte.

Por el momento queda la opción de una empresa costarricense llamada Desacarga que ha manifestado interés, pero esta compañía solo ha ofrecido el servicio con una embarcación que no puede atracar con la infraestructura actual de puerto Caldera.

“Habría que construir obra que sí está prevista, pero que implicaría paralizar mientras tanto la atención regular de las embarcaciones. Pensamos que se podía hacer, pero tarda más tiempo”, dijo sobre trabajos que podría financiar el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La propuesta de ferry centroamericano está activa desde hace más de tres años y sobresale cada vez que hay distorsiones en el transporte terrestre de mercancías por el istmo, como ocurrió durante los bloqueos del 2018 en Nicaragua o este año con el cierre de la frontera por regulaciones sobre COVID-19.


 

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